La lucha contra Reganosa se juega, más que nunca, en el campo político. La sentencia del Tribunal Supremo que la pasada semana anuló la autorización administrativa previa de la planta obliga al Gobierno central en funciones a posicionarse y a, en un plazo máximo de dos meses, paralizar la actividad de la regasificadora o aprobar una nueva autorización. En las próximas semanas, además, el Supremo se pronunciará también sobre la legalidad de la autorización del proyecto de construcción de la instalación, un dictamen que podría dar de nuevo la razón a los vecinos y vecinas de Mugardos.
Representantes del Comité Cidadán de Emerxencia (plataforma social que desde hace 15 años pide el traslado de la planta) ofrecieron esta semana una rueda de prensa en Ferrol, en la que la abogada Patricia Gabeiras desgranó el contenido de la sentencia conocida la pasada semana. “Por fin, después de muchos años de trabajo, el Tribunal Supremo nos ha dado la razón”, destaca Gabeiras, para quien la sentencia constata que “para conseguir esa autorización previa, Reganosa engañó”.
En la ronda participó también el alcalde de la ciudad, Jorge Suárez, que expresó una vez más su apoyo a las demandas de la plataforma: “Esta es una victoria importantísima. La lucha está más viva que nunca”. “El apoyo político hoy por hoy es clave, porque el cumplimiento de la sentencia por parte del Ministerio puede ser forzado desde las instituciones políticas”, señaló la abogada, que agradeció el apoyo de Suárez en este sentido. Asimismo, en las próximas semanas AGE y En Marea llevarán las demanda de la plataforma al Parlamento gallego y al Congreso.
15 años después, en cierta forma, el conflicto vuelve al punto de partida, en una situación que en parte recuerda a la vivida hace unos meses en Pontevedra con ENCE: para que Reganosa siga en marcha, el Gobierno en funciones tiene que adoptar una decisión política, aunque lo más probable es que -de conceder la autorización- el Ejecutivo intente hacerla pasar por un trámite administrativo. La pasada semana, inmediatamente después de conocerse el dictamen del Supremo, Reganosa anunció que ya estaba trabajando en “resolver” esta “anomalía”, es decir, en conseguir que el Ministerio de Industria (a través de la Dirección General de Política Energética y Minas) apruebe una nueva autorización.
“Reganosa no tiene voluntad de cumplir las sentencias”, subraya Gabeiras. “Ahora tienen que comenzar de nuevo todo el proceso. Van a intentar conseguir una nueva autorización, que también será ilegal y que también recurriremos. Le pueden dar las vueltas que quieran, incluso hablan de conseguir una autorización provisional, que es algo que no existe en la Ley de Hidrocarburos. ¿Hasta dónde quieren que juguemos? ¿Hasta dónde quieren llegar?”, dice. Gabeiras denuncia, asimismo, la presión mediática ejercida por Reganosa para difundir su visión sobre este conflicto: “técnicas propias de otras épocas y de otros regímenes”, señala.
El Comité Cidadán se muestra confiado en que la sentencia del recurso presentado por la asociación vecinal O Cruceiro de Mehá contra la autorización del proyecto de ejecución de la instalación también será contraria a los intereses de Reganosa. En la empresa también dan por perdido ese proceso y asumen que deberán solicitar igualmente ante el Ministerio una nueva autorización de construcción. Este jueves Diario de Ferrol apuntaba a que Reganosa prevé realizar ambos trámites (el de la autorización previa y el de la autorización de ejecución) al mismo tiempo.
“Este es un caso vergonzoso, uno de los ejemplos más claros de la corrupción económica, política y financiera que ha sufrido este país en los últimos años. En España nos hemos empobrecido en parte por estas prácticas”, concluye Gabeiras, señalando que la planta no proporciona beneficio alguno a la ciudadanía, “sólo a sus accionistas y su consejo de administración”. “Cuando escuchamos hablar de la pobreza energética, de la dificultad o imposibilidad que muchas familias tienen para pagar los recibos de la luz o la calefacción, tenemos que pensar que es producto de operaciones como la de Reganosa, que estamos pagando entre todos y todas”, explica.
En la rueda de prensa, los representantes del Comité volvieron a recordar las razones de la ilegalidad de una planta que ha ido resistiendo las sucesivas sentencias judiciales en su contra a través de decisiones políticas y de parches legislativos, como la modificación del PGOM de Mugardos que en 2012 aprobaron en sólo unos días Xunta y Ayuntamiento, tras otra sentencia del Supremo que anulaba el PGOM anterior. Denuncian, entre otras cosas, que Reganosa está a 200 metros del núcleo habitado de la parroquia de Meha, a 800 del centro de Mugardos, y que tiene el Arsenal militar de Ferrol a 1.200 metros y el casco urbano de la ciudad naval a 1.500, cuando el límite fijado por la ley es de 2.000 metros. También incidieron una vez más en sus denuncias a la connivencia del Gobierno gallego y al papel del Grupo Tojeiro o del antiguo director general de Caixa Galicia, José Luis Méndez, que sigue formando parte del Consejo de Administración de la empresa.
A través de las iniciativas que se presenten en el Congreso el Comité Cidadán exigirá la paralización de la actividad de la planta -en base al artículo 109 de la Ley de Hidrocarburos, que recoge como infracción muy grave el incumplimiento de las decisiones jurídicamente vinculantes- y también que se congele el sistema retributivo en base al cual los accionistas de Reganosa (propiedad, fundamentalmente, de la Xunta -24,3%- y del Grupo Tojeiro -50,69%-) reciben una remuneración garantizada. Quieren evitar que se repita el caso de la planta del Musel (Gijón), cuyos accionistas siguieron recibiendo aportaciones económicas del Estado a pesar de la paralización de la actividad de la instalación. La pelota está, pues. en el tejado del Gobierno en funciones. Y la lucha regresa (en realidad siempre estuvo ahí) al campo de la política.