Cada uno habla de la huelga según le ha ido en ella. O según le gustaría que le hubiese ido. Mientras, con mayor o menor intensidad, todas las ciudades del Estado bajaban su ritmo hasta el semejante al de una jornada festiva y las centrales sindicales convocantes de la huelga hablaban de una jornada “histórica” el Gobierno central se esforzó especialmente por intentar minimizar el impacto de la convocatoria y, por extensión, los efectos que esta puede tener en su política. “Nos encontramos en una situación de normalidad”, reiteró en sus comparecencias la directora general de política Interior, Cristina Díaz, el rostro tecnocrático que el gabinete de Mariano Rajoy volvió a elegir para informar del impacto de las movilizaciones.
Con la huelga tratada esencialmente como una cuestión de orden pública y no laboral -lo habitual nos distintos Ejecutivos fue que el Ministerio de Trabajo estuviera al frente del operativo- la alto cargo de Interior observó “una incidencia limitada” del paro, limitándolo a ámbitos concretos como el transporte urbano de las ciudades y poniendo el acento en las detenciones y personas heridas. Mientras, en la banda sindical no se oculta la satisfacción por el seguimiento de una huelga que, en el caso gallego, dicen las centrales mayoritarias, puede tener la consideración de “histórica” gracias a “una participación del 90%”.
“El éxito de la huelga no es mérito de los sindicatos convocantes, sino de los trabajadores y trabajadoras”, subrayan CIG, CCOO y UGT que, no obstante, sí ven en la participación un resultado de la “amplia campaña informativa” desarrollada en las últimas semanas. “La convocatoria tuvo un especial seguimiento en sectores como la recogida de basura y limpieza viaria, transportes públicos, puertos y aeropuertos, sector naval, automoción o comercio y hostelería”, destacan. Del mismo modo, le conceden especial relevancia a que pararan total o parcialmente “firmas tan significativas” cómo Citroën, en Vigo, Navantia, Ferroatlántica, Faurecia, Frinsa, Begano, ENCE, Gamesa, Zara Logística o Pull&Bear, entre otras grandes empresas con sed en el país.
Necesidad de un “cambio de rumbo”
Hacia el fin de la jornada las tres centrales sindicales consideraban la gran incidencia de la huelga muestra más que suficiente de la necesidad de que los gobiernos español y gallego impriman “un cambio radical en sus políticas” para apostar “por el crecimiento económico, la creación de empleo” y la “restitución de los derechos laborales”. “Si no escuchan la cólera de quien se manifiesta en las calles, los dirigentes se equivocan” y, en caso de que no exista ese “cambio de rumbo hacia uno nuevo sistema económico más social, justo y solidario”, CIG, CCOO y UGT advierten de que “este 14-N tendrá continuidad con una movilización sostenida en el tiempo porque, de lo contrario, tendremos más problemas y un mayor deterioro social”.
Pese a todo, de los mensajes emitidos desde La Moncloa no parece desprenderse intención alguna de cambio de rumbo. No sucedió en las comparecencias de la directora de Política Interior ni tampoco en la imprevista declaración del ministro de Economía, Luis de Guindos, que desde el Congreso de los Diputados insistió en que la huelga “no es el camino adecuado para reducir la incertidumbre”.“Estamos en una crisis larga, que ha generado sacrificios e incertidumbres a la sociedad española”. Pero, dicho esto, De Guindos empeña nos recortes: “el camino iniciado es la única salida posible para salir de la crisis, dejar atrás el paro y garantizar el futuro del Estado de Bienestar”, sentencia.
La patronal huye de los datos pero minimiza el seguimiento de las protestas
Como el Gobierno central, la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) apostó este miércoles por desdeñar el seguimiento de la huelga general, atribuyendo los paros acontecidos a la “presión” de los sindicatos y no a la voluntad del personal de las empresas. Así, a través de un comunicado remitido a los medios la patronal gallega, a pesar de no ofrecer datos concretos, insistió en que la tónica general fue de “práctica normalidad” excepto en los lugares en los que, acusan, se registraron “acciones de presión que entorpecieron el derecho de los trabajadores y empresarios a acudir a sus puestos de trabajo”.
