La junta electoral de Galicia considera que el ministro de Transportes, Óscar Puente, y el alcalde de Vigo, Abel Caballero, incumplieron la Ley Electoral la víspera de Reyes cuando, tras un viaje de prueba del Talgo 106, participaron en una rueda de prensa en la propia estación de ferrocarril olívica para anunciar la llegada a Galicia de los nuevos trenes de alta velocidad a partir del mes de marzo. Puente llegó a la ciudad acompañado de los Reyes Magos, en un trayecto que fue transmitiendo por las redes sociales, como respuesta a las críticas del PP sobre su definición de “carta a los Reyes” la petición de una conexión con alta velocidad con la mayor ciudad gallega.
La junta estima parcialmente una denuncia presentada por el PP que no conllevará sanción. No cuestiona que el ministro se desplazase a Vigo en un tren “que circulaba a modo experimental en el marco de la programación de unas pruebas de fiabilidad”, como el propio Puente defiende en sus alegaciones. Lo que no comparte es la “ausencia de carácter institucional” ni “electoralista” del acto que se desarrolló tras la llegada del convoy, en el propio andén de la estación.
En su respuesta a la junta electoral, Puente argumenta que el acto “no fue institucional, ni estaba incluido en su agenda, ni fue organizado por el Ministerio” y que tampoco “se tuvo ningún contacto previo con los medios de comunicación”. Sus declaraciones fueron “espontáneas y no responden a un discurso previamente preparado”. Por su parte, Caballero defiende que el acto “no fue convocado por el Gobierno municipal” y que “no se trataba de la inauguración de un nuevo servicio público, sino de un viaje de pruebas y de la llegada de los Reyes Magos a la ciudad”.
Sin embargo, la junta considera que no puede ser “casual” la presencia conjunta del ministro y el delegado del Gobierno en Galicia, el alcalde y “uno de los candidatos a la Presidencia de la Xunta”, el socialista José Ramón Gómez Besteiro. Tampoco considera fortuita la “amplia presencia” de los medios de comunicación ante los que se realizaron declaraciones que “evidencian elogios a los logros obtenidos en materia de infraestructuras y tienen indudables connotaciones electoralistas”. Lo que allí se anunció, según la junta, “no puede considerarse como imprescindible para la salvaguarda del interés general”, por lo que no está amparado por la ley.
La decisión puede recurrirse ante la junta electoral central. El plazo finaliza este lunes a las 13:00h.