La Subdelegación del Gobierno en Lugo sancionó a cuatro vecinos de la localidad de Sarria sin pruebas. Es la conclusión a la que acaba de llegar el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Lugo en una sentencia que, dictada el pasado día 23, anula las multas impuestas en marzo de 2014 cuando estas cuatro personas intentaban, mediante una sentada, impedir las controvertidas obras de encauzamiento del río Sarria, y fueron desalojadas por la Guardia Civil del desaparecido puente de O Toleiro.
Más de dos años y muchos avatares después la Plataforma Sarriana polo Río ve en este fallo judicial una prueba de lo que vienen afirmando desde entonces. Las multas a quienes participaron de estas movilizaciones, mantienen, no son más que una estrategia de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil para intentar frenar unas protestas que, no obstante, ya han logrado parte de sus objetivos.
Esta sentencia, resaltan, acredita que la movilización fue reprimida con multas sin pruebas. “A partir de las pruebas gráficas, videos y testigos” que “habían sido ignoradas por la Subdelegación en los previos recursos administrativos”, resalta la Plataforma, el juzgado concluye “que las infracciones imputadas” a estos cuatro vecinos “o no se encuentran debidamente acreditadas o hay prueba suficiente de que no se han cometido, por lo que cualquier sanción grave o leve resulta improcedente”.
En esta línea, la sentencia considera que “no es de recibo” que la Subdelegación del Gobierno “apele a que existe numeroso material probatorio acreditativo de la realidad de los hechos imputados”, en referencia a fotografías, pero no lo incorpore al correspondiente expediente. La entidad gubernamental, agrega, argumentó la validez de las multas con “imprecisiones o afirmaciones genéricas” que no son suficientes para poder ejercer la “potestad sancionadora”.
Así las cosas, la Plataforma se pregunta “por qué el subdelegado mantuvo las sanciones a pesar de la evidencia exculpatoria aportada por la Plataforma” e instan al subdelegado, Ramón Carballo, a aclarar “por qué se impusieron sanciones en ausencia de pruebas”. “La Plataforma denunció en su día y reitera hoy que las arbitrarias actuaciones del subdelegado no eran ajenas a las intenciones de amedrentar a los vecinos de Sarria que protestaban contra el proyecto de encauzamiento” y así “eliminar la oposición en la calle al proyecto de sus compañeros de partido”. “El subdelegado -agregan- debería responder por el uso partidista de los recursos destinados a mantener la seguridad pública.
Una vez conocida la sentencia, que condena a la Subdelegación a asumir las costas del proceso, la Plataforma Sarriana polo Río hace un “llamamiento urgente a Ayuntamiento y Xunta” para que “finalicen ya con el sainete de la Confederación Hidrográfica”, cuyas obras fueron “sancionadas tres veces” por la Administración autonómica. Existen, recuerdan, fondos consignados por la Diputación de Lugo para reponer el tablero del puente Ribeira, por lo que sólo resta realizar esos trabajos antes de que, en primavera, la villa “se vuelva a llenar de peregrinos”.