La pieza principal de la 'Pokémon' avanza hacia el juicio con 13 sospechosos de corrupción

La pieza principal de la 'Operación Pokémon' avanza hacia el juicio con 13 sospechosos de varios delitos relacionados con la corrupción, entre ellos Francisco Fernández Liñares, que fue teniente de alcalde del Ayuntamiento de Lugo y presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS). El Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo da por finalizada la investigación de la primera rama de una maraña de piezas por supuesta corrupción que sacudieron la política gallega. El caso salpicó a responsables de diferentes partidos, incluidos PP, PSOE y BNG, y su gestión llevó a la entonces titular del juzgado, la jueza Pilar de Lara, a ser sancionada y perder su plaza en Lugo. El Consejo General del Poder Judicial consideró que había cometido “una falta muy grave de desatención en el ejercicio de sus competencias”.

La pieza que ahora irá a juicio se refiere a la concesión del servicio de la grúa en la ciudad de Lugo a la empresa asturiana Cechalva en 2005 y a la existencia de una caja b en la compañía para hacer los pagos acordados a cambio de la adjudicación. En el auto, que tiene fecha del 30 de septiembre, el magistrado asegura que hay “indicios de delito”. Ordena que la causa se siga contra 13 personas, entre las que están, además de Fernández Liñares -que recibió el pasado mes de marzo la primera condena en la trama-, su esposa y varios empresarios. Entre los presuntos delitos están el cohecho, la violación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales. Respecto al resto de investigados, el instructor ha decretado el sobreseimiento y archivo de la causa.

El magistrado acuerda en el auto, contra el que cabe presentar recurso ante la Audiencia Provincial de Lugo, dar traslado al Ministerio Fiscal y, en su caso, a las acusaciones personadas para que en el plazo de diez días soliciten la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa. También podrían pedir, de forma excepcional, diligencias complementarias que consideren indispensables para formular acusación.

El propio juez señala la extensión “fuera de lo común” de este procedimiento de “gran complejidad”, con un sumario que se aproxima a los 170.000 folios y con multiplicidad de hechos acumulados en los más de 10 años que han transcurrido desde que lo puso en marcha la jueza Pilar de Lara. Una duración que también ve “fuera de lo común”.

En el documento, el juez asegura que desde que el Ayuntamiento de Lugo inició las gestiones internas para la licitación del contrato de la grúa, los investigados “conocieron de forma ilegal, antes que ningún otro eventual licitador, información relevante sobre el procedimiento”. En concreto, entiende que “todas las irregularidades e incumplimientos previos, coetáneos y posteriores a la adjudicación del contrato a la empresa Cechalva fueron consentidos, precisamente, por el acuerdo que tenía la empresa con el teniente de alcalde” -Francisco Liñares-, quien era “conocedor de la trama”, tenía capacidad decisoria sobre la concesión y reveló datos para favorecer a la empresa, de la que presuntamente obtenía “importantes cantidades económicas como contraprestación, así como participación camuflada a través de testaferros”.

Por ello, considera que los hechos referentes a la adjudicación de la grúa podrían ser constitutivos de delitos de cohecho, violación de secretos y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos. De ellos, serían responsables, además del primer teniente de alcalde, tres socios de la empresa (J.P.C.E., J.L.A.A. y M.S.G.); D.A.L., también socio y presunto testaferro del teniente de alcalde; y J.M.R., a quien el juez atribuye ser el “enlace” entre Cechalva y el político implicado.

Pagos en b, regalos y blanqueo

En el auto, el magistrado sostiene que hay indicios de que los socios de la compañía “se comprometieron a abonar en efectivo la cantidad de 2.000 euros mensuales para pagar a las autoridades del Ayuntamiento de Lugo como gratificación por la adjudicación del servicio de grúa”. El juez afirma que J.M.R. les hizo creer que ese dinero iría destinado al alcalde, en realidad, “se entregaba en efectivo a J.M.R., que era el encargado, a su vez, de dárselo en mano al teniente de alcalde, hasta 2009, y, desde 2009, presidente de la CHMS”. Precisamente, en septiembre de 2018, la Audiencia Provincial de Lugo acordó el “sobreseimiento” de la pieza de la grúa contra el exalcalde de la ciudad, José López Orozco. Con la caja b se pagaron en total 110.000 euros, según el juez.

Además de generar facturas falsas, el juez afirma que hay indicios de que en junio del año 2012 el presidente de la CHMS, “con la finalidad de ocultar el origen ilícito de sus ganancias así obtenidas”, ingresó en cuentas dinero que había recibido sin justificación de manos de los empresarios a cambio de la adjudicación de contratos públicos. Para blanquear los fondos, el magistrado cree que el propio Liñares, su esposa y un empresario adquirieron inmuebles y participaciones en sociedades e hicieron “multitud de operaciones en efectivo”. Entre los regalos recibidos consta “indiciariamente” el de un reloj valorado en 4.000 euros que un empresario entregó a Liñares en abril de 2009.