El personal de la Corporación de Radio e Televisión de Galicia (CRTVG) anuncia movilizaciones contra la ley que prepara la Xunta para los medios públicos gallegos y que reforzará el control que el PP tiene sobre los mismos. Esa, dice el comité intercentros, será su forma de presentar alegaciones contra un plan que tacha de “burla descarada a la democracia”. Critica, además, que el periodo para alegar coincida con el mes de agosto y lo atribuye a una intención de “que pase desapercibido y sin contestación”.
Los trabajadores aseguran que la movilización será intensa para luchar contra este anteproyecto “absolutista” y se concretará en asambleas en septiembre. Acusan al PP de estar completando con la nueva ley “el cambio de paradigma de medios públicos en el que trabaja desde hace años”. La propuesta, razonan, elimina “las últimas barreras y garantías de servicio público” que la ley en vigor sí contempla, al menos “en el papel”. La propuesta es que, si no se logran mayorías cualificadas (dos tercios inicialmente y, si no, tres quintos), será suficiente la simple. Con la configuración actual -y desde 2009- del Parlamento gallego, los diputados del PP son suficientes para esa tercera opción.
El comité intercentros denuncia que la futura ley acabará por “transformar la CRTVG definitivamente, con el supuesto aval del Parlamento controlado por los populares, en el mayor órgano de propaganda financiado con dinero público al servicio de un partido político”. El personal critica también que la mayoría simple vaya a ser suficiente para elegir a los miembros del consejo de administración y para aprobar el mandato estratégico.
Califica la creación de un Consello Asesor de Participación Social e Profesional de “burda tomadura de pelo infantil” y de “entidad fraudulenta con la que el Partido Popular pretende lavar la cara con un barniz democrático”. En el fondo, objeta, “reforzará el control de los populares” porque los integrantes van a proceder de “entidades controladas de nuevo por el partido”. Para “más inri”, insiste, la elección de los representantes de los trabajadores estará en manos del consejo de administración, controlado por los representantes del PP.
El personal carga también contra la desaparición de las figuras del Consello de Informativos y el Estatuto Profesional, previstos en la ley vigente, pero que nunca llegaron a crearse. Podrían ayudar a “erradicar la manipulación informativa”, señala.
Añade críticas a que no se prevén medidas para mantener la “ya escasa producción propia” ni se blindan las delegaciones territoriales, pero considera que los dos puntos “aún más preocupantes” son que se abra la puerta a lenguas distintas al gallego y la “confusa situación o régimen jurídico que la nueva ley prevé para lo que hoy es la corporación”. El texto, dice, no es claro al respecto. Sobre la cuestión lingüística advierte de que es una modificación “gravísima” que supondría “un punto de no retorno en los avances conseguidos en favor de la lengua desde la puesta en marcha del Estatuto de Autonomía” y una “estocada de muerte definitiva en los medios públicos”.
“El comité intercentros intentará combatir este fraude antidemocrático que se presenta como ley”, concluye en un comunicado, en el que acusa al PP de perseguir “poner a la CRTVG totalmente ya a su servicio, sin cortapisas, molestias incómodas ni disimulos”.