Los herederos de Franco argumentan que el Pazo de Meirás es suyo porque el dictador contrató un seguro para él

El próximo julio comenzará en A Coruña el juicio por la propiedad del Pazo de Meirás, en el que la Abogacía del Estado intentará demostrar, con el apoyo de instituciones como la Xunta y los ayuntamientos de A Coruña y Sada -personados en la causa-, que el histórico recinto es propiedad pública y por eso debe dejar de estar en las manos de los herederos de Francisco Franco. Los representantes de la familia del dictador han ampliado su catálogo de argumentos para intentar hacer ver que el pazo es suyo: Franco, dicen, pagó un seguro e impuestos por Meirás.

Como publica la Cadena SER, entre la documentación que los abogados de los Franco han aportado al proceso judicial para intentar acreditar la propiedad del edificio figura una póliza de seguros contra incendios datada en el 28 de abril de 1940 -dos años después de que el general golpista 'tomara posesión' de Meirás, pero un año antes de su supuesta compra- que cubría daños por hasta un millón y medio de pesetas de la época. La póliza implicaba el pago de 3.456 pesetas anuales a la compañía Covadonga -comprada por Aegón en 1999- durante una década y fue renovada en 1959, con más coberturas y cuota de 4.788,15 pesetas.

Según la documentación revelada por la SER, los abogados de la familia de Franco también han presentado justificantes de pago de impuestos vinculados al pazo para hacer ver que el dictador lo trataba como propiedad privada y no pública. Así, por ejemplo, aportan extractos de pago por rendimientos agrícolas de fincas pertenecientes a los terrenos de Meirás en 1958. También facilitan copias de impuestos de 1959, aunque según la misma información, en ese caso se indican propiedades en la provincia de A Coruña, ya sin especificar si se trata o no del Pazo.

Con estos papeles, los abogados de los Franco intentan contrarrestar los documentos aportados por la Abogacía del Estado. Entre ellos, un documento clave que permaneció archivado durante décadas en pleno centro de A Coruña, en el Archivo Histórico de Protocolos del Colegio Notarial de Galicia, de cuya existencia se sabía por diversas investigaciones históricas, pero que no se había llegado a hallar. Con él, la Abogacía estatal y el resto de instituciones que defienden la devolución del Pazo dan por acreditado que la supuesta compra por parte de Franco no fue más que un fraude.

Así, la denominada Junta Pro-Pazo, formada por figuras franquistas, se hizo con el edificio comprándoselo por unas 400.000 pesetas a los herederos de Emilia Pardo Bazán. La operación fue financiada mediante una recaudación poco después del golpe que incluyó desde deducciones en las nóminas de funcionariado de la provincia coruñesa hasta patrullas de falangistas por las casas.

La “donación” a Franco, que incluso había sido publicitada en la prensa de la época, se produjo en 1938 mediante un documento privado. Pero en mayo de 1941 se celebró un nuevo contrato de compraventa entre Franco -representado por Pedro Barrié de la Maza, propietario del Banco Pastor y activo colaborador con los franquistas tras el golpe- y Manuela Esteban-Collantes, viuda del hijo de Emilia Pardo Bazán.

Según la Abogacía del Estado, en esa escritura se creó “la apariencia de que Francisco Franco adquiría el mismo inmueble por 85.000 pesetas”, una cantidad que ven “irrisoria”. En ese momento, Franco ya ostentaba la condición de “Jefe del Estado” tras el triunfo del golpe y lo utilizaba con tal condición. No obstante, los abogados de los herederos pretenden demostrar que, en realidad, Franco lo financiaba todo de su bolsillo.