La ley gallega del litoral, aprobada hace apenas tres meses, quedará suspendida en las próximas semanas. El Gobierno ha anunciado que va a presentar recurso ante el Tribunal Constitucional contra 31 de sus 73 artículos porque considera que reducen la protección, “alteran y quebrantan el dominio público marítimo terrestre” del Estado y atribuyen a la Xunta competencias que considera “no previstas en su propio Estatuto de Autonomía”. Mientras no se pronuncie este tribunal a través de una sentencia, el texto quedará suspendido.
La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ha aprobado presentar el recurso que otras comunidades han asumido más competencias en esta materia en los últimos años, pero lo han hecho “porque expresamente así lo reconocieron sus estatutos”. “No es el caso de Galicia, que no ha modificado su Estatuto”, agregó. Defiende que la voluntad del Ejecutivo ha sido “el diálogo permanente” en los conflictos con las comunidades y que ha alcanzado 165 acuerdos totales y 15 parciales con las autonomías esta legislatura, con los que se han evitado 180 recursos. “Esta es la norma, pero cuando hay excepciones, cuando una comunidad se arroga competencias que son del Estado para sí, el Gobierno vela por el cumplimiento de la Constitución y lo hace avalado por el dictamen del Consejo de Estado”, zanjó.
La gestión de la costa es desde hace dos años objeto de una guerra entre Xunta y Ejecutivo central con Feijóo al frente antes de dar el salto a Madrid. El desencuentro, primero plasmado en declaraciones, empezó con la aprobación de la ley estatal de cambio climático, que el Gobierno gallego atacó insistentemente por los posibles efectos sobre la concesión de Ence -sobre la que el Supremo acabó fallando que tiene permiso para continuar hasta 2073- y lo que consideraba una amenaza para viviendas e industrias tradicionalmente asentadas en el litoral, como las relacionadas con la conserva. El Gobierno gallego hizo suya entonces una reivindicación histórica de la izquierda gallega: asumir más competencias en este ámbito. Decidió elaborar una normativa propia que el presidente autonómico, Alfonso Rueda, defendió como una forma de lograr “el autogobierno pleno y la ordenación de la franja costera y de asumir el papel de gestión que le corresponde en el ejercicio de sus competencias exclusivas más significativas e identitarias”.
La Xunta apoyó su postura de reclamar las competencias sobre la gestión de la costa en un informe encargado al Consello Consultivo que concluía que podía asumirlas plenamente sin necesidad de modificar el Estatuto de Autonomía. La norma, que el Gobierno gallego presentó como una vía para dar nuevos usos a edificios abandonados en el litoral, fue finalmente aprobada a principios de julio de este año, en el último pleno antes del parón veraniego. Solo la apoyó el PPdeG. Tanto BNG como PSdeG se abstuvieron con críticas a la “indefinición” sobre la asunción de competencias y la forma de tramitarla.
El acuerdo que acaba de aprobar el Consejo de Ministros para recurrir la ley discute la constitucionalidad de 31 artículos del texto. Los motivos son que regula el dominio público marítimo terrestre “careciendo de competencia para ello” porque le corresponde en “exclusiva” al Estado y que “vulnera” el régimen de protección ambiental que establece la legislación estatal de costas, que “puede ser aumentado en términos de protección por parte de las comunidades autónomas, pero nunca disminuido”. La ley gallega no se adecúa a la normativa estatal básica sobre limitaciones de la propiedad en los terrenos contiguos a la ribera del mar, sostiene.
También considera el Gobierno central que Galicia no puede incluir el mar territorial como territorio de la comunidad autónoma y cita “reiterada jurisprudencia” del Constitucional al respecto en la que se señala que “solo excepcionalmente” puede una comunidad autónoma ejercer su competencia sobre este mar. En sus argumentos, el Ejecutivo estatal añade que la “gestión de los títulos de ocupación” no se puede asumir directamente por una comunidad autónoma a través de una ley. En los últimos quince años, Catalunya, Illes Balears, Andalucía y Canarias modificaron sus estatutos para asumir nuevas competencias en la materia, pero no hizo lo mismo Galicia, razona. Por último, el Gobierno cree que también hay una “infracción de la competencia estatal exclusiva sobre pesca en aguas exteriores”.
La número dos del PP gallego, Paula Prado, ha considerado el recurso “un ataque” a Galicia y se ha aferrado al argumento de que el Estatuto de Autonomía con su redacción actual ya permite a la comunidad asumir estas competencias. Lo hizo en la presentación de las propuestas de resolución dentro del debate sobre el estado de la Autonomía que se desarrolla en el Parlamento. Una de las peticiones que plantean los populares es, precisamente, la de “exigir al Gobierno central que reconozca las legítimas competencias de Galicia en la gestión” de la costa. A continuación Prado, ha tratado de desplazar el foco hacia la oposición: “Lo que resulta muy preocupante es que el PSdeG sea cómplice”. Al BNG le ha pedido que aproveche su reunión con Pedro Sánchez sobre la investidura para “decirle que no” por este motivo y “no ponerle la alfombra roja que han anunciado desde la misma noche electoral”.