Así es la ingeniería contable de la Xunta

En el otoño de 2012, poco antes de las elecciones autonómicas, la salida a la luz de lo que entonces era el bosquejo de un informe del Consello de Contas revolucionó la precampaña. El diario El País revelaba que el organismo fiscalizador gallego había detectado el “desplazamiento irregular” al ejercicio económico de 2011 “de 411 millones en facturas” correspondientes al año 2010 para así cuadrar las cuentas públicas. La oposición se lanzó en tromba contra el Ejecutivo y contra su presidente, Alberto Núñez Feijóo, que desdeñó la información para, ya después de los comicios, admitir otro desplazamiento, entre 2009 y 2010, y restarle importancia porque “siempre los hay”. Casi dos años después de aquella polémica, el Tribunal de Cuentas ratifica y acrecienta el diagnóstico de estas y otras prácticas de ingeniería contable en la Hacienda autonómica.

Mientras los cierres anticipados de ejercicio económico siguen siendo una práctica habitual -en 2012 se dejaron de pagar nuevas facturas el 7 de noviembre y en 2013, el 4 del mismo mes- el Tribunal acaba de analizar las cuentas públicas autonómicas de 2010 y 2011, los dos primeros presupuestos de Feijóo. En esa fiscalización Cuentas explica que el “saldo negativo” del presupuesto de 2010 “debe aumentarse como consecuencia del desplazamiento temporal de deberes” por, cuando menos, 5,5 millones de euros. “Además -describe- se imputaron al ejercicio 2011 deberes de ejercicios anteriores no reconocidos formalmente” por 111,3 millones. Estas cantidades, con todo, podrían variar, ya que “las carencias de control interno y en el seguimiento y validación del gasto desplazado no facilitan la cuantificación fiable del mismo”, advierte el informe.

Estos movimientos contables afectan, entre otros aspectos, al “saldo del remanente de tesorería”, esto es, al dinero que le queda disponible a la Xunta al final del ejercicio económico. En el caso de 2010 este saldo “se ve condicionado” porque la Xunta “no aplica el gasto no contabilizado y desplazado a otros ejercicios” y también por otros factores como la no inclusión de los “saldos de numerosas cuentas corrientes tanto por fondos en firme como a justificar”. Los valores también pueden estar alterados por existir una dotación “insuficiente” -18.290 millones- para cubrir deudas “de dudosos cobro”, un aspecto que, recuerda el informe, ya fue “cuestionado por el Consello de Contas”. En todo caso, el saldo de la tesorería “no pudo ser verificado” ya que no está “sustentado por las correspondientes certificaciones bancarias y las oportunas conciliaciones”.

Todo esto sucede en un contexto en el que, siempre según el Tribunal de Cuentas, “el presupuesto y su liquidación de ingresos y gastos se encuentran sobrevalorados en, cuando menos” 786,8 millones de euros. Este dinero, dice, fue “incluido indebidamente en los presupuestos” porque son fondos de las corporaciones locales -ayuntamientos y diputaciones- “por su participación en los ingresos del Estado”, un dinero en el que la Xunta es una mera intermediaria financiera, explica el Tribunal.

Modificaciones de crédito reiteradas y sin financiación

Entre las prácticas contables de la Xunta reprochadas por el Tribunal de Cuentas figura también el uso generalizado de las modificaciones de crédito, tanto en 2010 como en 2011, por importes de 884 y 1.101 millones de euros, respectivamente, que se añadieron los Presupuestos. “De estas modificaciones -dice la fiscalización- destaca la inexistencia de justificación para la no utilización del crédito en el ejercicio de origen, lo que supone una prolongación de la vigencia temporal del presupuesto y una quiebra del principio presupuestario de anualidad”. Dado que en 2010 el mencionado remanente de tesorería “es negativo”, Cuentas considera “cuestionable” que existiera dinero suficiente “para la totalidad de incorporaciones de crédito”.

Aunque la ampliación de crédito es una figura contable a la que se le exige una “condición de imprevisibilidad”, la Xunta la utiliza sin que haya imprevisto ninguno y, además, sin tener “financiación en el momento de su tramitación”. “Viene siendo práctica habitual que algunos expedientes de generación de crédito se financien con cargo a compromisos de ingresos que no se registran como derechos reconocidos, lo que dificulta el control de la asignación de los mismos a otros gastos presupuestarios”.