Cambio de estrategia. Los alumnos y alumnas del CEIP de Manzaneda volvieron esta mañana a clase después de seis días de huelga. Llevan desde antes del verano protestando por la decisión de la Consellaría de suprimir el servicio de cocina del comedor, sustituido por un servicio de catering. La vuelta a clase se produce para evitar posibles sanciones por absentismo escolar pero también porque en los últimos días se ha iniciado una negociación entre la Consellaría (a través de su jefa territorial) y el Ayuntamiento de Manzaneda para una posible municipalización del servicio.
Es decir, el Ayuntamiento de Manzaneda gestionaría la cocina del comedor escolar a través de la contratación de un cocinero y cocinera. Eso sí, la oferta de la Xunta es aportar 2,85 euros por comensal y día (un total de 11.500 euros anuales) a cambio de que el Ayuntamiento se haga cargo de este servicio, una cantidad un 14% inferior a la que el Gobierno gallego le paga a la empresa de catering Serunion, concesionaria del comedor, que recibiría alrededor de dos mil euros más. Sin embargo, en principio el Ayuntamiento de Manzaneda aceptaría estas condiciones, completándose los fondos necesarios para pagar los costes de la cocina con una aportación del fondo social y de la propia Ampa, sin perjudicar a las limitadas arcas municipales.
“No entendemos por qué a una empresa privada la Xunta le ofrece un precio y a una administración pública nos ofrece un precio inferior”, destaca el alcalde, David Rodríguez. El regidor afirma que con la municipalización se conseguirá ofrecer “un servicio de calidad” que además “revertirá en la economía del Ayuntamiento”, gracias a la generación de un puesto de trabajo y a que los productos se comprarán en la zona. “La economía en el rural ya está muy tocada y medidas como este intento de cerrar la cocina del colegio solo contribuyen a hundirla más”, dice.
Desde la Ampa se rechaza de plano la opción de que el menú diario de sus hijos y hijas sea suministrado por una empresa que, en este caso, “traslada la comida de los chicos y chicas desde Porriño a Manzaneda”. “Conocemos la experiencia del cátering en otros centros escolares y sabemos que no es satisfactoria”, añaden. “Los nutrientes se pierden en el camino, la comida llega en una temperatura que no es la adecuada y abusan de comida precocinada, con pocos alimentos frescos. ”Nosotros vivimos en el rural porque apostamos por un estilo de vida saludable, y para nada queremos un catering para nuestros niños y niñas“, señalaba a este diario Iria Rodríguez, presidenta de la Ampa.
Las madres y padres recuerdan que, a diferencia de otros centros de enseñanza situados en la zona rural, “nuestro colegio ha aumentado en el número de alumnos, de 13 a 22”. Sin embargo, destacan que “un determinado número de comensales no es suficiente para cerrar un servicio que está en funcionamiento, menos aun cuando no hay ninguna ley que establezca que los centros de menos de 25 alumnos tengan que cerrar la cocina”. “Los derechos de los niños y niñas deben prevalecer por encima de criterios económicos”, concluyen.
La Ampa también le ha pedido en los últimos días a la Consellaría que “tenga en cuenta los derechos de las pequeñas y pequeños del rural”. “Estamos indignados con esta discriminación que nos hacen a la gente que vivimos en el rural. A la hora de pagar impuestos, nosotros pagamos lo mismo que todos”, destacaba en junio Iria Fernández, que alertaba del contexto general de degradación de los servicios en la zona rural: “Van recortando servicios, y el fin último es el cierre de la escuela. Hoy es la escuela, pero mañana puede ser el centro de salud”.