Entre los referentes históricos del nacionalismo gallego, pocos sobresalen más que Alexandre Bóveda. No solo por su determinante papel en la conformación del Partido Galeguista durante la Segunda República o por ser una figura clave en la redacción del Estatuto de Autonomía aprobado en referéndum en junio de 1936, sino también por su trágico final, asesinado por los franquistas el 17 de agosto del 36, fecha que hoy se conmemora como Día da Galiza Mártir (Día de la Galicia Mártir), en la que se homenajea a todas las víctimas de la dictadura en la comunidad.
El 13 de agosto Alexandre Bóveda fue juzgado y condenado a muerte, acusado de traición, y cuatro días más tarde fue fusilado en A Caeira (Poio). Aquel juicio se celebró en el actual salón de plenos de la Diputación Provincial de Pontevedra. Ese mismo lugar sirvió este sábado para hacer oficial la incorporación de los descendientes de Bóveda a la querella argentina contra los crímenes del franquismo abierta en el año 2010 por la jueza María Servini.
La adhesión oficial tuvo lugar en un acto institucional abierto al público, en el que participaron Amalia Bóveda (hija del político galleguista) y Valentín García Bóveda (nieto), en el marco de las jornadas de memoria histórica 'En la Lucha contra la impunidad', organizadas por la Diputación. En el acto también se incorporó a la querella la familia de Amancio Caamaño, asesinado junto a Bóveda y que llegó a ser presidente de la Diputación de Pontevedra. E, igualmente, también lo hicieron los descendientes del impresor Ramiro Paz, fusilado en A Caeira el 12 de noviembre de 1936, y que fue presidente de la Federación Provincial Socialista de Pontevedra.
En el mismo salón donde su padre fue condenado a muerte, Amalia Bóveda sentenció: “Aquí el futuro nos fue robado, aquí el presente comienza a reclamarlo”.
Unas palabras que fueron completadas por Valentín García Bóveda, que subrayó que “la memoria es patrimonio cultural y está protegido por el artículo 44 de la Constitución”, un artículo “que se incumple taxativamente al dejar de financiar políticas de Memoria Histórica o cuando nos niegan el derecho a la recuperación de los restos de familiares”. Valentín García Bóveda afirmó también que, de haber habido un mayor trabajo para la reparación de la memoria histórica, no estaríamos viendo cómo “el discurso de los verdugos” llega al Congreso.
Por su lado, Begoña Caamaño denunció que “ningún gobierno en la democracia tuvo la valentía de anular las sentencias de los y de las condenadas por el franquismo” y criticó que se haya permitido “que ese franquismo quedara incrustado en la sociedad y en la administración española”. Finalmente, la familia de Ramiro Paz expresó que “estamos aquí porque hay que estar, por nuestro abuelo y por nuestro padre, que luchó toda la vida contra esta injusticia”.
La vía judicial que emprenden ahora las tres familias cuenta con el apoyo de la Diputación de Pontevedra, que se convierte en la primera institución pública gallega que respalda la vía judicial contra los delitos cometidos durante la dictadura. El objetivo del ente provincial es animar a otras familias de víctimas a apostar por la vía judicial para el no olvido y el reconocimiento de la justicia, la verdad y la reparación para la no repetición de los crímenes cometidos“.
La diputada provincial de Memoria Histórica, María Ortega, señaló por su parte que “no queda más remedio que seguir haciendo presión desde las instituciones y la sociedad. Aun hoy los juzgados españoles ponen trabas y hay que esperar pronunciamentos de la justicia argentina e internacional”.
Las jornadas convirtieron el salón de plenos en un acto de desagravio para las víctimas del franquismo. En ellas participaron los abogados de la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra los crímenes del franquismo (CeaQua), Jacinto Lara y Paloma García. También estuvo su contacto en Galicia, Jana Calero (representante del grupo Avogados Novos), y el luchador antifranquista Chato Galante, uno de los impulsores de la querella.
Todos ellos y ellas explicaron cómo las familias de las víctimas gallegas pueden proceder para adherirse a la causa judicial argentina, o bien para presentar una querella individual. En este sentido, se expusieron ejemplos sobre algunos casos concretos, como el de Galante, o también el de Miguel Ángel Gómez, ambos querellantes contra Billy El Niño.