El embrollo judicial sobre los bienes que se atesoran en el Pazo de Meirás se apunta un nuevo episodio que obligará a la familia de Francisco Franco a esperar por el ansiado vaciado de la propiedad que ocuparon durante 82 años. El juzgado de Primera Instancia número uno de A Coruña ha decidido suspender el plazo de un mes que había concedido a finales de abril para que los nietos del dictador realizarán la retirada “de las cosas, bienes y objetos” del interior de la mansión enclavada en Sada (A Coruña). La Xunta de Galicia, por su parte, ha requerido a los Franco documentación adicional y “detallada” antes de decidir si les concede autorización para retirar del pazo los bienes declarados de Interés Cultural (BIC), es decir las estatuas medievales de Abraham e Isaac, procedentes de una antigua puerta de la Catedral de Santiago, así como el legado bibliográfico de Emilia Pardo Bazán, casi 3.000 libros catalogados que aún permanecen en las estanterías del singular castillo ideado por la escritora.
El juzgado de donde salió la histórica sentencia que ordenó la devolución del pazo al Estado el pasado año, decidió este martes suspender el mes de plazo que había concedido a los Franco para realizar la mudanza con el fin de poder resolver los recursos de reposición presentados por todas las administraciones personadas en esta causa (Estado, Xunta de Galicia, Diputación de A Coruña, ayuntamientos de Sada y A Coruña). Esa decisión puede ser recurrida. Los nietos de los Franco tienen prisa por recuperar sus pertenencias, después de que la Audiencia de A Coruña revocase el auto que designaba al Estado como depositario de todos los bienes y objetos que hay en Meirás. La familia del dictador se apresuró la semana pasada a enviar un camión de mudanza, cuya entrada en el pazo fue impedida por el Estado. Ahora habrá que esperar a la resolución de esos recursos en los que se cuestiona que los Franco puedan llevarse todo lo que se atesoran en el interior del pazo y reclaman que se dilucide que bienes “se podrían llevar y cuales no”.
En una segunda resolución, también emitida este martes a instancia de los Franco, la jueza da en parte razón a la familia Franco y requiere al Estado que en un plazo máximo de un mes entreguen ante el juzgado “la información y documentación de la que disponga para determinar la necesidad de acometer obras en el pazo de Meirás”. La administración deberá justificar la declaración de emergencia que realizó para llevar a cabo obras en el interior del inmueble, así como los trabajos de arreglo y mantenimiento de sus jardines. Deberá además especificar todas los proyectos que se están o se van a ejecutar en la mansión que está en manos del Estado desde el 10 de diciembre de 2020, pero cuya propiedad está en litigio ante el Tribunal Supremo, que deberá resolver sobre el recurso de los Franco.
Entre las obras urgentes que ha empezado a ejecutar la Administración central, hay obras de mejora de la instalación eléctrica del edificio y otras consideradas imprescindibles para poder abrir al público el pazo de Meirás con todas las garantías de seguridad. El juzgado reclama que se aporte toda la documentación así como los contratos de jardinería. No obstante, la magistrada rechazó la petición de los Franco que pretendían enviar unos técnicos de su elección para inspeccionar las partes o elementos de la propiedad afectada por las obras. Existe un “amplio reportaje fotográfico” bajo custodia judicial que ya da cuenta del estado del pazo antes de entregar las llaves al Estado, recuerda la jueza, y las obras no se acometen por una empresa privada, sino con todas las garantías y tramitación necesarias y públicas al ser realizadas por el Estado. La administración también deberá entregar a los Franco toda la documentación relativa al coste de las actuaciones emprendidas en el pazo con el fin de evitar reclamaciones futuras cuando el Supremo falle el recurso de casación sobre la propiedad.
Por su parte, la Xunta también ha decidido reclamar a los Franco más documentación e información sobre su pretensión de llevarse de Meirás las estatuas de los profetas y el legado bibliográfico de Emilia Pardo Bazán. El Gobierno gallego tiene tres meses para dar la necesaria autorización a la familia del dictador para trasladar esos bienes protegidos, pero antes de adoptar una decisión, le requirió para que en el plazo de un mes le entregue la información necesaria sobre las condiciones de conservación, de seguridad y de protección que proporcionará.