La Fundación Galega para o Impulso da Autonomía Persoal e a Atención ás Persoas en Situación de Dependencia, antes denominada Fundación Galega para a Tutela de Adultos, es la entidad con la que la Xunta asume desde 1996 su deber legal de tutelar a personas judicialmente incapacitadas para obrar. En sus sus inicios tutelaba a menos de 70 personas y en la actualidad supervisa a unas 3.400. Pero su plantilla se mantiene en 23 profesionales y su presupuesto apenas aumenta, lo que incrementa los problemas en una entidad pública tan sensible como, desde hace años, desbordada por la realidad.
Entre las múltiples carencias de la Funga ha destacado en los últimos años la insuficiente planificación de sus presupuestos, lo que obliga a inyecciones de urgencia para atender gastos ordinarios. Es lo que sucedió el pasado noviembre, cuando la Consellería de Política Social tuvo que aportar 409.000 euros no previstos para, según indica en uno sintético expediente, “financiar el incremento de los gastos corrientes” de la fundación.
Ese dinero estaba inicialmente situado en otra partida de la misma Consellería, la de “medidas para conciliación y dinamización demográfica”. De ella sale, por ejemplo, el dinero que financia la Tarxeta Benvida -el cheque bebé de 100 euros mensuales que la Xunta ofrece desde 2015- o el Bono Coidado, una ayuda para “la atención a domicilio de niñas y niños menores de 3 años” dependiente del mismo departamento.
Este trasvase de dinero aprobado en noviembre de 2018 tuvo un importe muy semejante al realizado por Política Social hacia la propia Funga en el mismo mes de 2017. Como informó Praza.gal, la Consellería entonces dirigida por José Manuel Rey Varela echó también mano de la partida de “conciliación y dinamización demográfica” para retirar de ella 400.000 euros y “reducir deuda” de la Funga con residencias privadas a las que envía a personas adultas tuteladas. Ante la ausencia de centros específicos, es habitual que estas residencias sean centros de mayores aunque las personas tuteladas no sean ancianas.
23 personas para tutelar a unas 3.500
En esta ocasión los importes y fechas son semejantes a los del año previo, pero la Consellería no especifica en el expediente cuál es, concretamente, el “gasto corriente” que va a ser atendido con esta transferencia de fondos hacia un presupuesto que en 2019 no se incrementa sustancialmente. No en vano, en los Presupuestos Generales de la Xunta en vigor desde este 1 de enero la Funga cuenta 1,08 millones de euros para todos sus gastos. Son apenas 46.000 euros más que en 2018, año en el que la Funga ha tenido gerente por primera vez en tres años; tras quedar desierto el concurso público para cubrir ese puesto, el elegido para el cargo fue Juan José Couce, antiguo asesor del exconselleiro Rey Varela.
La Xunta decidió no dotar con más fondos ni con más personal a la Funga aunque en los propios Presupuestos de 2019 admite que el número de personas a las que tutela no va “a dejar de crecer”. Este pronóstico se debe al “progresivo envejecimiento de la población” y al “incremento en los últimos tiempos del número de personas con enfermedades mentales”, factores a los que se añade “el desarraigo familiar existente en nuestra sociedad en relación con estos sectores de la población”.
En este contexto, la fundación pública con sede en el Centro Galego de Desenvolvemento Integral (CEGADI) -un complejo de atención a personas con discapacidad en Santiago que ha acumulado más de media década de retraso en su puesta en marcha- seguirá manejando poco más de un millón de euros anual y mantendrá su escasa plantilla. Más allá del gerente y de un coordinador, actualmente trabajan en la Funga siete personas en el área administrativa, otras siete en el departamento jurídico y siete trabajadoras sociales.