A mediados de julio, en plena ola de calor, los partes de incendios forestales comenzaron a engrosarse en Galicia. Una tormenta que dejó más rayos -unos 6.000- que agua fue, según la Xunta, la causa de que prendiese el monte en numerosos focos, concentrados en el sur de la provincia de Lugo y en la de Ourense. Dos de los fuegos que prendieron entonces se convirtieron, tras dos semanas ardiendo, en los mayores en superficie desde que hay registros en la comunidad y representan prácticamente la mitad de todas las hectáreas carbonizadas en julio y agosto. Entre Folgoso do Courel y A Pobra do Brollón, en la montaña de Lugo, quedaron arrasadas 11.100 hectáreas. En Valdeorras, en el este de la provincia de Ourense, se quemaron 10.500. En ambos casos, fueron desalojadas aldeas y las llamas se llevaron por delante casas y otras construcciones. El núcleo de O Vilar, en O Courel, quedó arrasado casi en su totalidad.
En julio y agosto ardieron en Galicia más de 44.000 hectáreas. El cálculo está realizado con los datos que proporciona la Xunta, que informa únicamente de los fuegos que superan las 20 hectáreas o de los que afectan a terrenos protegidos o amenazan casas. No es necesario sumar las 1.000 hectáreas quemadas de las que la Consellería do Medio Rural informó en los meses anteriores para que 2022 se haya convertido ya en uno de los peores años por superficie quemada en las últimas dos décadas. La cifra es la segunda mayor desde la de 2006, cuyo verano permanece en la memoria colectiva por unos incendios que calcinaron casi 96.000 hectáreas, según los cálculos del Gobierno gallego. Desde entonces, solo han pasado de la barrera de las 40.000 hectáreas en el año completo los fuegos de 2011 -más de 42.000- y los de 2017 -más de 62.000, con una devastadora serie de incendios en el otoño-.
Los fuegos de julio arrasaron más de 34.000 hectáreas; los de agosto se acercan a las 10.000. Una decena se convirtieron en grandes incendios, es decir, los que superan las 500 hectáreas. Y en varias ocasiones las llamas han carbonizado espacios protegidos. Un incendio que arrasó 7.000 hectáreas en Vilariño de Conso (Ourense) en julio afectó al parque natural de O Invernadeiro -el terreno de este tipo más grande en manos públicas, en concreto, de la Xunta-. La Consellería do Medio Rural no ha facilitado el cálculo de la superficie ardida dentro del parque, que se extiende por 5.722 hectáreas. En agosto volvió a arder el mismo municipio, en otra parroquia, pero también en el ámbito de O Invernadeiro.
El gran incendio de Valdeorras quemó parte del territorio del parque natural de Serra da Enciña da Lastra, en el oriente ourensano, y la Xunta informó de cuatro incendios que entraron en el de Baixa Limia - Serra do Xurés, habitual en los partes sobre el fuego. El de más superficie quemó hace una semana 625 hectáreas en el municipio de Lobeira. Poco después las llamas prendían en el cercano Ayuntamiento de Muíños y se quemaron 1,5 hectáreas dentro del parque situadas en una parroquia, Requiás, que el Gobierno gallego tiene catalogada como de “alta actividad incendiaria”. Es decir, en un terreno especialmente observado para el que Medio Rural establece que se ha de hacer un seguimiento “exhaustivo” de las actividades que se desarrollan y que se deben “intensificar las actuaciones de vigilancia y disuasión”.
No ha sido la única que ha vuelto a arder este año de entre las 35 parroquias que la Xunta considera que deben recibir especial atención por el número de incendios registrado en años anteriores, por su virulencia o por ambas. En los incendios de julio y agosto se encuentra el nombre de 10 de ellas, algunas afectadas por grandes fuegos, como el de Cures, en Boiro (A Coruña), que quemó 2.200 hectáreas y se ha convertido en el de mayor superficie de agosto. El siguiente, que calcinó 2.100 hectáreas en Laza y Chandrexa de Queixa (Ourense) empezó en dos lugares distintos, ambas parroquias de alta actividad incendiaria, y las llamas terminaron por unirse.
Las consecuencias de esta catalogación no siempre son nítidas para los propios ayuntamientos en los que se encuentran estos territorios con más o peores incendios. En el caso de Boiro, responsables municipales indicaron a este diario que la Xunta hizo algunas actuaciones, pero considera que no informó “excesivamente” de ello. Sabe que hay cámaras de vigilancia en su territorio, pero dice desconocer dónde, como tampoco sabe en qué se concretan los refuerzos para vigilancia. Sí le consta una charla formativa con los vecinos.
Las explicaciones de la Xunta
Sobre qué provoca los incendios, la Xunta se apartó en un primer momento en esta temporada de alto riesgo de la tesis recurrente de los incendiarios malintencionados -entre los fuegos iniciados por la mano humana se encuentran también los que son fruto de descuidos o imprudencias-. Los de mediados de julio los atribuyó a los rayos y el presidente gallego, Alfonso Rueda, habló de la ordenación del territorio y la actividad en el rural como puntos débiles. El discurso cambió después y señaló que “en el origen de muchos incendios va a estar la mano del hombre” y que en algunos hay “intencionalidad criminal”. No se separó, sin embargo, de ese discurso el conselleiro do Medio Rural, José González, que ha repetido a lo largo del verano que habrá detenciones -por el momento, se ha informado de una, practicada por el Seprona y relacionada con un incendio del que la Xunta no informó- y que sobre ellos “caerá todo el peso de la ley”.
En una visita a Galicia en agosto, el líder del PP y hasta hace pocos meses responsable máximo de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, insistió en que los fuegos forestales son cosa de “personas desalmadas”. La teoría de una trama de incendiarios quedó desechada por las investigaciones de la Fiscalía y la descartó incluso el Parlamento gallego con los votos del PP.