La Xunta da marcha atrás, parece reaccionar y anuncia un futuro “plan integral” para que las mujeres que necesiten interrumpir el embarazo al amparo de la ley lo hagan “en las mejores condiciones” y -mayoritariamente- sin salir de Galicia. Así lo ha asegurado el conselleiro de Sanidad en funciones, Jesús Vázquez Almuiña, después de que la pasada semana el presidente Núñez Feijóo se comprometiese a buscar “una solución”. Llega la reacción después de conocerse la dura sentencia adelantada por eldiario.es y que condenó a la Administración a pagar 270.000 euros la una mujer que arriesgó la vida y perdió el útero y la posibilidad de ser madre biológica debido a las demoras sufridas para someterse la un aborto terapéutico.
Ha tenido que ser un duro y explícito dictamen judicial hecho público –pero cuyo caso data de hace cuatro años– y una elevada sanción la que hiciese reaccionar a la Xunta ante las deficiencias en el sistema sanitario público de Galicia a la hora de afrontar los abortos terapéuticos. Los problemas han sido denunciados durante mucho tiempo y, hace ya ocho meses, las graves negligencias advertidas por colectivos feministas y afectadas en el Hospital Materno Infantil de A Coruña hicieron que la polémica saltase a medios de todo el Estado. Mujeres denunciaban haber abortado solas, sin atención médica e incluso habiendo tenido que expulsar el feto en un baño. La gerencia del centro reconoció entonces que las condiciones mínimas exigibles, al menos en su área sanitaria, no estaban aseguradas.
Estas interrupciones inducidas por razones médicas y pasadas las 14 semanas no están garantizadas, ni mucho menos, en el Servizo Galego de Saúde (Sergas). En muchas áreas -especialmente en las de A Mariña lucense, A Coruña y Ferrolterra- no se realizan, bien sea porque los profesionales aluden a su objeción de conciencia o porque se niegan ante la falta de un protocolo idóneo y de medios adecuados. La alternativa es un viaje a Madrid, a una clínica privada –Isadora– con la que la Administración tiene convenio, una alternativa que es muy criticada por los que tienen que recurrir a ella y que, en muchas ocasiones, agrava los problemas. Además, las ayudas para este desplazamiento se han rebajado, los pacientes tienen que adelantar el dinero y el traslado corre siempre por su cuenta. Todo eso mientras la mujer afronta el duro trago.
“Estamos trabajando en eso para hacer un plan integral de todo lo que es la asistencia a las mujeres que necesiten de esta interrupción del embarazo en las mejores condiciones”, aseguró el lunes Vázquez Almuiña, reconociendo unos problemas que negó muchas veces después de que un alto cargo del Sergas las asumiese, al menos en el área sanitaria de A Coruña. Más tarde, en el Parlamento gallego, el director general de Asistencia Sanitaria, Jorge Aboal llegó a negarlas.
El conselleiro asegura que los abortos se practican “desde hace muchos años en clínicas privadas que tienen experiencia”, algo que en el caso de los eugenésicos superados las 14 semanas no se produce en ningún caso en Galicia porque ningún centro privado tiene esa autorización en la comunidad. “O en centros públicos, en unos con mayor intensidad que en otros, pero en todos ellos”, algo que, según varios profesionales, no es cierto en varios hospitales de la autonomía donde las interrupciones terapéuticas no se llevan a cabo. Son muchos los testimonios de parejas que describen cómo el Sergas les niega cualquier alternativa en el sistema sanitario gallego, incluso cuando estas se ofrecen a pagar la intervención con tal de no tener que añadir un viaje de 1.200 kilómetros –entre ida y vuelta– y todo el trastorno que ello conlleva a su problema de salud.
“Lo que queremos es hacer un nuevo protocolo que quede claro y, sobre todo, que la información llegue a todas las personas que en ese momento tan duro, tan difícil, puedan tener todas las facilidades posibles para hacerlo de la mejor forma”, añadió Almuiña, para advertir que trabajan “en eso”. “Enseguida estableceremos ese protocolo”, avanzó, tan sólo unos meses después de que el Sergas y el propio presidente de la Xunta, Núñez Feijóo, defendiesen el protocolo existente y lo reconocieran como adecuado. De hecho, el jefe del Ejecutivo se había negado a cambiarlo por entenderlo suficiente.
Preguntado por si la finalidad de ese protocolo es que las mujeres no tengan que abortar fuera de Galicia, Vázquez Almuiña advierte que “esa es una de las facilidades” que creen que “es importante”. “Que no tengan que marcharse y que puedan elegir las mujeres donde lo quieren hacer. Porque hay momentos en los que la mujer prefiere, por anonimato o por otras cosas, hacerlo en centros que no sean públicos”, apuntó, a pesar de que no hace tanto su Consellería respondió a las críticas por el procedimiento de una pareja afectada que había tenido que desplazarse a Madrid denunciando la clínica con la que mantiene convenio. Mientras los afectados exigían una alternativa, el Sergas amenazaba al centro con el que mantiene convenio y que ya ha expresado en más de una ocasión su rechazo a que las mujeres gallegas no puedan acceder al servicio que ellos ofrecen en su comunidad.
Con todo, el conselleiro concluye, “como dice el presidente”, que las intervenciones “más complejas, los que son embarazos de más semanas, tienen un centro público” para que “Galicia siempre resuelva los problemas más importantes de los ciudadanas”. Así, Almuiña vuelve a prometer una situación que no se está dando en la comunidad, ya que son varios los centros públicos que no asumen en ningún caso abortos terapéuticos o eugenésicos pasadas las 14 semanas de gestación.
Desde la Plataforma Galega polo Dereito ao Aborto, han sido numerosas las peticiones para que los abortos sean garantizados en el sistema sanitario público gallego y para que se aplique en él un protocolo que cumpla con las recomendaciones internacionales sobre derechos sexuales y reproductivos de la OMS y que inciden en la necesidad de que la mujer que aborta sea atendida en todo momento, y como mínimo, por profesionales de ginecología, médico o matrona, y que tengan expulsivo -parto- asistido en un paritorio y no en una habitación de ingreso. Exigencias mínimas que, en el caso del Sergas, no se cumplieron en numerosos casos.
Tal y como la propia Xunta había aclarado, el número de interrupciones voluntarias del embarazo llevadas a cabo en Galicia en 2014 –último año del que se tienen datos– fueron 3.351, de los que sólo 260 (7,7%) se realizaron en el sistema sanitario público. El resto, más del 92% de los casos, fueron derivados a las clínicas Castrelos (Vigo), Arce (A Coruña) o Isadora (Madrid), con las que el Sergas mantiene convenio.