“Un periódico que sobrevivió guerras y pandemias merece seguir viviendo en las próximas décadas”. La frase fue pronunciada por Alberto Núñez Feijóo el pasado 18 de noviembre en el discurso de entrega de los premios Gallegos del Año que organiza el diario conservador El Correo Gallego. Aquel día la empresa editora había decidido premiar a su plantilla, sin referencia alguna a que muchos de ellos acumulaban meses sin cobrar el sueldo. Ahora, apenas medio año después de aquello, el Juzgado de lo Mercantil Número 2 de A Coruña ha declarado a la empresa en concurso voluntario de acreedores, al considerar que su situación actual es de insolvencia.
El Correo Gallego es el único periódico que se edita en la capital de Galicia. Tradicionalmente alineado con las posturas más conservadoras, receptor de ingentes cantidades de subvenciones públicas, altavoz de los intereses eclesiásticos en la ciudad, en los últimos años la editorial que lo edita ha aparecido en varias ocasiones en la lista de morosos que anualmente publica el Ministerio de Hacienda. Ahora , la magistrada ha designado administración concursal, la cual deberá manifestar su aceptación o no del cargo. Además, en el auto, contra el que cabe presentar recurso, insta a todos los acreedores a comunicar la existencia de sus créditos a la administración concursal en el plazo de un mes (a contar desde el día siguiente a la publicación del edicto en el Boletín Oficial del Estado).
El Juzgado, además, ha acordado abrir la fase de liquidación del concurso por petición de la empresa y ha suspendido, durante la fase de liquidación, “las facultades de administración y disposición del concursado sobre su patrimonio”. La jueza también ha decretado la disolución de la entidad y el cese de los administradores sociales, quienes han sido sustituidos por la administración concursal, y ha declarado vencidos los créditos concursales aplazados y la conversión en dinero de los que consistan en otras prestaciones.
Una vez abierta la fase de liquidación, la letrada de la Administración de Justicia dará traslado del plan de liquidación presentado por el deudor para que sea informado, en el plazo de diez días, por la administración concursal y para que los acreedores puedan realizar alegaciones. La magistrada indica en el auto que el informe de la administración concursal deberá “incluir necesariamente el inventario de la masa activa del concurso y evaluar el efecto sobre las masas activa y pasiva del concurso de la resolución de los contratos que estuviera prevista en el plan de liquidación”.