El 8 de enero de 2020, un titular saltó a la primera plana de todos los medios de Filipinas: la muerte, en una operación antidroga, de un español, Diego Bello, al que presentaban como un “lord” del narcotráfico, el “top one” para las autoridades de la región. Unas acusaciones que resultaron ser tan falsas como el propio dispositivo policial que encubrió el asesinato “premeditado” del empresario coruñés de 32 años. Esa es la conclusión a la que llegaron tanto la Comisión de Derechos Humanos como la Oficina Nacional de Investigación (NBI). Cuatro años después, los tres agentes que dispararon a Diego esperan sentencia en prisión. Mientras ésta llega, RTVE conmemora la fatal efeméride con el documental que relata la lucha de la familia y los amigos de la víctima para revelar la verdad. Se llama igual que la plataforma que crearon para impedir que se olvidase lo sucedido, Justicia para Diego, subtitulado Un asesinato en el paraíso.
“Estamos aquí, en el puto paradise”. El documental —dirigido por Jorge Valcárcel y Eduardo Mendoza y producido por la propia plataforma con la colaboración de Señor Mono— nos presenta a Diego con su voz en off mientras muestra con su cámara la arena blanca y las aguas cristalinas de una playa. Instantes después lo vemos, rodeado de palmeras, con su característica melena rubia de surfero y barba de varios días, así como aparecería en una campaña promocional del Deportivo, el club del que fue canterano. “Nuestro hijo era un alma libre”, lo define entonces Alberto, su padre.
Y es ese espíritu libre el que lo lleva por el mundo: primero a Londres, después a Australia, donde trabajó para pagarse el curso de buceo en Tailandia que le permitió ser monitor en Honduras... pero siempre regresando a casa en los veranos. En noviembre de 2017 un problema con la visa le impide volver a Australia, así que decide irse a Filipinas. Es entonces cuando llega a la isla de Siargao —“el puto paradise”— y allí encuentra su “hábitat”. En poco tiempo, ya está gestionando un hostel para turistas.
El aterrizaje de Diego coincide con un punto de inflexión, como relata en el documental Olga García, directora de una revista local: “Condé Nast cataloga a Siargao como la mejor isla de Asia en 2018”. Eso provocó que las “grandes fortunas” de Manila llegasen a invertir. Algo que pudo tener mucho que ver con la muerte del empresario.
“Es una advertencia: el que quiera venir aquí y y quiera hacer negocios, que sepa que esto puede pasar”, relata Pedro Moreno, uno de los socios de Diego. “Diego molestaba a personas, personas con poder. Se montó este circo para quitarlo”, concuerda Olga.
La rápida progresión de Diego y sus socios —Pedro y Arturo García— molesta a las autoridades locales. El éxito, primero de sus fiestas de música electrónica “de las que se hablaba hasta en Manila” y, después, de su local, La Santa, tienen efectos. Medio año antes del asesinato de Diego, el gobernador de otra de las islas, Migz Villafuerte, amenaza de muerte a Arturo: “Yo te puedo hacer desaparecer y tirarte en un manglar”. Migz tenía un Airbnb frente a La Santa y sus clientes se quejaban del ruido. En aquel momento, a ninguno de ellos le parecía un motivo suficiente para un asesinato...
'Nanlaban'
La versión oficial de la muerte de Diego se ampara en el nanlaban, una supuesta defensa propia por parte de los tres policías implicados, el capitán Wise Panuelos —al que presentan como una especie de sheriff “nacionalista y proteccionista”— y los sargentos Cortés y Pazo. El mismo nanlaban que los agentes esgrimían a lo largo y ancho del país para evadir responsabilidades penales por las víctimas de la guerra contra las drogas impulsada por el presidente Duterte desde 2016.
“Mi campaña no parará hasta que el último camello, hasta que el último narcotraficante...”. Duterte acaba la frase pasando un dedo por la garganta con un sonido característico. Lo hace en un discurso, que también muestra el documental, dirigido a las fuerzas del orden: “You are free to kill the idiots”. Esos idiotas eran los narcos que se enfrentasen a policías o militares. Como trataron de hacer creer que había intentado Diego.
Según el primer informe, uno de los agentes se acercó al domicilio del coruñés para comprarle diez gramos de cocaína. Una operación “poco creíble”, y más “en su propia casa” si se suponía que el coruñés era un “gran narcotraficante”. Fue una de las cosas que hicieron sospechar a Alberto Benavente, agregado del Ministerio de Interior en la Embajada de España en Filipinas.
El relato continúa diciendo que Diego se dio cuenta del engaño y que por eso disparó primero. “Menos mal que no acertó”, contaría en televisión el capitán Panuelos. Fue entonces cuando los refuerzos del policía señuelo salieron de su escondite y, entre los tres, acribillaron al joven. Siempre, insistían, en legítima defensa. “Nanlaban”.
El crimen, un escenario
A los amigos de Diego, los primeros en llegar al lugar de los hechos, nada de eso les cuadraba. “Lo primero que pienso es que el cuerpo ha sido colocado y manipulado”, recuerda Arturo. El cadáver tenía una pistola en la mano y una riñonera cruzada en bandolera “sin una gota de sangre”, como señalaría el abogado de la familia, Guillermo Mosquera. Las cámaras de seguridad de La Santa, de donde había salido “un minuto y medio antes” demostraron que el coruñés no llevaba entonces ninguna de las dos cosas.
