El pasado mes de diciembre la Fundación Francisco Franco (FFF) remitió una serie de cartas a los 335 ayuntamientos de toda España que han sido demandados por incumplir la Ley de Memoria Histórica. En los mensajes, la entidad les ofrecía asistencia legal para burlar la ley y justificaba la importancia de frenar esas demandas en que, en caso de ir adelante, significaría “que ganen la guerra los que perdieron hace 80 años”. Esta ofensiva legal de la Fundación, que en sus estatutos recoge entre sus fines “la difusión de la memoria y obra de Francisco Franco”, se une a las recientes declaraciones de sus responsables, como Jaime Alonso, vicepresidente, que en noviembre afirmó que la dictadura “sólo fusiló a 23.000 y no fue por capricho”.
En Marea ha presentado este martes en el Congreso una serie de iniciativas con el objetivo de conocer las fuentes de financiación de la Fundación Francisco Franco, pedir que se investigue la comisión de delitos por parte de la entidad e impulsar la modificación de la actual Ley de Fundaciones para impedir que esta entidad pueda operar como tal, beneficiándose de las ventajas fiscales de las que disfrutan las fundaciones. Se busca evitar, igualmente, que la FFF pueda tener acceso la cualquier ayuda pública. Las últimas subvenciones de las que hay constancia datan de la segunda legislatura de José María Aznar, durante la que la entidad recibió 150 mil euros. A pesar de estar obligada a hacer públicas sus cuentas económicas, la última vez que la Fundación Francisco Franco lo hizo fue en 2009, declarando unos ingresos anuales de 118 mil euros.
Antón Gómez-Reino y Yolanda Díaz registraron este martes, en primer lugar, una solicitud de información al Gobierno para conocer las ayudas públicas de las que la entidad se ha beneficiado desde su constitución. Además, el grupo ha presentado una proposición para modificar la Ley de Fundaciones en sus artículos 3 (fines), 26 (financiación) y 31 y 32 (causas y forma de extinción). “Queremos garantizar que ninguna fundación se pueda dedicar a venerar y exaltar, destacar o premiar figuras que tienen que ver con el franquismo”, explicó la diputada Yolanda Díaz. Además, se busca evitar que este tipo de entidades “reciban un solo céntimo de euro público para estos objetivos”.
En concreto, se pide que en el artículo 3 se incluya que “las fundaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales” y que “en ningún caso una fundación podrá tener entre sus fines fundacionales la exaltación de la memoria del dictador Francisco Franco, del régimen franquista o de quién sea responsable de haber cometido crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad”. Y se propone incorporar al artículo 26 que “los poderes públicos no facilitarán ayuda alguna, económica o de cualquiera otro tipo, a aquellas fundaciones que con sus actividades se dediquen a la exaltación de la memoria del dictador Francisco Franco”.
Finalmente, En Marea le demanda al Ministerio de Educación, de quien depende el Protectorado de Fundaciones, que investigue las “actividades presuntamente ilícitas” realizadas por la entidad, en referencia al citado envío de cartas a ayuntamientos. “Ninguna fundación puede dedicarse a promover el incumplimiento de la legalidad vigente”, destaca la proposición no de ley presentada. Se pide que, en el caso de encontrar “indicios racionales” de delito, se traslade toda la documentación al Ministerio Fiscal o al órgano jurisdiccional competente. Y que, impugnados todos los actos y acuerdos del Patronato que sean contrarios a la ley, se “solicite de la autoridad judicial que acuerde la intervención temporal de la fundación asumiendo, en su caso, todas las atribuciones legales y estatutarias” y se “ejercite la correspondiente acción de responsabilidad de los patronos por la realización de actos contrarios a la ley”.
“Inverosímil” en Alemania o Italia
“Cualquier persona consideraría inverosímil en Alemania o Italia que hubiera una Fundación Adolf Hilter o una Fundación Benito Mussolini, no sólo que existieran legalmente, sino que recibieran fondos públicos. Y que, además, tuvieran la cara de decirle al ayuntamiento de Berlín o de Roma que no pueden cambiar los nombres de calles dedicadas a criminales nazis o fascistas. Es una anomalía que hay que poner sobre la mesa y solucionar”, destacó el diputado y portavoz Antón Gómez-Reino.
Por su parte, Fernando Souto, portavoz de la Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica, subrayó que “hay un marco legal y el Estado no puede subvencionar prácticas ilegales y actitudes que enaltezcan una dictadura. No se pueden sostener actuaciones que vayan contra la convivencia”. “Parece que estamos viviendo otras épocas. No entendemos cómo puede haber una entidad posicionada contra los derechos humanos. Tenemos que superar el marco guerracivilista que se nos impuso, esos límites inverosímiles que dicen que hay gente buena y gente mala”, añadió.
Para Yolanda Díaz, “hay una ofensiva por parte de la Fundación, que está actuando en los últimos meses con muchísima beligerancia”. Díaz alertó de la creciente “agresividad” y “actividad pública” de esta entidad, “silente durante mucho tiempo”. En Marea insta al resto de grupos a apoyar esta iniciativa, pero recuerda “con preocupación” lo sucedido en diciembre en la Comisión de Justicia del Congreso, cuando la proposición de En Comú Podem para modificar la Ley de Amnistía de 1977 para poder juzgar los torturadores franquistas fue rechazada por PP, PSOE y Ciudadanos. “En este caso confiamos en el apoyo del PSOE, pero hay que ver que posición adopta Ciudadanos, que en la votación de diciembre mantuvo la posición más agresiva”, alerta Yolanda Díaz, que concluye que “si Ciudadanos no se mueve, podemos perder la votación”.