En menos de una semana, la Xunta de Galicia ha presentado tres veces su proyecto para vender, a través de una comercializadora público-privada, energía a particulares y empresas gallegas. El primer anuncio fue durante un retiro el pasado fin de semana del presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, y sus conselleiros en la Ribeira Sacra; el segundo episodio fue el Consello del lunes; y el tercero, una rueda de prensa específica el miércoles, en la que ha quedado sin concretar cuánta energía podrá vender esta comercializadora, a cuántos particulares y empresas y por qué criterios se va a decidir quién va acceder a ella primero. La promesa es que el descuento medio en la factura será del 50% sobre el precio de mercado y que los beneficiarios serán los habitantes de municipios en los que haya alguna explotación energética. También se anuncia energía más barata para empresas, preferentemente de poco tamaño, de toda Galicia. Lo que sí se conoce es que el plan no excluye a grandes compañías como Alcoa, Altri o Inditex, pero descarta a los particulares de rentas bajas -salvo los que estén en esas zonas con explotaciones-.
La constitución de la comercializadora la aprobó en septiembre la sociedad Recursos de Galicia (RDG), que es una empresa en la que la Xunta controla el 30% y el 70% restante está en manos de 32 compañías entre las que se encuentran Abanca, Gadisa, Conservas Rianxeira y Ence. El objetivo de Recursos de Galicia es participar y desarrollar proyectos de renovables, pero también de minería o que requieran un uso intensivo del agua. En su seno nace ahora la comercializadora de energía que promete abaratar los precios. Tiene forma de sociedad anónima, un capital desembolsado de 60.000 euros y la previsión de empezar a funcionar en 2025.
La presentación más detallada hasta la fecha ha estado a cargo de la conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, y del consejero delegado de RDG, Emilio Bruquetas -exdirector de Reganosa-. La vía para abaratar la factura eléctrica no van a ser las subvenciones, tampoco “encubiertas”, dijo Lorenzana. La idea es echar mano de PPA -acuerdos de compraventa a varios años con un precio fijo de la energía-, que la comercializadora pretende canalizar, con su papel intermedio, a consumidores que, por su pequeño tamaño, no podrían negociar estos pactos por sí mismos. Otra vía para influir a la baja en el precio es que la comercializadora tenga directamente participación en proyectos de producción de electricidad ya existentes o en los que están por construir. Y también está la vía, según la conselleira, de reducir los beneficios en determinados proyectos. La lógica en una sociedad con mayoría de capital privado, admite, es conseguir ganancias, pero espera que la sociedad Recursos de Galicia en su conjunto, dentro de la que está la comercializadora, esquive las pérdidas compaginando iniciativas más rentables con otras menos lucrativas.
Por el momento, la Xunta no ha detallado quiénes van a poder aprovechar estos precios reducidos. Lorenzana habló, para el caso de los vecinos, de un “radio” alrededor de las explotaciones energéticas. En este caso, el ejemplo más claro son los habitantes de municipios con parques eólicos. Pero no concretó ese radio. La aplicación práctica va a depender de si es un entorno rural o no y de cuánta gente viva allí. Habrá que analizar caso por caso, agregó Bruquetas, que defendió no extender la tarifa a otros consumidores con rentas bajas porque considera que “es de justicia” que el beneficio revierta en quien convive con una explotación de este tipo.
La falta de concreción es similar en el caso de las empresas. La conselleira asegura que el objetivo es centrarse en las pequeñas y medianas, en las microempresas e incluso en los autónomos, y en las de “sectores estratégicos”, pero los criterios para incluirlas están pendientes. Pueden referirse al empleo generado, al valor bruto añadido o a otras variables, expuso. Según la Xunta, serán “objetivos y transparentes”. Aunque la intención enunciada es la de centrarse en empresas de pequeño tamaño y con dificultades para acceder a precios más bajos, el Gobierno gallego aclara que no hay ninguna sociedad excluida, tampoco las grandes. En respuesta a una pregunta sobre si podrían comprar esta energía Inditex o Altri, Lorenzana no las descartó. Bruquetas señaló que está “convencido” de que las grandes empresas tienen “capacidad por sí mismas”: “No es lo que venimos a hacer”. La propia conselleira puso el ejemplo de otra sociedad con una elevada facturación: Alcoa. No es el caso actual, pero si esta productora de aluminio asentada en la Mariña de Lugo no pudiese firmar PPA para sus suministros de energía, la comercializadora público-privada podría intervenir, explicó.
Un proyecto en fase inicial
El proyecto, que nace con el nombre de RDG Comercializadora Galega de Enerxía, está haciendo los trámites ante los reguladores del mercado y prevé empezar a funcionar y ofrecer ya electricidad a particulares el año que viene. Lorenzana ha indicado que, para los pequeños consumidores, el proceso será sencillo y similar al de los operadores que están ya en el mercado: una llamada telefónica para explicar sus tarifas y tramitar el cambio de compañía.
El consejero delegado de RDG explicó que hay negociaciones ya para que la comercializadora adquiera paquetes de energía de terceros que están ya produciendo y para entrar en parques ya construidos como estrategia a más corto plazo. En el medio y en el largo, la empresa fía sus posibilidades también al desarrollo de nuevos parques eólicos, también en el mar. En este punto, la conselleira dirigió sus críticas al Gobierno central, al que pide “celeridad” en los proyectos de eólica offshore, y a la sala del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que ha parado cautelarmente más de medio centenar de parques en tierra por posibles daños ambientales.
Lorenzana recalcó que la “galleguidad” de esta iniciativa se basa no tanto en que la impulse una empresa participada por la Xunta y sociedades gallegas o con una sede en Galicia, sino en que toda la energía que se comercialice será para gallegos y a precios más bajos que los del mercado. Además del objetivo de hacer revertir los beneficios en el territorio, la conselleira indicó que en la base del proyecto está también la descarbonización de la economía, ya que la energía va a proceder de fuentes renovables.