Las boticas de pequeños botafumeiros, camisetas con lemas más o menos ocurrentes, imanes con la fachada barroca del Obradoiro o platos de motivos jacobeos han ido invadiendo la ciudad vieja de Santiago de Compostela. Su proliferación y la de otros establecimientos turísticos ha sucedido a costa del comercio tradicional, en una espiral que ha alimentado el despoblamiento del lugar. El Ayuntamiento, gobernado desde mayo de 2023 por una coalición de BNG y Compostela Aberta, ha decidido intervenir ante el desborde: suspenderá cautelarmente las nuevas licencias comerciales orientadas al turismo, tiendas de souvenirs, consignas de mochilas o despachos de productos típicos entre ellas. “Proteger y fomentar el comercio local y de proximidad y fijar población en la zona vieja” son los dos objetivos de la medida según la alcaldesa, la nacionalista Goretti Sanmartín.
La moratoria durará un año. Será un período utilizado para, a decir de Sanmartín, “elegir hacia donde quiere caminar la ciudad”. No es la única iniciativa del Gobierno local para afrontar la masificación de visitantes que señalan todos los indicadores objetivos, de las estadísticas del INE a los registros de peregrinos de la Iglesia católica. Todavía la semana pasada anunciaba la regularización de los pisos turísticos. ¿El resultado? Unos 600 deberán echar el cierre tras aprobarse la ordenanza que dictamina la relación entre alquiler vacacional y vivienda habitual. Los que funcionaban sin habilitación municipal, esos alrededor de 600, quedan fuera por no haberla tramitado en el momento oportuno. Los propietarios aseguran sentirse engañados por Sanmartín y pretenden mantener sus negocios en base a que sí estaban apuntados en el Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas de la Xunta.
Las visiones sobre la materia turística del Ejecutivo autónomo y del consistorio local están alejadas. El laissez faire del gabinete Rueda hace oídos sordos al evidente malestar vecinal por las consecuencias de la situación: la subida de los alquileres y la escasez de vivienda, unos servicios de limpieza que no llegan, comportamientos irrespetuosos de algunos viajeros. La implantación de una tasa turística, una idea que hace dos mandatos expuso el entonces regidor Martiño Noriega (Compostela Aberta) y que ahora Sanmartín y su equipo han planteado Gobierno gallego, vuelve a estar en el debate. Pero Alfonso Rueda no parece estar por la labor. Repite una y otra vez que el turismo aún puede crecer en Galicia -lo hace también cuando es preguntado por Santiago de Compostela en concreto- y aunque se mostró dispuesto a estudiar la tasa, la semana pasada afirmó, en una de sus múltiples visitas mediáticas a Madrid, que “no es ninguna solución”.
La moratoria del comercio turístico
La suspensión de licencias comerciales relativas al turismo fue el anuncio central del encuentro con la prensa organizado por el Gobierno local al año de tomar posesión. También se limitarán los nuevos usos de las plantas bajas que hasta ahora albergasen comercios. Es decir, se prohibirá que sean residenciales. Para ello, el Ayuntamiento remite al vigente Plan Xeral de Ordenación Municipal, que regula usos comerciales en su artículo 109.2 con criterios urbanísticos. “Considera los efectos que cada tipo produce en la protección del medio ambiente urbano, en la movilidad y en la oferta de servicios a la población residente”, explica la propuesta de resolución municipal. El tipo B2 se refiere a las tiendas de carácter turístico, definidas como las “que ofrecen mayoritariamente productos orientados al turismo y no a las personas residentes, como pueden ser las tiendas convencionales de recuerdos o souvenirs, las tiendas de productos típicos, las consignas para depósito de mochilas, las oficinas de cambio de moneda, y establecimientos similares”.
Con la Lei do Solo autonómica en la mano, el ejecutivo de Sanmartín detendrá durante 12 meses “los procedimientos de licencia y de comunicación previa” en el ámbito del plan especial de protección del casco histórico que afectan a los siguientes actos: los nuevos usos residenciales en locales de planta baja hasta ahora dedicados al comercio, los nuevos usos y actividades de carácter terciario en planta baja, y los cambios de uso y de actividad en los locales existentes. Para evitar que la medida paralice toda la actividad comercial, decreta excepciones a partir de las definiciones del citado artículo 109.2 del PXOM: todas menos las recogidas en el tipo B2 antes descrito. Aquellos comercios cuya mercancía es susceptible de convertirse en producto destinado al turismo -mercados y proximidad-, también quedarán al margen “siempre que los productos y servicios comercializados sean de uso frecuente por las personas residentes y no estén mayoritariamente orientados al turismo”. La administración lo comprobará gracias a la memoria explicativa de lo que van a comercializar y a una declaración responsable de que se ceñirán a ella que deberán presentar junto a lo solicitud de licencia.
Esos doce meses de suspensión servirán, según la alcaldesa, para determinar el rumbo de la ciudad a respecto del turismo y de su zona vieja. Y ello se materializará en una nueva normativa de usos. “Es necesario asegurar la eficacia del proceso de reforma e impedir de forma cautelar que se inicien nuevos usos y actividades que substituyan a los del comercio tradicional ya existente”, argumenta la resolución.