Una norma de tiempos de Aznar permite a la Xunta de Galicia enmascarar las listas de la sanidad pública

El pasado 4 de abril, el Ministerio de Sanidad publicó datos sobre las listas de espera de toda España. La Xunta no tardó en sacar pecho e instaló un titular: Galicia es el tercer sistema sanitario autonómico con mejor tiempo medio de demora. Pero el triunfalismo de Alfonso Rueda, presidente gallego, que lo entendió como prueba “de que se está haciendo un esfuerzo muy importante”, contrasta con la percepción y experiencia de los pacientes. Sindicatos, asociaciones o partidos políticos consideran que esta brecha entre lo oficial y la realidad se debe a los mecanismos con los que el Gobierno autonómico disfraza los números. Opacidad o desfiguración de lo que sucede son algunos de los calificativos empleados por las fuentes consultadas para definir estos trucos contables.

Su origen remite al Real Decreto 605/2003, aprobado durante el último Ejecutivo de Aznar, que buscaba homogeneizar la información sobre listas de espera en la sanidad pública española. En él se considera “fecha de entrada en el registro la fecha de indicación de la consulta o prueba por el médico peticionario”. Es decir, solo cuando el paciente obtiene su cita, con fecha y hora, entra en las listas de espera. Julio Torrado, diputado y portavoz socialista de sanidad, pone un ejemplo gráfico en conversación con elDiario.es: “Una persona acude a su médico de cabecera. Este le dice que debe verlo el cardiólogo. 'Ya le llamamos'. Pasan cinco meses y entonces le dan cita para un mes más adelante. Espera seis meses por que lo vean pero solo consta uno en las listas de espera”. Esta es la base de la diferencia entre la llamadas listas estructurales -de las que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) sí informa- y las no estructurales -de las que no informa.

“La Consellería de Sanidade oculta los datos reales con diferentes instrumentos y medidas”, afirma Manuel Martín, médico de atención primaria y miembro de la plataforma SOS Sanidade Pública, y habla en concreto de tres métodos. El primero, cómo las personas que se niegan a operarse en un centro privado de los que mantienen concierto con el Sergas desaparecen de la contabilidad y pasan a lo que denomina listas ocultas. El segundo se refiere a “procesos de cierta complejidad en los que es difícil hacer una estimación temporal” y también pasan al limbo no estructural. Y, finalmente, el llamado buzón, que ilustra con un supuesto caso. “El especialista te dice que necesitas una intervención quirúrgica y que ya te llamará. Te colocan en una lista que a efectos contables no existe”, asegura.

Consultado por este periódico sobre la pertinencia o no de este tipo de cómputo, el departamento de Sanidade ha respondido que su metodología “sigue la normativa vigente, estatal y que deben cumplir todas las comunidades autónomas de manera homogénea”. Sobre las listas estructurales, recuerda que informa “dos veces al año con los datos acumulados referidos a cada semestre”. Sobre las no estructurales, que “cumple escrupulosamente” la ley. El Ministerio de Sanidad lo corrobora, pero recuerda que las comunidades “deben disponer de su propio sistema de información sobre las listas de espera” e informar “sobre las garantías de tiempos máximos de demora en el acceso a los servicios de atención sanitaria”. Además, añade en comunicación con elDiario.es, “cada ciudadano debe tener acceso a la información personalizada sobre la espera prevista en relación con su proceso asistencial, que será proporcionada por su servicio de salud”.

El desconocido tiempo de resolución

Manuel Moreiras, sindicalista de la CIG, central mayoritaria en la sanidad gallega, lo ratifica. Pone el foco sobre el Real Decreto de 2003, que habilitó a las comunidades autónomas a establecer los dos registros, el estructural y el no estructural. En su Anexo I define aquellos que se encuentran en este último: los que tienen “demora atribuible a la propia voluntad del paciente (en espera voluntaria por motivos personales, laborales o por libre elección de médico)”, y aquellos “cuya cita se ha establecido sobre una fecha solicitada por el médico peticionario”. Moreiras indica que entre los de “demora atribuible a la propia voluntad del paciente” la Consellería de Sanidad incluye a los que rechazan operarse en hospitales privados cuando el Sergas se lo propone como opción. “Bordean la norma legal en lo referido a la definición de indicadores”, señala.

El sindicalista comparte opinión con Martín sobre cómo estas prácticas “desfiguran la realidad”. “Ni siquiera el tiempo de espera para una consulta de especialista o para una operación es la media real de lo que que se tarda en llegar”, dice, “es la espera en la fecha en la que se hace el corte para medirlo. Lo que necesitamos saber es el tiempo de resolución”. Según su opinión, esto es necesario también para “evaluar el estado del sistema sanitario, planificar recursos, ver cómo se da respuesta a las necesidades de los pacientes”. El propio Gobierno gallego sí conoce los datos de las listas de espera no estructurales, pero no los divulga. “Es cierto que otras comunidades también lo hacen, pero eso no es una excusa para usar un recurso excepcional como método habitual”, admite el socialista Julio Torrado.

“Todo el mundo sabe que en Galicia eso de una espera de dos meses es falso”, considera. Setenta y cinco días para cirugía no urgente y 66 para consultas en atención especializada son las últimas cifras recopiladas por el Ministerio de Sanidad. Listas estructurales, claro, y aun así, según la Asociación Galega en Defensa da Sanidade Pública, un 28% y un 57% más que en 2019. La Xunta indica a este periódico que el objetivo es lograr datos iguales y mejores que los de ese año, “los mejores de la historia de Galicia, interrumpidos por la pandemia”. “Todo el mundo sabe que estos números son parciales”, replica Torrado. Lo que, a su juicio, conduce a dos problemas fundamentales para la sanidad pública gallega: la “pérdida de contacto con la realidad sanitaria” y “una gestión del personal desastrosa”. Son, añade, el resultado de diez años de recortes de orientación neoliberal.