En este contexto, donde los sindicatos hablan de mayor repercusión de la huelga la CEG observa “mayor entorpecimiento” en sectores como la automoción, donde empresas como Citroën prácticamente paralizaron su producción. Al margen de las grandes industrias y mientras otros entes empresariales, como la Federación Galega de Comercio, apuntaban que en ciudades como Santiago la situación era de “todo cerrado”, la CEG prefirió ceñir esos cierres al paso de manifestaciones, tras las cuáles las tiendas “retoman su actividad”. En el caso de las grandes superficies el ritmo fue de “completa normalidad”, aseguran.
La Xunta cifra en un 25% el seguimiento entre su personal
Sin valoraciones oficiales de la jornada de huelga en su conjunto, la Xunta se limitó a ofrecer datos de seguimiento en la Administración autonómica y en sus organismos dependientes. Según el Gobierno gallego la incidencia media del paro estuvo en el 25% y “los servicios mínimos se cumplieron con normalidad en su totalidad y en todos los ámbitos”. En ámbitos más sensibles, como sanidad y educación, las respectivas consellerías sitúan el seguimiento en un 22,27%, en el caso del Servizo Galego de Saúde, y del 25,82% entre el personal docente -la CIG Ensino asegura que paró más del 80% del profesorado-.
Mientras, la Delegación del Gobierno Central en Galicia mantuvo durante el 14-N un discurso muy semejante al desplegado por el propio Gobierno de España desde Madrid. Así, en un comunicado remitido a la prensa el organismo dirigido por Samuel Juárez aseguró que “la normalidad y la ausencia de incidentes destacados marcaron el desarrollo de la jornada de huelga general en Galicia”, durante la cual “el cumplimiento de los servicios mínimos fue en general satisfactorio, con incumplimientos en los servicios de recogida de basura en algunas ciudades y en el transporte terrestre interurbano.
Como el Ministerio del Interior, la Delegación del Gobierno pone también el acento en los escasos incidentes, subrayando que “a lo largo de la noche se registraron quemas de neumáticos y colectores, clavos en la calzada, silicona en cerraduras y lunas rotas en establecimientos”, hechos que se saldaron con ocho detenciones, cuatro de ellas “se debieron a las resistencias de piquetes” y otras cuatro, a la actitud de “supuestos simpatizantes anarquistas que irrumpieron en la manifestación de A Coruña con una pancarta contra los manifestantes”, explican.
Valoraciones políticas
Ante la práctica ausencia de valoraciones políticas durante la jornada de huelga general la más amplia llegó a través del argumentario interno del PP revelado por El Diario, en el que la dirección de los conservadores insertó sus ideas fuerza sobre las protestas para que las difundiesen sus dirigentes en todo el Estado. Según los populares la idea a transmitir es que “los españoles precisan el esfuerzo de todos para salir de la crisis, no una huelga general” que, aseguran, “supone un costo de miles de millones de euros que podrían destinarse al gasto social”.
En este sentido, el argumentario popular aventura, basándose “en los expertos”, que “un día de huelga general puede suponer un coste de entre 2.000 y 4.000 millones de euros”, el “equivalente al 80% de los desahucios”, aseguran. Además, “perjudica el turismo internacional y la imagen de nuestra economía”. Al margen de la deslegitimación de la propia convocatoria, el PP carga las tintas contra el PSOE, asegurando que “los que arruinaron España ahora hacen huelga contra las políticas de recuperación económica”. “El PP siempre ha estado en contra de las huelgas generales, también en la oposición y más en un momento económico complicado”, afirman.
Mientras, en Galicia la única reacción política llegó desde el BNG, que a través de una nota insertada en su página web consideró la huelga “un enorme éxito de movilización ciudadana en Galicia, otra vez por encima del Estado”. “Medio millón de gallegos y gallegas participaron en las gigantes manifestaciones convocadas por los sindicatos en nuestro país”, dice el Bloque, por lo que, para los nacionalistas, “quedó clarísimo que la mayoría social gallega repudia las políticas del PP” y los gobiernos gallego y español “tendrán que oír el clamor social”. “De lo contrario, nada de lo que hagan a partir de ahora tendrá la mínima legitimidad que le es exigible a un gobierno democrático”, subrayan.