La jueza De Lara se deshace de una de las piezas centrales del caso Pokémon
La jueza Pilar de Lara comienza a cambiar de estrategia. El pasado día 14, justo después de que la Fiscalía e incluso la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia cuestionasen abiertamente su manera de proceder por, a su juicio, “empeñar” en la formación de macroprocesos y dilatar su resolución, la titular del juzgado de instrucción número 1 de Lugo, responsables del caso Pokémon, acaba de dar un paso definitivo para desprenderse de una de las principales partes de la investigación de la presunta trama corrupta, la que afecta a la empresa Véndex y que condiciona la vida política gallega desde hace cuatro años.
Casi dos años después de acordar la formación de una pieza separada cuando esta parte de la operación acumulaba ya casi medio ciento de personas imputadas -entre ellas, los exalcalde de Lugo, Ourense, Boqueixón y O Carballiño y ex ediles de PP y PSOE en Santiago y del BNG de Ourense, entre otros- De Lara razona en un auto a cuyo contenido ha tenido acceso eldiario.es que el asunto trasciende sus competencias. Los presuntos delitos de que se trata y el hecho de que Véndex supuestamente haya actuado en varias comunidades autónomas -al menos, Galicia, Catalunya y Balears- a través de un entramado diseñado y coordinado desde Madrid la llevan a inhibirse al “Juzgado Central de Instrucción que por turno corresponda”.
“Estamos hablando no de conductas aisladas -argumenta-, sino de una auténtica organización que responde a una estructura jerarquizada y a una misma política empresarial consistente en la obtención de concursos de forma presuntamente ilícita en connivencia con autoridades y funcionarios públicos a cambio de la entrega de dinero, regalos, contratación de enchufados y prestación de otra clase de favores”. En este contexto, sugiere, el hecho de que se esté indagando en hechos que podrían afectar de manera “grave” a todo el Estado y ocasionar “perjuicios patrimoniales” en el “territorio de más de una Audiencia”, podría resultar adecuado que el caso desemboque finalmente en la Audiencia Nacional.
Así las cosas, será otro juzgado el que continúe investigando si durante años Véndex dirigió una trama corrupta que habría generado la comisión de delitos de soborno, tráfico de influencias, fraude, prevaricación, falsedad o blanqueo, entre otros, y que en el caso gallego investiga, al menos, operaciones presuntamente opacas con políticos y personal de los ayuntamientos de A Coruña, Ourense, Lugo, Santiago, O Carballiño, Boqueixón, Ordes, Sada y Arteixo, así como en el museo Museo Nacional de Ciencia de A Coruña y en la Confederación Hidrográfica Miño-Sil.
No obstante, advierte De Lara, mientras la inhibición no se resuelva y otro juzgado asuma la competencia, ella misma seguirá “practicando todas las diligencias necesarias para comprobar el delito, averiguar e identificar a los posibles culpables y proteger a los ofendidos o perjudicados por el mismo”. Entre otros aspectos, indica, tiene pendientes de recepción diferentes atestados del Servicio de Vigilancia Aduanera e informes de la Agencia Tributaria y de la Intervención General del Estado. Además, abordaría también la “posible aparición de nuevos hechos” mientras el caso dependa de ella.
