14 años del Prestige, 14 años con las facturas sin pagar
Este sábado 19 de noviembre se cumplen 14 años del hundimiento del Prestige. Después de aquellos seis días de rumbo errático marcado por el Gobierno central -Álvarez Cascos ordenó enviarlo “al quinto pino”-, el buque cargado con 77.000 toneladas de fuel se parte a 250 kilómetros de Galicia. Más de 60.000 de aquellas toneladas se fueron esparciendo por la costa, afectando con dureza a las rías gallegas y dejando restos de chapapote desde la desembocadura del Miño hasta el sudoeste de Francia. La pesca fue prohibida durante meses, los marineros amarraron sus barcos y miles de voluntarios limpiaron rocas y playas y sufrieron unos efectos contaminantes que mataron más de 100.000 aves y acabaron con incontables recursos marinos. Más de una década después, la Audiencia Provincial de A Coruña absolvió al Estado y al capitán de delito medioambiental, un delito que sí reconocería el Supremo hace diez meses pero sólo para Mangouras. Exculpados los responsables políticos, la sentencia del alto tribunal corrigió el dictamen anterior y abrió la puerta al cobro de las indemnizaciones. Pero, ¿por parte de quién? ¿A quién? ¿Cuánto ¿Cuándo?
La sentencia del Supremo abre la puerta a que la aseguradora pague las compensaciones pero el límite está en los 1.000 millones de dólares de la póliza
El Supremo condenó al capitán del buque, Apostolos Mangouras, por delito medioambiental después de que la sentencia de instancia le hubiese atribuido únicamente un delito de desobediencia grave. Además, declaró la responsabilidad civil de la propietaria del buque (la liberiana Mare Shipping) y de la aseguradora (The London P&I Club), lo que abre la puerta a que esta última asuma el pago de las compensaciones por daños materiales y al medio ambiente. No obstante, el límite de cobertura en la póliza es de 1.000 millones de dólares (943 millones de euros), frente a los 4.328 millones que reclama la Fiscalía fruto del peritaje realizado por una experta de la Universidad de Santiago, que analizó los daños ecocómicos y sociales, aunque “a la baja” al no poder alargarse en el tiempo más allá de 2006.
La responsabilidad civil pudo haber recaido en alguna pieza más de toda la maraña empresarial que conformaba el Prestige, pero no hubo manera. El Estado lo intentó con la clasificadora estadounidense American Bureau of Shipping (ABS), la que expidió el último certificado de navegabilidad del buque, y se gastó 30 millones de euros en intentar llevar a pleito esta sociedad sin conseguirlo. En cuanto a la armadora, está desaparecida para las autoridades. “La aseguradora es el único sujeto solvente”, recuerda Álvaro García Ortiz, fiscal de Medio Ambiente de Galicia y en el caso del petrolero, que reconoce la “complejidad” de un proceso que abarca el desastre ecológico provocado por un barco construido en Japón, con bandera de las Bahamas, dueño liberiano, armador griego, certificado de navegación estadounidense y que fue fletado por una sociedad suiza.
La Fiscalía reclama 4.328 millones de euros por los daños causados por la catástrofe del Prestige
Con todo, también se declaró la responsabilidad civil del FIDAC (Fondo Internacional para la Indemnización de Daños Causados por los Hidrocarburos), aunque “con los límites establecidos en el convenio que lo regula”. Dicho Fondo ya aportó más de 170 millones -el máximo posible- con los que se pagó a muchos de los perjudicados. Además, están los 22 millones de euros consignados por la aseguradora en el juzgado de Corcubión en el comienzo de todo el proceso.
El Estado, entre los decretos de indemnización para pagar a empresas, municipios, sectores afectados y miles de marineros, además de todos los gastos derivados de la limpieza y la gestión de la catástrofe, se calcula que desembolsó más de 1.000 millones de euros. Por eso, en caso de que definitivamente la aseguradora pague la factura, la mayor parte de esa cantidad iría destinada al Estado y, en menor medida, al resto de las administraciones -Xunta, Ejecutivo francés y ayuntamientos- perjudicadas, aunque también hay algún particular que reclama importantes cantidades.
La propia sentencia de la Audiencia Provincial certificó ya que el Prestige le había hecho gastar al Estado 368 millones de euros, 145 millones a la Xunta y 67 a Francia, además de otros “ingentes daños y perjuicios” a empresas y particulares.
“La mayor parte de las compensaciones que pague la aseguradora irían para el Estado porque suma a su propio perjuicio todo el dinero que tuvo que adelantar”, añade García Ortiz, que recuerda que el Gobierno central fijó los decretos de indemnización a los afectados y se subrogó la reclamación ante terceros, imposibilitándoles a estos beneficiarios la vía judicial.
Pero será ahora la Audiencia Provincial la que, por orden del Supremo, tendrá que fijar esas compensaciones, que principalmente irán destinadas a las administraciones que adelantaron pagos. Es un proceso que aún no tiene fecha final porque la valoración de los daños y el reparto del dinero, ante la enorme cantidad de documentación acumulada, será un trabajo muy laborioso. Después de determinar la solvencia, los casi 1.000 millones parecen lo máximo posible a conseguir para resarcir -es una forma de hablar- unos daños económicos, medioambientales y sociales incuantificables aún hoy en día. La Fiscalía los cifró en más de 4.000 pero ni tan siquiera eso parece compensar. Sea como fuere, la batalla judicial continuará ahora en el Reino Unido porque la aseguradora continúa en la pelea.
Batalla judicial en Londres
“Cuando la Audiencia Provincial acabe de fijar las indemnizaciones, será cuando habrá que ir a Londres a dar la batalla judicial”, advierte García Ortiz, sabedor de la siguiente piedra que el proceso va a encontrar en el camino. Una sentencia de 2013 de un tribunal británico, atendiendo a la solicitud de la aseguradora, dictamina que esta sólo estaría obligada a pagar directamente al armador y después de que este abonase las compensaciones requeridas. “Es una discusión jurídica”, aclara el fiscal, que pone un ejemplo común para entenderlo. “En España, si tienes un accidente de tráfico, no reclamas directamente a la persona que te ha dado el golpe, sino a la compañía de seguros; en Inglaterra no es así y entienden que tampoco lo tiene que ser en este caso”, explica.
Será, por tanto, una batalla para determinar si prevalece el dictamen penal del Supremo o el civil de los tribunales británicos. Las alternativas son dos, o incluso ambas a la vez: una comisión rogatoria que pida a la justicia del Reino Unido la ejecución de la sentencia y una demanda a la aseguradora en su propia jurisdicción. La victoria del Brexit el pasado junio ha añadido, si cabe, más incertidumbre al cobro de un dinero que pueda resarcir -en parte- todo el mal causado por aquella marea negra.
