El pasado 4 de abril el Partido Popular de Galicia recibió una propuesta de declaración institucional contraria a la regularización de los vientres de alquiler. El texto fue impulsado por el Bloque Nacionalista Galego, entregado en mano y también vía correo electrónico, buscaba el consenso de los tres grupos con representación en el Parlamento de Galicia en contra de la maternidad subrogada. El PSOE contestó a la propuesta de sus compañeros de oposición, maniféstándose a favor de la iniciativa. El Partido Popular, sin embargo, ha preferido dar la callada por respuesta ante un debate que Alberto Núñez Feijóo quiere aparcar hasta después de las elecciones generales.
El formato de declaración institucional exige que todos los grupos con representación en la cámara autonómica estén conformes con la iniciativa de uno de ellos y que esta se adopte por consenso. En los casi diez días que han pasado desde que los nacionalistas remitieron su propuesta a las otras dos formaciones desde el PP aseguran que non han tenido tiempo para valorar el texto. Sin su apoyo, la declaración institucional no saldrá adelante.
El texto, redactado por los nacionalistas, asegura cosas como que la gestación subrogada constituye “un modo de explotación y mercantilización de las mujeres, especialmente de las más empobrecidas y vulnerables” y que aceptar ese tipo de prácticas supondría “considerar a las niñas y niños como una mercancía”.
Con su silencio, los conservadores se han borrado de un acuerdo que podría haberse adoptado ya durante la sesión plenaria que se ha celebrado esta semana. Esa actitud, sin embargo, permite a los diputados de Alfonso Rueda sortear un titular que les señale como una formación “a favor” de los vientres de alquiler. Mientras, desde Madrid, Alberto Núñez Feijóo pide tiempo para abrir un debate sobre la materia. Pero al BNG se le ha agotado la paciencia.
La diputada nacionalista Olalla Rodill lo tiene claro: “El PP intenta boicotear la aprobación de la declaración institucional dando la callada por respuesta e impidiendo que el parlamento de Galicia se posicione sobre una cuestión que es fundamental y que afecta directamente a los derechos humanos, los derechos de las mujeres y los derechos de la infancia”.