La magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Ourense, en funciones de guardia cuando el alcalde la ciudad, Gonzalo Pérez Jácome, presentó una denuncia contra el diario 'La Región' por supuesto delito de descubrimiento y revelación de secretos, ha denegado su solicitud como medida cautelar para prohibir la difusión de las grabaciones que el rotativo está difundiendo por capítulos y en las que se le escucha a él presumiendo de saber manejar dinero en B.
La jueza cuestiona la tesis de Jácome, que el pasado día diez aseguró que le habían grabado por medio de la instalación de micrófonos ilegales en varias estancias del ayuntamiento. El auto asegura que “no concurren indicios bastantes que hagan presumir la participación de persona alguna” por cuanto “no se aporta elemento alguno que permita inferir la coacción no autorizada de dispositivos de escucha y grabación”. Destaca que “no consta” fotografía o inspección ocular de los que resulte ningún micrófono o dispositivo técnico, tal y como apunta el alcalde, “ni testigo o persona alguna que haya observado los mismos, su instalación, colocación o retirada”, así como “tampoco informe pericial alguno” que acredite “el lugar de obtención o manipulación o alteración de ningún tipo”.
Además, la instructora subraya que la prohibición de difusión a medios de comunicación y redes sociales requiere una autorización judicial mediante una decisión motivada “que compruebe la proporcionalidad de la medida, analizando las circunstancias concurrentes en el momento de su adopción”.
El regidor, en su denuncia, decía que esos audios “se basan en conversaciones mantenidas en su despacho o en espacios de acceso reservado de edificios municipales u otras dependencias, que sólo se pueden obtener mediante la utilización de dispositivos técnicos de escucha y grabación de sonido”.
El magistrado del Juzgado de Instrucción número 1 de Ourense, en funciones de guardia cuando el alcalde presentó otra denuncia contra La Voz de Galicia, también había denegado el pasado sábado las medidas cautelares solicitadas por el alcalde, quien pidió que se retirasen los audios y su publicación.
En cuanto a la práctica de las diligencias de investigación solicitadas en los escritos de denuncia contra los dos diarios, tanto la titular del número 3 como el del número 1 entienden que “deberán ser resueltas por los órganos judiciales competentes”, es decir, los Juzgados de Instrucción a los que les corresponda por reparto, porque consideran que exceden las competencias que tienen atribuidas durante sus funciones de guardia.