El personal de Justicia en Galicia vota 'no' al acuerdo que la Xunta pactó con cuatro sindicatos
Sorpresa. El personal de la Administración de Justicia en Galicia ha rechazado el polémico preacuerdo al que había llegado la Xunta con cuatro de los tres sindicatos con representación en el comité de huelga para poner fin al conflicto y a 80 días de paro indefinido que han provocado ya la suspensión de unos 22.000 juicios. Cuando el Gobierno gallego --e incluso los trabajadores-- daban por hecho que el 'sí' vencería en la consulta y que el funcionariado aceptaría la propuesta de la Administración, el recuento ha finalizado con un inesperado resultado.
El 'no' se impuso en cuatro de las siete sedes judiciales donde se han llevado a cabo las votaciones (Vigo, Pontevedra, Ferrol y Lugo), mientras que tan sólo en Santiago, Ourense y A Coruña el 'sí' al preacuerdo ha sido mayoritario.
Por ciudades, en Vigo ha ganado el 'no' por 204 votos a 112, al igual que en Ferrol (54-49), Pontevedra (184-50), Lugo (86-54) . En A Coruña, el 'sí' al acuerdo se impuso por 237 votos a 172, en Ourense por 135 a 102, mientras que en Santiago se ha impuesto con más diferencia: 109 votos a favor por 34 en contra.
Este resultado supone un nuevo contratiempo en un conflicto que parecía llegar a su fin tras la última oferta de la Xunta a cuatro de las centrales --desvelado por el vicepresidente Rueda la pasada semana y aceptado este jueves por estos sindicatos-- y después de la evidente división sindical que se ha dado en el comité de huelga. Pero no se ha acabado. La huelga seguirá, superará los 80 días y el conflicto se enquista todavía más. Fuentes del personal sitúan en el enfado de buena parte de él con la actitud de la Xunta ante sus reivindicaciones uno de los motivos fundamentales para que la votación acabase con la negativa a este acuerdo.
Las votaciones, que comenzaron a las nueve de la mañana, se han desarrollado con tensión en varias de las ciudades. Al tiempo que una parte de los trabajadores de Justicia acudía a depositar su papeleta, los tres sindicatos en contra del acuerdo celebraban concurridas asambleas para explicar su postura, en las que se manifestaba el 'no' a dicho acuerdo. En Vigo y Pontevedra hubo enfrentamientos verbales y fue requerida la presencia de fuerzas de seguridad. “Dignidad”, “traidores”, “vendidos” o “que vote la policía” fueron algunas de los manifiestos.
Desde CCOO, UGT, USO y CSIF --que suman el 60% de la representación-- acusaron a los otros sindicatos de intentar “boicotear” las votaciones, mientras que CIG, AX-CUT y STAJ denunciaron un “auténtico pucherazo” por la “falta de garantías de control” de los votos. De hecho, estas últimas centrales daban por segura la victoria del 'sí' desde primeras horas al ser “una votación controlada y organizada” por los partidarios del preacuerdo. Pero no ha sido así. En algunas urnas, trabajadores introdujeron monedas en lugar de papeletas para mostrar su desacuerdo con el pacto alcanzado con la Xunta, pero también han sido muchos los que se unieron para acudir a votar 'no' entre reproches a los organizadores de la consulta.
Desde la Xunta, el vicepresidente Alfonso Rueda, principal diana de las críticas de los sindicatos desde que comenzase la huelga el pasado 7 de febrero, aseguró que los sindicatos que protestaban este viernes “todavía se retratan más” y lamentó los “incidentes”. Además, cree que su actitud “confirma” su teoría de que hay centrales “que no tenían interés en negociar ni en que finalizase la huelga”. Desde el PPdeG, su secretario general, Miguel Tellado, elevó el tono para pedir “a la oposición” que “explique su apoyo a comportamientos radicales de sindicatos que son capaces de amenazar a compañeros”. La formación conservadora empleó varios de sus canales en las redes sociales para difundir vídeos en los que acusaban de “coacción” a trabajadores de la Justicia. Todo antes de conocerse el resultado.
El acuerdo, según defienden los sindicatos firmantes, suponía que se consiguiese el objetivo inicial de que las remuneraciones del personal de Justicia en Galicia fueran“justas” y se situaran en el promedio de las comunidades autónomas tras comprobar que la oferta económica de la Xunta era ya “inamovible”.
