Lo que no vio la Comisión Galega da Competencia, órgano autónomo pero dependiente de la Xunta de Galicia, sí lo vio la justicia: existen indicios de que Monbus y Alsa, dos de las mayores empresas de transporte de viajeros por carretera, “se reparten el mercado” al optar a las concesiones del Gobierno gallego. Competencia había desoído denuncias de pequeñas compañías de autobuses o del sindicato CIG. Fue el recurso de una de ellas, Travieso Software, ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia la que destapó su estruendoso silencio y revocó su decisión de archivar la demanda “sin haber comprobado la comisión de los hechos y su afectación a la libre competencia en el mercado relevante”.
Tres personas toman las decisiones en la Comisión Galega da Competencia, el presidente y los dos vocales. Los nombra el Consello de la Xunta, es decir, el gabinete del Partido Popular. “Órgano colegiado independiente”, su ámbito de actuación son las “conductas empresariales prohibidas” por la Ley de la Competencia –por ejemplo el reparto del mercado– “con efectos únicamente en la Comunidad Autónoma de Galicia”. Ahora mismo lo preside Ignacio López-Chaves, ex diputado del PP, y los vocales son Teresa Cancelo Márquez, profesora, ex parlamentaria y ex concejala del mismo partido, y Daniel Neira Barral, profesor y hace años también militante de la formación conservadora. La oposición ya ha exigido su renovación.
“Competencia no practicó ninguna de las pruebas, y si solo hubo una denunciante que recurrió a la Justicia es porque hay que pagar”, señala a elDiario.es la diputada socialista Patricia Otero. Su compañero de escaño Pablo Arangüena lo llevó a comisión parlamentaria el 5 de abril y en ella denunció la “baja frecuencia de trabajo” del organismo: según sus datos, en 2022 solo emitió cinco resoluciones sobre los 205.000 expedientes de contratación del Gobierno gallego. “Infringir la competencia en Galicia es totalmente gratis”, concluyó el socialista.
El propio presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, se desentendió de la actuación de la comisión. “Son decisiones de un órgano independiente”, indicó al día siguiente de que transcendiese la sentencia del Tribunal Superior. No tuvo en cuenta la filiación partidaria de sus miembros. Tampoco la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade se da por aludida. En un correo electrónico remitido a esta redacción, se escuda a que el dictamen judicial “no se dirige contra el procedimiento seguido por este departamento para la puesta en marcha del Plan de Transporte Público de Galicia”. “La sentencia no cuestiona el proceso de contratación, sino las decisiones de dos empresas ante posibles 'indicios' de acuerdos ilícitos”, añade. Un juzgado de Santiago ha admitido, sin embargo, una denuncia de la Asociación Empresarial de Tranposrte de Viajeros por Carretera de Galicia Galibus contra la Dirección Xeral de Mobilidade de la Xunta por, explica a esta redacción fuentes de la misma, entender que ha dictado resoluciones para “salvar empresas y UTE vinculadas al grupo Monbus, perjudicando al resto de licitadores”. Suso Pastoriza, sindicalista de la CIG, coincide, y critica la “posición de dominio” de Monbus que su central denunció, primero, en la consellería y después en Comepetencia, con escaso éxito. “En Aragón, conductas similares fueron consideradas fraude”, advierte.
El juez del Superior habla, en concreto, de la concurrencia en UTE (unión temporal de empresas) de Alsa y Monbus a cinco de los lotes de transporte de pasajeros por carretera ofertados en concurso público de la Xunta en 2020. Cuatro de ellos eran los de mayor importancia. La UTE no se presentó, además, a ninguno de los otros 24 lotes por separado. “No puede interpretarse conforme a las reglas de la lógica y las pautas de la experiencia como una casualidad, sino como una causalidad de un acuerdo previo para aprovecharse, además, de que los pliegos permiten concurrir a todas las licitaciones”, dice el documento, que se extiende sobre el particular: “La licitación en UTE por Alsa y Monbus en cinco lotes no está justificada y responde a la conducta, prohibida, de repartirse el mercado, toda vez que las UTE resultan anticompetitivas”. Si esa colaboración respondiese a “la necesidad de complementarse por su capacidad financiera o técnica”, sería diferente, pero no es el caso, porque “en modo alguno se acredita ni la necesidad ni los efectos beneficiosos”.
Así, la sala de lo Contencioso Administrativo del tribunal ordena a la Comisión Galega da Competencia incoar un expediente sancionador contra Monbus y Alsa ya que, asegura, “existen indicios racionales de infracción” relacionados con el reparto de mercado al concurrir en UTE a los concursos públicos. Contra la sentencia cabe recurso, que Monbus ya ha anunciado que presentará: de casación y ante el Supremo. “No compartimos el contenido de la sentencia, ya que no ha habido práctica restrictiva alguna”, declara Monbus a este periódico, “siempre hemos actuado con absoluto rigor e integridad dentro de la legalidad”.
Vega Sicilia para Feijóo y sumarios múltiples
Monbus es una de las principales empresas de transporte de viajeros por carretera de España. No hace muchos años controlaba más del 60% de rutas del Estado y facturaba unos 100 millones de euros. Su propietario, Raúl López, la heredó de su familia. Y en los últimos años su nombre no ha dejado de aparecer en la prensa, no siempre en la sección de economía. En 2016 era detenido en Sanxenxo (Pontevedra) con 60.000 euros en efectivo. Salió del calabozo tras pagar 20.000 euros de fianza. El caso todavía no ha sido resuelto. El vino de alta gama que solía enviar a Alberto Núñez Feijóo y su entonces vicepresidente en la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, llegó a los tribunales, por superar lo que la juez entendía como “regalo de cortesía” y constituir un posible delito de cohecho. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) archivó la causa. Su nombre también figuró en los sumarios de la Operación Pokemon, cuyos micrófonos captaron a un concejal del PP preguntando a López qué criterios debía incluir en el pliego del concurso.