Huelga en las residencias privadas de Galicia: “Las están convirtiendo en una cadena de montaje”

La pandemia las golpeó primero y los relatos de situaciones dramáticas vividas dentro de las residencias de mayores se multiplicaron. “Lo dimos todo”, defiende Beatriz Fernández, trabajadora en una residencia privada de Ferrol perteneciente a DomusVi. Ahora, tras dos años con el convenio colectivo caducado, sin actualización salarial desde 2018 y con una carga de trabajo y una presión “brutal” en los centros, las trabajadoras “se sienten estafadas”, dice. Los sindicatos CIG, CC.OO. y UGT han convocado una huelga indefinida en centros residenciales y de día privados en Galicia que empezará el 17 de marzo a las 22.00 horas. “Están convirtiendo los centros en cadenas de montaje. Convierten a las trabajadoras en robots y deshumanizan a los ancianos, que pierden la dignidad”, resume el sentir del gremio otra empleada de DomusVi, Iria Estévez.

El convenio expiró a finales de 2019, pero la irrupción de la COVID-19 relegó la negociación. Las conversaciones entre representantes de los trabajadores y patronal no comenzaron hasta hace un año. Las tres centrales sindicales acusan a las empresas de no querer buscar un acuerdo. Uno de los conflictos centrales es la subida salarial, a la que la patronal se niega, señala Estévez, que afea que, sin embargo, sí se actualizó con el IPC de 2021 -que cerró con un aumento del 6,5%- la tarifa que se cobra a los usuarios y a la Xunta por las plazas públicas de gestión privada.

Los sueldos, continúa Estévez, que es también responsable del área de sanidad privada en CC.OO. en Galicia, son “tan escasos” que hay un problema de fuga de profesionales: “No se van solo a la pública. A veces en una gran superficie ganas más y la responsabilidad que tienes es de otro tipo”. Pone cifras concretas a la queja: una limpiadora tiene un sueldo de 946 euros, por debajo del salario mínimo interprofesional, que se acaba de anunciar que sube a 1.000 euros al mes. Las gerocultoras, un puesto para el que se exige formación, rondan los 1.100 euros.

Eso es lo que reciben a final de mes por una jornada que Estévez califica de abusiva y en la que las trabajadoras están “sobrecargadas”. Tanto ella como Fernández exponen que las inspecciones a las residencias se suelen saldar con que se cumplen las ratios fijadas de personal por número de residentes a atender, pero coinciden en que se debe a que estas son bajas. Además, se aplican exigencias distintas en función del grado de dependencia de los mayores que hay en los centros, pero Estévez avisa de que no se actualizan como deberían. La evaluación que se hace cuando llega un anciano se puede quedar obsoleta en poco tiempo porque lo habitual es que vayan empeorando. Sin embargo, protesta, se mantiene la inicial. Otra trabajadora de la DomusVi Barreiro de Vigo, Dolores Simón, añade que para el cálculo de los trabajadores que hay por usuario se incluye personal administrativo y también a psicólogas o trabajadoras sociales, que “no tienen contacto directo con ellos”.

Simón relata que el ambiente entre las trabajadoras de residencias privadas está cargado: “La gente está quemada”. El trabajo es “muy vocacional”, pero se encuentran con presiones de los superiores. “Te dicen 'apura, vas muy lenta'. Y tú ves que algunos mayores están desayunando a mediodía porque no hay personal para levantarlos a todos. Se siente impotencia”, relata. Para ella la huelga no es solo para lograr mejoras salariales y sociales en el convenio, sino también “por los mayores”. Insiste en el impacto que tuvo la pandemia sobre los usuarios y quienes los atendían. “Para las empresas sigue igual, dinero no perdieron”, continúa. El precio de una plaza, dice, duplica el salario de muchas de las empleadas.

“Pensamos que esto iba a cambiar con la pandemia, pero estamos igual o peor”, se queja Iria Estévez, que recalca la vertiente emocional. Con la aparición del la COVID-19, dice, el esfuerzo fue “sobrehumano” en las residencias. El cansancio acumulado y el descontento con las condiciones laborales también pasa factura a trabajadoras y ancianos: “Por mucho que quieras, ellos pagan las consecuencias. Intentas disimular, pero hay malas caras. Lo notan. Y te lo dicen: 'Mucho trabajas'”. Y cuando eso pasa, las empleadas sienten también culpabilidad, añade.

En el mismo sentido, Beatriz Fernández señala que las trabajadoras hacen “lo indecible” porque a los ancianos “hay que atenderlos” y cuenta que se ha encontrado con compañeras que entraban una hora antes porque no eran capaces de completar todas las tareas. Se mezcla el componente emocional, reflexiona. Ella misma asegura que, después de 15 años dedicada al sector, ha notado un cambio: “Antes tenía cinco minutos para pintarle las uñas a una señora y preguntarle por su familia. Ellos se dan cuenta y se te parte el alma”. “Desde que entramos hasta que nos vamos el trabajo es continuo. No tienes ni un minuto para sentarte con ellos. Trabajamos como si fuésemos máquinas. Pero ellos no son cajas”, continúa.

DomusVi, la empresa para la que trabaja esta profesional, es la que explota más residencias de mayores en España. Durante la pandemia ha estado constantemente en el punto de mira: murieron más de 2.000 ancianos en sus centros. La que hasta hace unos meses era su consejera delegada, Josefina Fernández, se declaraba, a pesar de las cifras “más orgullosa que nunca”; apuntó a las familias como responsables de que hubiese una mayor incidencia -“algunas no entendieron que no podían entrar y ahí hubo más contagios”, dijo ante el Parlamento de Galicia- y se vacunó entre las primeras con el argumento de que, a pesar de formar parte de la cúpula directiva, visitaba a menudo los centros. En septiembre fue apartada de su puesto y sustituida por José María Pena.

Aunque central el conflicto con la patronal, los sindicatos que han convocado la huelga apuntan también a la responsabilidad de la Xunta, como propietaria de plazas que están gestionadas por empresas privadas. “Es cómplice de la precariedad del sector”, dice Iria Estévez. Cuando se hizo pública la convocatoria de huelga, Javier Fente, de UGT, acusó al Gobierno gallego de “ponerse de perfil” pese a que el servicio es “de interés público”. Denuncia que no se sustituyen las bajas y los permisos y eso redunda en la sobrecarga de las trabajadoras.