Claudia Traba, la abogada de la madre gallega que ha perdido la custodia de su hijo tras trasladarse a vivir con él a un pueblo de Muros, ha asegurado que ha presentado una queja contra la jueza ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha anunciado que también va a solicitar la recusación de la magistrada a cargo del caso y la nulidad de las actuaciones por lo que considera una “vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva”.
En el auto, la titular del juzgado de primera instancia número 7 de Marbella (Málaga) retira la custodia a la madre y, entre los argumentos que emplea para justificar su decisión, está el de que la progenitora se ha mudado a un pueblo de “la Galicia profunda” -una población que está dentro del municipio de Muros- en el que considera que el entorno no permite un “adecuado desarrollo” del menor. Traba cree que el documento judicial es “discriminatorio” para la madre y que la jueza utiliza “descalificativos” para referirse a su representada. “Buscamos un juez imparcial”, ha dicho a Europa Press.
Alega también que el padre, de origen canario, puede darle “una mayor estabilidad a todos los niveles” y que Marbella, en donde la pareja convivía antes de romper su relación y donde permanece el progenitor, es una ciudad “cosmopolita” que ofrece “múltiples posibilidades para el adecuado desarrollo de la personalidad de un niño y para que crezca en un ambiente feliz”.
Traba critica que parte de las pruebas que ha aportado la madre no se han tenido en cuenta y señala, en concreto, que en el auto se citan varios mensajes entre los padres del niño a través de una aplicación, pero “la jueza omite todos los wasaps íntegros”.
Las críticas a los comentarios de la jueza sobre el lugar de residencia de la madre en Galicia y las comparaciones que hace entre este y Marbella no se han hecho esperar. La propia abogada ha cuestionado la pertinencia de las apreciaciones. En Muros, su alcaldesa, Inés Monteagudo, ha defendido que en el municipio hay todas las infraestructuras que pueda necesitar un niño y ha replicado que Marbella “no es conocida precisamente por sus servicios”.
Las agrupaciones agracias UPA y Fademur también se han pronunciado al respecto y han considerado que el auto “muestra un profundo desconocimiento y desprecio por el mundo rural”. También han protestado en un comunicado conjunto la Asociación Galega contra o Maltrato de Menores, el Sindicato Labrego Galego y el Colegio de Educadores Sociales, además de colectivos feministas y otras organizaciones: “Asentar judicialmente que los niños y niñas de zonas rurales gallegas no tienen garantizadas necesidades básicas significa crear una situación de vulnerabilidad”. Entre los políticos, la líder del BNG, Ana Pontón, ha criticado los “prejuicios” detrás de estos comentarios y ha anunciado que promoverá una declaración institucional en el Parlamento de Galicia. Por su parte, el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha considerado “inadmisible” que en un auto se incluyan términos “con connotaciones tan negativas”. El secretario provincial de los socialistas en A Coruña, Valentín González Formoso, ha reivindicado que adquirió “los mejores valores” en esa “Galicia profunda que alguno denosta”. El secretario xeral de Podemos Galicia, Antón Gómez-Reino, ha criticado la “profunda incultura” que dice ver en el auto.