La jueza De Lara reactiva la investigación sobre la financiación del PP de Santiago
La jueza Pilar de Lara reactiva definitivamente la rama compostelana del caso Pokémon. Después de que los pasados meses de mayo y junio la titular del juzgado de instrucción número 1 de Lugo ordenara diversas actuaciones para indagar en los presuntos delitos que le atribuye a Ángel Espadas, jefe de gabinete de la Alcaldía de Santiago en la etapa de Gerardo Conde Roa, ahora acaba de retomar la investigación de la financiación del PP de Santiago en el año en que llegó a la alcaldía de la capital gallega. Sus sospechas se centran, concretamente, en 13 ingresos bancarios realizados en el mes de las elecciones municipales de 2011 y en cuatro más, datados poco después de la toma de posesión de Conde Roa. Todos ellos suman casi 27.000 euros.
En un auto dictado el pasado día 1, al que ha tenido acceso este diario, De Lara acusa recibo de una diligencia de Vigilancia Aduanera realizada a finales del pasado junio como ampliación de los trabajos que, desde 2014 este cuerpo ha venido realizando sobre el PP santiagués para investigar posibles delitos de soborno y blanqueo. Partiendo de la conocida en este caso como “ruta del bacalao”, el recorrido de uno de los supuestos líderes de la trama por las ciudades gallegas el último día de la campaña de las municipales de 2011 para entregar, según los investigadores, dinero a miembros de varios partidos, Aduanas le pidió al PP de Santiago varios datos de su contabilidad. Entre sus respuestas el partido detalla que “no constan ingresos en concepto de donaciones” en sus cuentas, que entonces tenían como “responsables” al secretario local, Manuel Silva, y al propio Conde Roa.
Entre toda la documentación contable llaman la atención de los agentes los mencionados diecisiete ingresos, realizados con el concepto “ingreso en efectivo de Partido Popular” y “no siendo identificada la persona física ordenante del ingreso”. Esas operaciones resultan sospechosas para los investigadores porque varios de ellos se realizan “en el mismo día y en operaciones sucesivas y realizadas casi en el mismo acto”, separadas por unos pocos minutos, y por importes idénticos -por ejemplo, cuatro ingresos de 2.000 euros el 4 de mayo de 2011-. “Se deduce -indica Aduanas- que pudieron fraccionarse tales ingresos para evitar el control y la identificación exigida por la normativa vigente”.
Con toda esa información sobre la mesa De Lara acaba de dirigirse al Banco de Santander, donde el PP de Santiago manejaba las tres cuentas investigadas, para que le facilite a Vigilancia Aduanera “contratos, firmas autorizadas y movimientos completos” de las mismas, así como un informe de “todos los ingresos en efectivo” en ellas durante todo 2011, “con identificación completa” de quién los hizo y los correspondientes justificantes. Cuando reciba la documentación, indica el auto, la jueza decidirá si autoriza las otras acciones que le sugiere Aduanas: citar a los responsables de las cuentas, entre ellos a Conde Roa, “para que expliquen el origen de los ingresos en efectivo”
Requerimento a La Caixa sobre Véndex
El mismo 1 de julio De Lara dictó otro auto sobre los movimientos de dinero de la Pokémon, en este caso centrado en Véndex, el grupo empresarial al que considera núcleo de la presunta trama corrupta. Lo que investiga, en esta otra rama del caso, son las transferencias bancarias que ordenaron dos empresas del grupo (PAU y Sermasa) por importe total de 3,3 millones de euros el 21 de septiembre de 2012, cuando ya pesaban sobre sus cuentas “una orden judicial de bloqueo”. Esa orden se había transmitido a los bancos a las siete y media de la mañana del día previo, el 20 de septiembre, cuando se iba a detener al responsable de Véndex, Gervasio Rodríguez, aún imputado en el caso.
Aunque, según acredita la Confederación de Cajas de Ahorro, la orden de bloqueo llegó correctamente la fecha en la que fue emitida, el día 20, desde La Caixa se informó al juzgado de que los bloqueos efectivos no fueron realizados hasta el día 21 y, “en algunas” de las cuentas, hasta el 4 de octubre. “Se propició, de este modo, el vaciado de dos de las cuentas bancarias que estaban bloqueadas” a través de transferencias ordenadas formalmente por Gervasio Rodríguez con destino a una cuenta del Banco de Santander de la que era titular Gestión General de Electricidad, una empresa del yerno del dueño de Véndex.
En este contexto, la jueza le pide la La Caixa que en esta misma semana “identifique a los empleados de la entidad” que gestionaron estas transferencias y también al personal que tendría el cometido de cumplir la orden de bloqueo de las cuentas que ella misma formuló. Los hechos, advierte, “podrían ser constitutivos de un delito de desobediencia, falsedad documental, alzamiento de bienes y cooperación con el delito de blanqueo de capitales”. Igualmente, dispone el envío de las indagaciones de Vigilancia Aduanera al Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC).
