El exalcalde del PP del municipio coruñés de Cambre Manuel Rivas se sentará la próxima semana en el banquillo acusado de prevaricación y malversación de fondos públicos por la organización en 2012 del festival Brincadeira Rock in Cambre que, según la Fiscalía, otorgó a dos empresas saltándose los controles administrativos y causando un perjuicio económico a las arcas municipales de casi 447.000 euros.
El juicio está previsto que arranque en la jornada del lunes y se prolongue hasta el jueves en la Audiencia Provincial de A Coruña. Además del antiguo regidor, también están acusadas otras ocho personas, entre ellas dos de los concejales del equipo de gobierno de Cambre, Santiago Ríos y Felipe Andreu.
Para Manuel Rivas, los dos concejales y los dos responsables de las empresas implicadas, el Ministerio Público pide penas de cinco años y medio de cárcel por malversación de caudales públicos en concurso con delitos de prevaricación administrativa. Además de la pena de cárcel, también se enfrentan a una inhabilitación para cargo público de ocho años.
Los hechos, denunciados por la organización política Unión por Cambre, se remontan al año 2012. Entonces, según la acusación de la Fiscalía, el ejecutivo local encabezado por Rivas adjudicó a dos empresas de forma fraudulenta la organización del festival Brincadeira Rock in Cambre. El Ministerio Público sostiene que el alcalde entabló conversaciones previas a febrero de 2012 con el objetivo de “eludir” la metodología y los controles establecidos en la legislación de contratación pública para, de este modo, conceder “a dedo” la organización de un evento de cuatro días de duración.
El acuerdo, plasmado como convenio del sector público y por valor de 240.000 euros, fue firmado el 1 de febrero de 2012 por el regidor y los responsables de las dos empresas encargadas de organizar el festival de música, que tuvo lugar en el verano de ese mismo año. Todos ellos se habían puesto “de acuerdo para defraudar a las arcas municipales”, ya que eran conocedores de que la forma de proceder “evitaba” el control de los servicios municipales y anulaba “a posibles competidores que se puedieran presentar para pujar por el contrato”, agrega el escrito.
El convenio establecía la obligación de devolver los 240.000 euros asignados a la organización del festival, pero, continúa Fiscalía, no se exigía “ninguna garantía o aval que asegurase el retorno del dinero”. Asimismo, tampoco formaba parte del convenio una memoria técnica que acreditase la capacidad de las empresas, que carecían de avales, trabajadores “ni ningún elemento” para determinar su solvencia económica y técnica. Añade que las facturas se abonaron “sin comprobarse la efectiva realización” de lo consignado en ellas y “sin memoria que determinase qué se debía pagar”.
Además de Manuel Rivas y los dos titulares de las empresas implicadas, el Ministerio Público también formula acusación contra el entonces teniente de alcalde de Cambre, abogado de profesión y encargado de los borradores del convenio.
El tercer miembro del gobierno municipal implicado es responsable de los hechos por haber participado en la preparación del convenio y por configurar seis facturas de casi 40.000 euros abonadas a las empresas.
Los cálculos del Ministerio Público cifran en 446.866 euros el perjuicio económico causado contra las arcas municipales, cuantía que se reclama a todos los procesados en concepto de indemnización al Ayuntamiento de Cambre.
También se enjuiciará la gestión de una de las empresas implicadas, cuyos responsables cometieron, según la Fiscalía, una operación de blanqueo de capitales. El escrito de acusación asegura que el dueño de la empresa empleó 245.000 euros del dinero recibido del Ayuntamiento de Cambre para ampliar el capital de compañía hasta alcanzar los 249.000 euros. Dos años después vendió la totalidad de la empresa por un euro a una persona que, días más tarde, volvió a vender de nuevo la compañía a un tercero. Estas dos personas son primos y tenían menos de 20 años en el momento de los hechos. El primero únicamente era titular de una moto y el segundo estaba inscrito en el registro de morosos.
Fiscalía cree que la maniobra fue una operación para colocar a un testaferro al frente de la empresa a la última persona en asumir el timón de la compañía quien, meses más tarde, obtuvo préstamos bancarios por 55.000 euros, además de actuar como fiadores de terceras empresas por valor de un millón de euros. Para el administrador inicial de la empresa la Fiscalía pide cinco años de cárcel. Para los otros dos implicados solicita cuatro, además de multas que ascienden a 240.000 euros y 1 millón de euros, respectivamente.