La justicia anula las multas contra los activistas que en 2014 se manifestaron en Lugo para salvar el río Sarria y sus árboles
El 25 de marzo de 2014 una gran manifestación recorrió las calles de Sarria (Lugo). Medio millar de vecinos y vecinas de la localidad protestaron ante la casa del entonces alcalde contra unas agresivas obras de encauzamiento del río Sarria que implicaban la tala de 150 árboles en su ribera y la destrucción de varios puentes. En los días anteriores varios activistas se habían encadenado a alguno de los árboles amenazados, siendo finalmente desalojados por la Guardia Civil, que también protegió a las excavadoras para que reiniciaran las obras. Los vecinos mantuvieron las movilizaciones en los meses siguientes, consiguiendo finalmente paralizar el proyecto.
En las semanas siguientes a esas primeras protestas, la Subdelegación del Gobierno en Lugo, dirigida entonces por Ramón Carballo Páez, abrió 35 expedientes sancionadores contra algunos de los y las activistas que habían participaron en las protestas e impuso otras tantas multas por un importe total de 20.550 euros. En ese momento la Plataforma Sarriana por el Río veía en las sanciones por manifestarse “un acto desesperado” de la Confederación Hidrográfica, promotora de las obras, y acusaba a la Subdelegación del Gobierno de intentar “intimidarlos” y “asustarlos”.
Los recursos presentados contra las sanciones fueron rechazados por el Ministerio del Interior. Sin embargo, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Lugo acaba de dictar una sentencia que deja sin efecto las sanciones impuestas, argumentando que las acusaciones genéricas no bastan para destruir la presunción de inocencia de los sancionados.
“Aquel 25 de marzo los vecinos de Sarria salieron a la calle, sin ser previamente convocados, indignados por el desalojo de los miembros de la Plataforma que habían acampado un mes antes, impidiendo así la tala”, recuerdan desde la Plataforma Sarriana por el Río. “No fue una manifestación convocada, sino la reacción espontánea de los ciudadanos ante la percepción de que la Isla, el río, los árboles y los puentes quedaban desprotegidos. No hubo convocatoria y por eso no hubo notificación a la Subdelegación del Gobierno. Esta realidad es tenida en cuenta por el Juzgado”, destacan.
En efecto, la sentencia subraya que la manifestación, a pesar de no haber sido comunicada, “tuvo el carácter de respuesta o movilización popular ante hechos o acontecimientos de relevante influjo social en la localidad”. Y concluye que “la mera participación activa en la manifestación no resulta suficiente para integrar la infracción por la que se sanciona, sino que es necesario un plus integrador de la misma que en este caso no resultó acreditado”. El dictamen recuerda que la Subdelegación del Gobierno no proporcionó “pruebas suficientes” que avalaran sus acusaciones contra las personas multadas, limitándose a realizar “alusiones genéricas a la convocatoria a través de alguna red social”, pero sin presentar ni siquiera “un pantallazo o alguna otra prueba”.
No es la primera vez que la Justicia corrige las resoluciones sancionadoras de la Subdelegación del Gobierno en Lugo, confirmadas por el Ministerio del Interior, contra las movilizaciones impulsadas por la Plataforma. En noviembre de 2016 el mismo juzgado ya falló contra la Subdelegación, anulando las resoluciones sancionadoras dictadas contra cuatro personas tras una sentada en contra del proyecto de encauzamiento del río en el desaparecido puente de Toleiro.
La plataforma denunció en varias ocasiones que “las arbitrarias actuaciones” del entonces Subdelegado del Gobierno buscaban “amedrentar a los vecinos de Sarria que estaban protestando contra el proyecto”. Ahora destaca que “la vía de la represión no solo no tuvo efecto sobre la movilización de los vecinos de Sarria sino que está siendo ahora corregida por parte de la Justicia”. “La reacción pacífica de los vecinos de Sarria determinó el fracaso de unas obras de encauzamiento que no tenían justificación; además de ineficaz para evitar los efectos de las inundaciones, el plan de encauzamiento implicaba un coste medioambiental y de patrimonio cultural inasumible”, concluye la plataforma.
“Perdimos el viejo puente del Toleiro, pero los otros dos siguen en pie. Y casi todos los árboles de la ribera continúan dando sombra”, añaden. “Ahora solo queda pedirles a las administraciones implicadas -la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de Sarria- que por una vez piensen en el bien común y busquen una solución respetuosa con el patrimonio que permita reabrir el puente Ribeira a la mayor brevedad posible”, concluyen.
