El pasado noviembre la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) aprobaba su nueva relación de puestos de trabajo, una reorganización de personal de la que desaparecían veintitrés puestos de trabajo, correspondientes a personal que había desarrollado su labor en los centros comarcales creados por los gobiernos de Fraga. Eran veintitrés despidos que afectaban, según denunciaban entonces la Confederación Intersindical Galega y CC.OO., a personas que habían pleiteado con anterioridad contra el Gobierno gallego por conflictos laborales o bien que se habían incorporado durante el mandato del bipartito de PSdeG y BNG. Además, tres de las despedidas se fueron a la calle justo después de llegar de su baja de maternidad. Ahora la Justicia comienza a anular esos despidos.
Esta semana las centrales sindicales han recibido desde los juzgados de Ourense la notificación de las “primeras sentencias que declaran nulos los despidos en Agader” de las personas que “casualmente, habían ganado con anterioridad juicios por otras ilegalidades de la Xunta”. En este contexto, desde la CIG su secretario de organización en Compostela, Renato Núñez, cree que “la Administración debe proceder a la readmisión inmediata de todo el personal que se quedó sin puesto de trabajo por una decisión arbitraria”. Con esa reclamación concuerda también Comisiones, en cuya opinión Medio Rural debe “readmitir de inmediato a todo el personal despedido injustamente” en las “mismas condiciones que tenían”. Además, dicen, se debe “abrir un proceso de interlocución con las organizaciones sindicales” para que la Xunta “no siga dilapidando fondos públicos” a causa de “decisiones caprichosas y arbitrarias” de Agader“.
Se trata, explica la CIG, de “evitar” que los trabajadores y trabajadoras que aún no han recibido sus dictámenes judiciales tengan “que esperar a que se vayan haciendo públicas las sentencias” para ratificar la nulidad de sus despidos. Además, profundiza Núñez, es necesario recordar que este despido colectivo fue “el último paso” tras “un año de constantes discriminaciones” durante el que, por ejemplo, en los centros comarcales se llegó a “dar de baja la limpieza, el agua, la luz y la calefacción, impidiendo el normal desarrollo del trabajo que se venía realizando”.
En este contexto, la CIG ve confirmado que Agader “recurrió a la crisis como excusa para justificar estos despidos” y, además, “encubrir una limpieza de trabajadoras y trabajadores que habían denunciado con anterioridad”. Estos conflictos laborales anteriores se producían en un contexto en el que la Xunta sí mantuvo en sus puestos a los altos dirigentes de los organismos que fueron absorbidos por Agader en el proceso de adelgazamiento de la Administración autonómica, como Sodeco o el Banco de Terras, así como los antiguos gerentes de las fundaciones comarcales, cuya extinción ya había sido decidida por el bipartito. En la actualidad, según consta en los Presupuestos de la Xunta para 2013, Agader tiene un plantel formado por 87 trabajadores y trabajadoras que ahora mismo no tienen un secretario general al mando, toda vez que Isaías Calvo, titular del puesto, dimitió pasado día 25.