A pocos días de cumplirse los 40 años del Estatuto de Galicia, el Partido Popular ha permitido con su abstención el triunfo parlamentario de una propuesta del BNG que pide las competencias exclusivas en materia de tráfico. Se trata de la admisión a trámite de una propuesta legal que ya se ha debatido en numerosas ocasiones y que plantea como objetivo final la creación de una Policía de Galicia que releve a la Guardia Civil en el control de carreteras. Si Feijóo se mantiene en el 'no sabe no contesta', la iniciativa nacionalista podría llegar al Senado, abriendo la posibilidad a sustituir a las patrullas de la Guardia Civil en las carreteras gallegas por una Policía de Galicia, cuyo despliegue y financiación habría de coordinarse en la Comisión Mixta de Transferencias.
No es la primera vez que esta iniciativa llega al hemiciclo gallego. En 2008, el Parlamento de Galicia aprobó de forma unánime esta reclamación, pero cuando llegó al Congreso, en 2012, el voto en contra del PSOE y la abstención del PP -si hubiese votado favorablemente habría logrado salir adelante- echaron por tierra esta aspiración clásica del nacionalismo gallego.
Precisamente, en el debate de la iniciativa legislativa, defendida por el diputado nacionalista Luís Bará, los antecedentes de la reclamación de estas transferencias han servido para los reproches cruzados entre los grupos parlamentarios. El BNG reprobó que el PSOE entonces votase en contra de la transferencia y que el PP se abstuviese, mientras que Alberto Pazos Couñago (PPdeG) advirtió de que eran los socialistas los que tenían la llave porque ya que ocupan el Gobierno con José Luis Rodríguez Zapatero a la cabeza. Por su parte, el socialista Pablo Arangüena se escudó en que hace apenas dos años, precisamente, el PSdeG presentó en la Cámara autonómica la reclamación de esta competencia para la Comunidad gallega.
Reproches al margen, la reclamación de las competencias de tráfico vuelve a recobrar vida parlamentaria. En la iniciativa del BNG se plantea que las competencias para expedir carnés de conducir y la matriculación de vehículos se mantendrían centralizadas, mientras que el control de carreteras y las campañas de concienciación pasarían a manos autonómicas.