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INVESTIGACIÓN

El hermano de la mano derecha de Rueda cobró de la Xunta cuatro veces más que todas las empresas del sector juntas

Sede de la Oficina Española de Patentes y Marcas

Luís Pardo / Gonzalo Cortizo

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La defensa de la Xunta sobre los contratos a dedo con el hermano de la mano derecha del presidente gallego, Alfonso Rueda, hace aguas. La explicación ofrecida a elDiario.es por un portavoz del Gobierno autonómico y refrendada por el propio Rueda, que la empresa de Joaquín Cuíña es “una de las 10” con las que la Xunta de Galicia “trabajó en los últimos años” para gestionar sus patentes y marcas propias, no resiste el contraste de los datos recogidos en el propio portal de transparencia autonómico. En el período comprendido entre 2018 y mediados de 2024, cuando Gallaecia de Patentes y Marcas recibió 272 contratos por valor de 780.000 euros, la Xunta se gastó un total de 947.000 euros en esta actividad. Es decir, destinó el 82% de los fondos a una única empresa, la del hermano de la secretaria xeral de Presidencia, Beatriz Cuíña.

“El registro y vigilancia de patentes y marcas se realiza a través de despachos especializados aquí y en la mayoría de administraciones”, insistió Rueda tras la reunión de su gobierno, donde aseguró que desconocía los negocios con la Xunta del hermano de su número dos en Presidencia y evitó comentar la diferencia en las adjudicaciones entre Gallaecia y el resto de empresas.

Según la información facilitada por la Xunta a esta redacción, las diez empresas dedicadas a la gestión de la inscripción, renovación, vigilancia y seguimiento de las patentes y marcas con la que han contratado sus distintos departamentos son: Herrero & Asociados; Clarkmodet España; Gallecia Patentes y Marcas S.L; Ungría Patentes y Marcas; Ipamark; Vázquez Cueto; Álvarez Real; Santamarta Barral; HPR Patentes y Marcas; e Iberomarcas y Patentes. Sin embargo, como veremos, el peso de negocio de cada una de ellas es muy diferente y varias, pese a lo asegurado por la Xunta, ni siquiera han trabajado con la administración autonómica durante los últimos siete años.

Gallaecia, una empresa sin oficina física en Galicia

La única de las sociedades que alcanza las seis cifras de facturación con la Xunta en ese período, es Clarkemodet. La compañía, que se presenta como “el primer operador internacional de Propiedad Industrial e Intelectual” y que dice contar con 500 expertos en todo el mundo, obtuvo 110 contratos por un importe, IVA incluido, de 118.973,90 euros. Tras ella, a gran distancia, aparecen los 18 contratos y 31.723 de la única otra firma con sede en Galicia, aparte de la de Cuiña, que trabajó con la Xunta en estos años, la lucense Álvarez Real.

Ungría Patentes y Marcas, empresa con sedes en New Jersey, Argentina, Brasil y México, facturó a la Xunta 14.880,92 euros a través de 11 contratos. Ipamark, con 30 años de experiencia y siete sedes en el Estado, obtuvo 9 contratos por valor de 9.738,19 euros. Muy cerca se quedó H&A (Herrero y Asociados) que, con sus 165 profesionales y sus sedes en España, Portugal y Lationamérica consiguió 9.215,47 euros con sólo cuatro contratos. El contrato restante, de forma casi simbólica, se lo queda Eurokonzern, marca comercial de Iberomarcas y Patentes, empresa madrileña con tres décadas de experiencia que recibió 3.702,60 euros.

Las otras tres empresas mencionadas por la Xunta, todas ellas gallegas, no firmaron ningún contrato durante el período 2018-2024. Se trata de Vázquez Cueto, Santamarta Barral y HPR Patentes y Marcas.

En total, esa media docena de compañías que incluye a varias de las principales multinacionales del sector de las marcas y las patentes, obtuvo apenas 167.000 euros de la Xunta. Sin embargo, Joaquín Cuíña fue capaz el sólo de obtener casi cinco veces más sin poseer ni siquiera una oficina física. Al menos, en Galicia, ya que su página web incluye las señas de la delegación en Madrid.

La dirección de Santiago de Compostela que aparece en su página web es, sin embargo, la de una conocida gestoría. Al preguntar si esa era la sede de Gallaecia, la persona de recepción, a la que quedó claro que el nombre de la empresa no le sonaba, tuvo que consultar en uno de los despachos para que le refrendasen que sí era uno de sus clientes. El encargado de la cuenta confirmó que desde allí tan sólo “le llevaban los asuntos” de gestoría.

Con unos medios tan exiguos, Cuíña consiguió en siete años 272 contratos –sin publicidad ni concurrencia competitiva– con un procedimiento que Rueda considera “normal, transparente y fiscalizado”.

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