Un total de 51 de los 67 ayuntamientos de la provincia de Lugo acaban de dar el primer paso para cobrar a las empresas energéticas por el uso de terrenos públicos. Este medio centenar de gobiernos locales acaban de firmar con la Diputación lucense un convenio para dar el primer paso en la creación y aplicación de este tributo, la contratación de un estudio para “determinar” el impacto que tendría en las arcas de cada consistorio.
El presidente de la entidad provincial lucense, Darío Campos, ha rubricado con los municipios la puesta en marcha de un análisis “técnico, económico y jurídico” que comenzará con la contratación de este trabajo para detallar qué espacios públicos ocupan las infraestructuras de las distribuidoras de luz y gas en cada municipio, tales como tendidos eléctricos. Los gobiernos locales sabrán así cómo “fijar sus respectivas tasas municipales a las energéticas” y plasmarlo en ordenanzas municipales de estos 51 ayuntamientos a los que, resaltan, pueden sumarse otros que lo deseen.
“Este es un proyecto novedoso en nuestra provincia”, admite Campos, quien no obstante resalta que ya existen experiencias previas avaladas por los tribunales. La más próxima, la de Arteixo (A Coruña), que tras haber recibido luz verde definitiva del Tribunal Supremo inició a comienzos de este 2018 la catalogación de las líneas eléctricas y prevé recaudar unos 120.000 euros anuales con la tasa. Ejemplos como este, así como los de ayuntamientos de fuera de Galicia en provincias como Zamora o Cáceres, dice, han impulsado la Diputación de Lugo a proponer esta “nueva fórmula” los ayuntamientos lucenses.
Unos 130.000 euros del ente provincial y entre 3.000 y 6.000 por cada ayuntamiento participante serán base de un proyecto que ya ha comenzado con un estudio previo, realizado ya desde la propia institución. El área de Cooperación cos Concellos “ha elaborado un estudio previo que recoge las tipologías de líneas eléctricas” y la “longitud de ocupación de tendidos eléctricos sobre los bienes de titularidad pública municipal”. Ahora, la empresa que gane el concurso para realizar el trabajo final “elaborará el inventario de ocupación y aprovechamiento del dominio público municipal de toda la provincia”.
El Tribunal Supremo, destaca la Diputación lucense, ya ha dejado claro que estas tasas no graban “un suelo rústico de uso agropecuario”, sino “la utilidad que le reporta” a las empresas eléctricas “el aprovechamiento especial del mismo”. No en vano, dice la jurisprudencia, el uso de un terreno para el paso de tendidos eléctricos “excluye las demás” utilizaciones posibles y lo hace además para “una actividad netamente industrial”, esto es, “distribuir energía eléctrica”. Por eso el TS ha considerado estas tasas como “ajustadas a las exigencias legales”.
Los gobiernos municipales que participan en este proyecto desde lo inicio, de diversos colores políticos, son Abadín, Alfoz, Baleira, Baralla, Barreiros, Becerreá, Begonte, Bóveda, Castroverde, Cervantes, Chantada, O Corgo, Cospeito, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, Foz, Friol, Guitiriz, Guntín, O Incio, Láncara, Lourenzá, Lugo, Mondoñedo, Monforte de Lemos, Muras, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Outeiro de Rei, Palas de Rei, Paradela, O Páramo, A Pastoriza, Pedrafita do Cebreiro, A Pobra do Brollón, Pol, A Pontenova, Portomarín, Quiroga, Ribadeo, Riotorto, Rábade, Sober, Taboada, Trabada, Triacastela, O Valadouro, O Vicedo, Viveiro y Xermade.