“La polémica por el turismo desordenado en las Cíes pone de manifiesto lo que hemos estado denunciando: que la normativa de cupos de visitantes es incumplida de manera sistemática por ciertas navieras sin que hasta el momento se haya tomado ninguna medida seria”. Algunas de las principales organizaciones del movimiento ecologista gallego -Adega, APDR, FEG, A Ría non se Vende, Salvemos Monteferro, Verdegaia y Voces polo Litoral- han acogido la controversia generada por la masificación en los viajes a las Islas Cíes a través de la venta irregular de pasajes como una ratificación de sus propias denuncias. Estas organizaciones, recuerdan, le pusieron cifras hace casi tres años en presencia de la Xunta al quebrantamiento del cupo de 2.200 visitantes más 800 campistas diarios y el Gobierno de Feijóo, lamentan, optó por ser “tibio” hasta ahora.
Esa advertencia, explican estas organizaciones en un comunicado conjunto, se produjo el 23 de octubre de 2014. En esa jornada se celebró la undécima reunión del Patronato del Parque Nacional Maríatimo-Terrestre das Illas Atlánticas, el órgano de “participación de la sociedad” en la gestión de este espacio natural, en el que se ssientan la Administración pública y también entidades como universidades, cofradías de pesca, ayuntamientos o los propios grupos ecologistas. En aquel encuentro, que según informó entonces la Xunta estuvo “presidida” por la en ese momento directora general de Conservación de la Naturaleza, Verónica Tellado, “uno de los dos representantes del Movimiento Ecologista” advirtió de que las navieras estaban pasando por encima del límite de turistas.
Concretamente, advirtieron de que “la media de visitantes a las Islas Cíes durante el mes de agosto de 2013 era de 2.708 personas” al día, atendiendo al balance turístico que había facilitado la propia Xunta. Esta cifra “constataba el exceso de cupo registrado durante algunos días de eso período en el archipiélago”, advirtieron en la reunión encabezada por la alto cargo del Gobierno gallego. Pero “el director-conservador del Parque Nacional, José Antonio Fernández Bouzas, le sacó importancia a este dato, negando ningún tipo de exceso de cupo”, afirman. Esta advertencia, resaltan, se unió a las múltiples “denuncias por exceso de cupo”, unas 120 desde 2011 entre las cuales “ninguna superó la cuantía de 12.000 euros” aunque, como ha admitido Medio Ambiente en los últimos días, “podrían imponer hasta 200.000 euros e incluso la retirada temporal de la concesión”.
Planes turísticos sin “ningún estudio” ni Plan Rector
En este contexto, las organizaciones ecologistas reprochan no solo que en el parque haya cundido “la relajación generalizada en el cumplimiento de la normativa”, sino que además la conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, haya hecho públicos planes que “lejos de parecer realizados” por la titular del departamento medioambiental de la Xunta, “parecen haber sido efectuados” por la responsable de Turismo, dicen en referencia a la apuesta por “superar la barrera de los 400.000 visitantes al Parque”. Cuando Mato trazó ese objetivo, en febrero de 2016, “no propuso ninguna iniciativa rigurosa de estudio de la capacidad de carga del espacio natural, sino que volvió a manifestar la obsesión por tener cada vez más visitantes anuales”, sin tener en cuenta que “todas las medidas de gestión” de un Parque como este deben “supeditarse” a su conservación.
Partiendo de la base de que “una de las causas de la masificación de las islas está en la liberalización del transporte marítimo” -impuesta por la UE-, las organizaciones ecologistas dicen “alegrarse” de que “por fin el problema haya salido a la luz pública y se comiencen a tomar medidas adicionales para impedir” unos incumplimientos que, resaltan, no son culpa “únicamente de las navieras, a las que no parece importarles matar la gallina de los huevos de oro”, sino también de las “autoridades”, por su dejadez. Si algunas navieiras han llegado a “duplicar el número permitido” de billetes ha sido porque desde la Xunta, lamentan, no se ha ejercido “un control estricto que impidiera la venta fuera del circuito legal”, algo que “debería ser muy sencillo con el actual desarrollo tecnológico”. Así, advierten, Medio Ambiente no tendría que haber llegado a provocar “episodios como eldel pasado domingo”, con cientos de personas “obligadas a volver la tierra por exceder el cupo”.
Más allá de estas medidas más o menos puntuales y de controles más rigurosos el movimiento ecologista recuerda que uno de los problemas de este Parque sigue siendo la ausencia de un Plan Rector de Uso y Gestión, que estos mismos grupos “llevan más de una década solicitando” y que el propio Gobierno admitió como “fundamental” en el año 2009. La ley por la que en 2002 se aprobó la declaración de las Islas como Parque Nacional, recuerdan, fijaba un plazo de un año para la aprobación de este plan, por lo que “solo el descuido más absoluto puede explicar” que no esté elaborado y en vigor. “Esperamos -concluyen- que lo sucedido estos días sea el inicio de un cambio de rumbo”.