El informe forense también desmontaría la versión oficial. Los tres casquillos del arma que estaba en la mano de Diego formaban un triángulo que dejaba en su interior los de las pistolas de los policías. Es decir, tendría que estar girando en torno a ellos mientras disparaba —una escena más propia de Matrix que de la vida real— y, pese al reducido espacio en el que se desarrolló todo, no acertar ni una vez en el blanco.
Benavente sigue encontrando contradicciones: no hubo disparos de advertencia a zonas no mortales del cuerpo, sino que todos “tenían intención de matar”, como refrendaría el NBI. Pero, además, Diego estaba “limpio”: no figuraba en ningún registro policial ni como consumidor de estupefacientes —algo que descartó el análisis toxicológico del cuerpo— pero tampoco como traficante. Lo más sorprendente, que después del tiroteo, no se produjera ningún registro en la casa buscando droga. “Esto se hace en Madrid y en Manila”.
Cualquier investigación española podía ser vista por Filipinas como una injerencia en su soberanía, lo que ataba las manos a la embajada, pero no sucedía lo mismo con la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas, que comenzó a indagar —con el apoyo de Benavente y su equipo— inmediatamente después de conocer las noticias. La entidad tenía callo. Estimaba en unas 30.000 las personas que habían muerto en la guerra contra la droga de Duterte, unas 6.000 tras “resistirse al arresto”.
La Comisión presenta sus conclusiones en julio, seis meses después del asesinato y en pleno confinamiento derivado del COVID. Desmonta el informe policial y habla de “ejecución extrajudicial”. El informe —y la presión internacional— espolean la acción de la NBI. En sólo tres meses tiene clara la existencia de una “conspiración para matar a Diego” y lo plasma en un documento “devastador” que acaba de triturar la versión oficial, a la que tacha de “escenario inventado”. Como consecuencia, imputa a los agentes por tres supuestos delitos: asesinato, falsificación de pruebas y perjurio. Cuando se emite la orden de detención, Panuelos, Cortés y Pazo... desaparecen. Pero no del todo.
Desaparecidos pero con redes sociales
Mientras en Filipinas aseguraban que no eran capaces de dar con el paradero de los tres agentes, estos seguían muy activos en sus redes sociales. La madre de Diego, Pilar, los persigue a través de perfiles falsos hasta que la bloquean. Es entonces cuando familiares y amigos deciden volcar su acción en la política.
La plataforma se reúne con la alcaldesa de A Coruña, lleva sus demandas al Congreso y hasta al Parlamento Europeo. Filipinas descubre que tiene un problema: no puede reunirse con ningún representante de la UE que no le plantee, como primer tema, la situación de los supuestos asesinos de Diego. Y, como señala el eurodiputado Miguel Urban, no tiene nada que demuestre la culpabilidad del joven. La situación se hace tan insostenible que, en febrero de 2023, veinticinco meses después del crimen, los asesinos se entregan. Aparentemente, de forma voluntaria.
La vista tuvo lugar en noviembre de 2023, con la presencia de los padres de Diego y el abogado Mosquera. La cinta nos deja aquí uno de sus momentos de mayor fuerza. Cuando unos y otros esperan en el pasillo, a las puertas de la sala. Alberto rodea con el brazo los hombros de Pilar. Mira a los asesinos de su hijo, resopla, baja la mirada y la vuelve a levantar. Su mujer, rígida como una estatua, clava en los tres hombres, sin desviarlos en ningún momento, unos ojos que lo dicen todo.
En Filipinas, una causa de estas características puede prolongarse durante años, pero son muchos los ojos que están puestos sobre ella. Como sucedió con el periodista americano asesinado durante la revolución sandinista en Bajo el Fuego (Under fire, Roger Spottiswoode, 1983), su nacionalidad permitió una reacción que a las víctimas locales se les negaba.
“Diego representa a los miles de personas que fueron asesinadas durante la guerra contra las drogas. Muchos no tuvieron el lujo, ni la oportunidad siquiera, de tener un caso, un expediente”, concluye la directora ejecutiva de la Comisión de Derechos Humanos, Jacqueline de Guia. “Por eso, el caso de Diego representa una esperanza”. Y no duda de que eso se debe “a que la famlia nunca desisitió”.
Sin embargo, el documental se cierra con una pregunta que sigue sin respuesta: ¿quién encargó a los tres policías la muerte de Diego? “Ellos son simplemente ejecutores, han acatado órdenes que vienen de alguien con mucho poder y mucho peso”, concluye Arturo. “Diego molestaba, básicamente”, resume Olga. “Ojalá hubiera más trasfondo, pero es así de simple”.
“La clave la tiene el capitán Panuelos”, sentencia Benavente. Por eso, la única esperanza que les queda es que una condena ejemplar pueda soltar la lengua de los autores materiales. “Quizá así se decida a contar la motivaciones de este crimen”. Pero de momento, Panuelos sigue en silencio.