Hace apenas dos semanas la cúpula del PP gallego, con el presidente de la Xunta al frente, acababa de ejecutar su enésimo golpe de efecto. En pleno colapso del gobierno municipal de Santiago Alberto Núñez Feijóo decidió enviar a uno de sus hombres fuertes, Agustín Hernández, a intentar poner orden en el caos de dimisiones y condenas judiciales que tienen su origen, directa o indirectamente, en el caso Pokémon. Con la operación recién realizada el jefe del Ejecutivo tuvo que acudir a la sesión de control parlamentario para, en una de sus intervenciones más iracundas desde que está al frente de la Xunta, disparar contra todos los grupos de la oposición y exigirles responsabilidades por la presunta trama corrupta. El líder de la derecha activaba así un ventilador político en el que su partido intentaba levantar la bandera de la ejemplaridad, la misma que la jueza Pilar De Lara le acaba de arriar con la imputación por soborno del alcalde de Ferrol, José Manuel Rey.
Incluso antes de iniciar la operación Hernández Feijóo ya intentó repartir responsabilidades. Tres días después de la condena por prevaricación para 7 de los 13 ediles del PP compostelano Feijóo proclamaba desde el atril del Consello da Xunta que la “prioridad” era “no caer en la situación del Ayuntamiento de Lugo o de Ourense”. Él, afirmaba ante las preguntas de la prensa, “simplemente” se limitaba a “recordar” que en estas ciudades “hay alcaldes varias veces imputados, con miembros de las corporaciones también imputados, que llevan durante años proclamando su inocencia y tomando las decisiones de continuar en el cargo de forma evidente, dado que continúan y siguen continuando desde que se conoce su imputación”.
La petición implícita de dimisión para los socialistas Xosé López Orozco y Agustín Fernández se hizo aún más evidente en la mencionada sesión parlamentaria, en la que retó a PSdeG y BNG a “dar la cara” para propiciar el cese de los “imputados” Orozco y Fernández. Se trata, dice, de aplicar la “política limpia” que defiende el PP. En los días siguientes el presidente mantuvo el foco en los “alcaldes imputados” de Lugo y Ourense aunque él, afirma, no se “escuda” en las “miserias ajenas”. Para el presidente estos casos son diferentes de, por ejemplo, el número dos del Ayuntamiento de A Coruña, Julio Flores, también imputado en la Pokémon. Obvia, al tiempo, la situación del regidor de O Carballiño, Argimiro Marnotes, igualmente imputado en el caso. De todos modos, la última providencia de la magistrada De Lara deja esta pólvora política mojada para una temporada.
Rey Varela niega que haya recibido 3.000 euros de Véndex
Mientras Feijóo sigue de viaje oficial en Alemania quien además de alcalde de Ferrol es presidente de la Fegamp y uno de los hombres de confianza del presidente sigue intentando gestionar la tormenta política en la que se encuentra inmerso tras su imputación, vinculada, según fuentes jurídicas, al presunto pago de viajes por parte de Véndex y, según ha trascendido este martes, al presunto cobro de 3.000 euros que le habrían sido entregados por esta misma empresa en su etapa como concejal de la oposición. Las sospechas, según recoge El País, proceden de un informe de Vigilancia Aduanera que data esa entrega en días previos a las elecciones municipales de 2011 y señala como receptores de dinero también al presidente del PP de Lugo y portavoz del PP en el Senado, José Manuel Barreiro (5.000 euros), a José Luis Baltar (6.000 euros) al coruñés Julio Flores (5.000 euros), ediles socialistas de A Coruña y de Ferrol y del BNG en A Coruña y Ourense.
En este contexto, Rey Varela asegura que “nunca” ha recibido “nada” de Véndex si bien, en declaraciones a la prensa en un acto del Ayuntamiento, ha admitido que su “imagen” y la ciudad sufren un “daño grave” con la imputación, que “supone una situación no deseable para nadie”. No obstante, el alcalde ferrolano, que no confirma ni desmiente si ha hablado con el presidente de la Xunta tras su imputación, espera que “este hecho” no “merme” la “confianza” de la ciudadanía en él, toda vez que su “único patrimonio” es la “credibilidad”. Mientras reitera que el Ayuntamiento no tiene en la actualidad ningún vínculo contractual con Véndex los responsables locales de Izquierda Unida y BNG ya avanzan que exigirán su dimisión si, tras declarar el lunes ante la jueza, sigue imputado.