Una de las ideas fuerza de la difusa agenda gallega en materia de política exterior ha venido siendo, en los últimos años, la de presentar la gestión de la Xunta en materia de fondos europeos como un “modelo” en la Unión Europea. Al margen de que, tras tres décadas de ayudas comunitarias, Galicia mantenga algunos de sus grandes problemas sin resolver –caso, por ejemplo, del saneamiento de las rías– mientras destinaba los fondos a proyectos de dudosa utilidad y rentabilidad social, varias investigaciones por supuesto fraude empañan la imagen de excelencia que la Xunta intenta proyectar. A casos como el que tuvo a la Diputación de Ourense como protagonista se unen otros como el amago de investigación a la Diputación pontevedresa y, ahora, la trama Zeta, que puede traer consigo la pérdida de casi 300.000 euros de fondos europeos.
Como informó este diario, el pasado diciembre la comisaria europea de Empleo, Marianne Thyssen, le confirmaba al eurodiputado socialista José Blanco que su departamento estaba esperando por información de la Xunta respecto a las subvenciones recibidas por las entidades de Gerardo Crespo para certificar si el presunto fraude afectaba a cursos financiados con dinero de la UE. En ese caso la Comisión podría iniciar una investigación propia, advertía Thyssen, al tiempo que indicaba que ya había informado a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).
Este asunto llegó este viernes al Parlamento de Galicia a través de la diputada del PSdeG Marisol Soneira, que cuestionó al respecto a la directora general de Proyectos y Fondos, Ana María Cores. Según admite la alta funcionaria de Hacienda, las “publicaciones en la prensa” de las primeras informaciones sobre la trama motivaron, a finales de octubre de 2014, que la Comisión Europea pidiera datos sobre el caso, una “petición de información” que llegó formalmente a la Xunta “con fecha de 12 de noviembre” desde la unidad encargada de administrar el dinero del Fondo Social Europeo (FSE), la cual “solicitaba información sobre cualquier incidente relevante”. Paralelamente, las autoridades comunitarias también recabaron información directamente del Servicio Público de Empleo Estatal.
“Una vez identificadas, en colaboración con la Consellería de Trabajo y Bienestar, las entidades que podrían estar implicadas en el caso y contrastada la información con los gastos certificados a la Comisión Europea”, señala Cores, “resultaba un gasto europeo declarado por importe de 290.082 euros” financiados por el FSE. Tras este trámite, la Xunta “le comunicó” a la Unión que había decidido “la descertificación preventiva de estos gastos” por un “criterio garantista y de prudencia”. Esto implica, a efectos prácticos, que ese dinero queda bloqueado, toda vez que se impide que llegue a su destino debido al presunto fraude. “No tenemos constancia de que se haya recibido respuesta de la Comisión” y “desconocemos si existe alguna otra actuación de la OLAF”, añade Cores.
“Nos dicen que tienen bloqueados, descertificados, 290.000 euros”. “Esto –deduce Soneira– significa que posiblemente tengamos que devolver fondos de formación por una mala praxis” mientras “el principal implicado” en el caso, Crespo, “amenaza continuamente” con “decir muchísimas cosas” sin que “nadie salga a desmentirlo”. “¿Cree que es una buena publicidad ante la posibilidad de tener que devolver esos fondos?”, cuestionó a la directora general. La UE, advierte la diputada del PSdeG, “sigue estos temas con lupa”. En su respuesta, Ana María Cores le quitó hierro al asunto, porque estos 300.000 euros “suponen un 0,11% del gasto certificado por la dirección general en el marco del programa operativo FSE, que asciende a 273 millones”.
En el mismo sentido, esta medida “ni prejuzga la existencia de irregularidades” ni “implica su pérdida”, asegura Cores. No obstante, fuentes comunitarias consultadas por este diario confirman que si la Comisión o la OLAF corroboran que hubo un mal uso de dichos fondos el Estado español y, por lo tanto, la Xunta, sí tendrían que devolverlos. Con respecto a esta eventual pérdida, precisamente, la representante del BNG en la Eurocámara, Ana Miranda, há anunciado ya la intención de presentar una pregunta parlamentaria a través del eurodiputado de EH-Bildu, Josu Juaristi, con el objetivo de obtener más información sobre esta nueva investigación a Galicia.