El descubrimiento y denuncia de pazos y espacios singulares que realizan bodas sin licencia o de manera irregular en Galicia continúa. El verano ha destapado numerosos casos y ha revelado una problemática ya “habitual” y un “efecto llamada” que no se detiene a pesar de las sanciones impuestas por varios ayuntamientos, los precintos de varios inmuebles y las denuncias de asociaciones profesionales.
Empresas de cátering incumplen las prohibiciones impuestas por ayuntamientos e incluso se saltan los precintos colocados por la policía local para celebrar bodas, ignorando las prohibiciones. El último caso tuvo lugar el pasado fin de semana en Neda, tal y como denuncia Ascega (Asociación Profesional de Autónomos, Emprendedores y Empresarios de Galicia), que inició hace meses una campaña contra este “incumplimiento de la legalidad” en el sector por parte de quien carece de la licencia específica necesaria.
Desde el pasado 7 de agosto, sobre el Pazo da Merced, situado en este municipio de Ferrolterra, pesa una suspensión. Tras las denuncias de Ascega, el Ayuntamiento emitió un informe -al que tuvo acceso este diario- en el que advierte de que el espacio destinado a las celebraciones se sitúa sobre suelo rústico y carece de “título habilitantes de naturaleza urbanística”, por lo que ponen el asunto en conocimiento de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) de la Xunta y ordena que se suspenda la celebración de bodas y banquetes en ese lugar.
El Ayuntamiento certifica que el Pazo da Merced ofrece banquetes en suelo no calificado para ese uso, aunque Ascega demanda también que se aclare si cuenta con el título habilitante para ejercer esta actividad y advierte de que la situación del espacio, al lado de la ría de Ferrol, podría incluso suponer una afectación sobre la normativa de costas.
A pesar de todo, según denuncia Ascega aportando fotografías, el pasado 31 de agosto se volvió a celebrar un banquete en estas instalaciones, que tenía suspendidas las actividades, incumpliendo incluso el horario permitido.
Han sido ya varios los ayuntamientos advertidos sobre las irregularidades en los últimos meses. El de Bergondo prohibió a tres pazos celebrar bodas ya en el pasado mes de julio. Otro, el de Cambre, ordenó el pasado mes de abril a la empresa de cátering Josmaga que dejase de realizar este tipo de eventos en el pazo de Brexo, al carecer de licencia para estas celebraciones. Pero tras varias sanciones, precintos policiales y advertencias, las bodas siguieron celebrándose.
En Culleredo, la administración local ordenó precintar una carpa del pazo de San Fernando tras certificar que también se había incumplido una orden de suspensión de actividad. Ahora, Ascega se ha puesto en contacto con tres municipios lucenses (Lugo, Viveiro y Castro de Rei) para avisar de las presuntas irregularidades cometidas en otros cuatro espacios habituales en estas celebraciones. “Hay muchos más”, dicen fuentes del sector.
Según Ascega, prácticamente la mitad de las fincas y pazos carecen de la licencia específica, la de bodas y banquetes, y operan con otra “de cátering o de instalación de carpa” que no es habilitante. Al carecer del permiso específico, los seguros no dan cobertura en el caso de cualquier incidente y la responsabilidad pasa a los organizadores, habitualmente las parejas. Las mismas fuentes elevan las irregularidades al 60% de los espacios y advierten del riesgo que corre quien contrate un evento que puede carecer de planes de evacuación o de prevención de riesgos laborales, por poner dos ejemplos.
Ahorro de 600.000 euros
“¿Y se hay un incendio porque la carpa no guardia a distancia necesaria con un monte? ¿Y si no hay un dispositivo contra el fuego idóneo? ¿Y si no hay salidas de emergencias?”, se pregunta el dueño de un pazo que sí cuenta con todos los permisos y licencias necesarios, obtenidos tras la adecuación del lugar. En ella se incluyen el cumplimiento de la accesibilidad, inspecciones de Patrimonio, instalaciones eléctricas idóneas o el mantenimiento de la cadena de frío.
El gasto para la adecuación puede llegar a los 600.000 euros, dinero que ahorran muchos pazos o casas singulares en Galicia. “Es una actividad que no es clandestina; son ilegales, pero se publicitan como legales”, explica una fuente afectada del sector, que advierte de que las denuncias están centrándose “en los casos más flagrantes y evidentes”, pero que “hay muchos más”. “Lo más grave no es la competencia desleal, sino el riesgo que corren las parejas y, muchas veces, sin saber a lo que se exponen”, insiste. Desde que se habían conocido todas estas denuncias, las consultas sobre posibles irregularidades de espacios contratados van en aumento.
La ley de espectáculos públicos determina que si el dueño del local se declara insolvente, son los novios los que deben responder al 100% y enfrentarse a multas de hasta 600.000 euros de haber denuncia y no tener la licencia idónea o de hasta 30.000 sólo por incumplir el aforo o el horario, algo muy habitual.
Hace ya meses, Ascega también se puso en contacto con la Xunta, advirtiéndole de más de una docena de casos de pazos que celebraban estos eventos irregularmente. Preguntada por este diario, la Consellería de Cultura y Turismo dice estar recopilando datos sobre las denuncias y casos conocidos que podrían suponer irregularidades.
La APLU puso también hace tiempo en marcha una investigación sobre cinco establecimientos en la provincia de A Coruña. A falta de un listado oficial, los datos de portales especializados en estos eventos indican que en Galicia hay unos 140 espacios al margen de salones de bodas, restaurantes y hoteles, que celebran estos eventos y los consiguientes banquetes. La mayoría de ellos son pazos o casas singulares, pero también algún castillo o bodega. Habida cuenta, tirando por lo bajo los cálculos de Ascega, más de 70 de ellos carecerían de los permisos requeridos.