A veinticuatro millones de euros ascendió el desembolso que, en octubre de 2019, permitió a Ribera Salud hacerse con la propiedad de Povisa, en Vigo, uno de los mayores hospitales privados de España. El centro pasaba en realidad a manos de la aseguradora estadounidense Centene, accionista muy mayoritaria (93%) del grupo. No han transcurrido ni tres años desde aquella operación y la clínica ha pasado ya a manos de otra multinacional, esta francesa: Vivalto Santé. El hospital como mercancía, pero con una particularidad: Povisa mantiene desde 1993 -gobernaba Fraga Iribarne- un concierto con la Xunta de Galicia por el cual atiende a 140.000 vigueses. A cambio, recibe 84 millones de euros más IVA, el 80% de lo que ingresa anualmente, según cáculos del BNG.
La operación trascendió esta semana, pero no sus detalles. Los comunicados emitidos por Ribera Salud, a los que remite su gabinete de prensa, no los ofrecen. Un día después del anuncio de la venta a Vivalto Santé, Centene presentaba sus resultados en España correspondientes al segundo trimestre de 2022. Y en ellos sí desliza que, al deshacerse de Ribera Salud, pierden entre 125 y 150 millones de dólares después de impuestos. Es es el volumen de negocio del que se desprende. Al grupo Ribera pertenece Povisa, y también el Polusa, en Lugo, y el Juan Cardona, en Ferrol, además de otros seis hospitales en otras cuatro comunidades. Ni el de Lugo ni el de Ferrol están sujetos a un concierto con la Administración pública equivalente al de Vigo.
La Xunta de Galicia reduce el cambio de propiedad a “una operación de una empresa privada” y limita su propio papel a “garantizar que la asistencia” a los pacientes, “ahora y en los años de contrato que quedan”, sea “adecuada”. “Permanecemos vigilantes”, asegura una portavoz de la Consellería de Sanidade a preguntas de elDiario.es. El titular de la misma, Julio García Comesaña, recibió en su despacho a la consejera delegada de Ribera Salud y a su director ejecutivo para Europa el 27 de julio. En la nota en la que el departamento dio cuenta de lo hablado, el Gobierno gallego proclamó haber “recibido el compromiso de la empresa de mantener la vocación de excelencia asistencial” en sus centros en Galicia. “La operación en nada afecta a la gestión de los centros sanitarios. Los servicios y las plantillas se mantendrán como hasta ahora”, recogía de boca de los directivos.
Povisa “condiciona el diseño de la sanidad pública”
La actitud de la Xunta, sin embargo, indigna a las activas plataformas en defensa de la sanidad pública y a los sindicatos. “Es muy peligroso dejar en manos de una multinacional que solo busca el beneficio económico la atención de 140.000 personas”, declara Manuel Marín, de SOS Sanidade Pública, una entidad cuyas manifestaciones contra las políticas sanitarias del PP suelen reunir a miles de personas. Según Marín, Povisa -y su acuerdo ya de décadas con el Gobierno gallego para cubrir la atención hospitalaria de 140.000 pacientes- “ha condicionado el diseño de la sanidad pública en el área sanitaria de Vigo”. Ni siquiera la apertura del Hospital Álvaro Cunqueiro, proyectado por el bipartito de PSdeG y BNG que gobernó Galicia entre 2005 y 2009 a pesar de que Feijóo se lo suele atribuir a sus gabinetes -se inauguró bajo su mandato en 2015-, lo corrigió.
Desde la Consellería de Sanidade, de hecho, se retrotraen 16 años para responder a las críticas de la oposición por la excepción viguesa en la atención hospitalaria pública. Y recuerdan que fue el bipartito el que, en 2006, firmó con sindicatos, patronal y la compañía “que el futuro hospital de Vigo no le quitara negocio a Povisa, porque había que garantizar también el empleo en la sanidad privada de la ciudad”. Povisa tiene unos 1.400 trabajadores. El documento lo hizo circular por las redes sociales hace un par de años el propio Partido Popular, para responder a una protesta en defensa de la sanidad pública.
No habían pasado entonces ni cinco meses desde que el grupo Nosa Terra, de la familia Silveira, se había desembarazado de Povisa. “Criticamos duramente aquella operación”, recuerda Manuel Marín, “que un hospital público pasase a control de una multinacional estadounidense nos pareció lamentable. Propusimos que la Xunta lo adquirirese, eran 24 millones, de los que disponía en el fondo de contigencia, sin modificaciones en el presupuesto”. Pero al Gobierno gallego ni se le pasó por la cabeza y no ejerció su derecho de tanteo, aduce. La CIG, sindicato mayoritario en la sanidad gallega, compartía las tesis de SOS Sanidade Pública al respecto. Su secretario nacional del ramo, Manuel González Moreira, dice que entonces el Gobierno gallego “descalificó la idea sin una mínima argumentación”. Y eso a pesar de que, añade, el ejemplo de Alzira, en Valencia, estaba reciente.
La Generalitat -gobernada por el PSOE y Compromís- recuperó para la sanidad pública un centro que, en ese momento, 2018, gestionaba Ribera Salud, que también lo había construido. Fue cuando acabó la concesión, lo que no impidió que la empresa intentase paralizar la decisión del Ejecutivo valenciano en los tribunales. Fracasó. “Alzira demustra que es posible revertir en lo público un hospital si existe voluntad política de hacerlo”, señala González Moreira. No parece el caso. Aunque la Xunta no defiende el concierto con demasiado entusiasmo público, tampoco nunca ha esgrimido perspectiva de cambiarlo. Todo lo contrario.
“Una asociación médica y de capital”
“Que un hospital como Povisa sea propiedad de una multinacional francesa participada por fondo de inversión dificulta, entre otras cosas, la planificación del área sanitaria”, asegura el sindicalista. El comité de empresa, que se enteró de la segunda y por el momento últimaa transacción del hospital a través de los medios de comunicación, ya ha avisado de que “los trabajadores no son moneda de cambio de compañías que mercadean con la salud”. Y Marín critica que el centro ni siquiera disponga de los mismos recursos que uno público, a pesar de que para sus 140.000 pacientes no hay alternativa: “Faltan servicios, y hay un 20% de media menos de camas; concentran su interés en las áreas que les permite hacer negocio”. El BNG ha vuelto a reclamar su compra pública. La Xunta, sin embargo, insiste en que “velará por la calidad de la asistencia a los usuarios de estos tres hospitales ubicados en Galicia”. Y que, desde finales de año -cuando se cierre la venta- serán propiedad de Vivalto Santé, tercer grupo de la sanidad privada francesa fundado en 2009 por Daniel Caille y que se define en su páginaa web como “una asociación médica y de capital”.