El Poder Judicial confirma la suspensión a la jueza del caso Pokémon, que pierde su plaza en Lugo
Ha sido la jueza más mediática de la última década en Galicia. La instructora de casos de tanto impacto como la operación Carioca, que destapó una sórdida trama de explotación y maltrato de mujeres en locales de prostitución. También de sumarios que expandieron las sospechas sobre la actuación de numerosos cargos públicos gallegos de diversas fuerzas políticas, como la la operación Pokémon o los casos Pulpo, Garañón y Cóndor. Ahora tendrá que abandonar el juzgado de instrucción número 1 de Lugo por orden del Consejo General del Poder Judicial excepto en el improbable caso de que el Tribunal Supremo lo evite in extremis.
El pleno del Consejo General de Poder Judicial acaba de rechazar por unanimidad el recurso de la magistrada contra la sanción por la que el pasado marzo le había impuesto una suspensión de siete meses “por una falta muy grave de desatención en el ejercicio de las competencias judiciales”, según confirman fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Al superar el medio año, la consecuencia más relevante es que De Lara pierde su destino en Lugo. Ya no seguirá siendo la titular del juzgado desde el que instruyó todos estos casos, algunos de ellos afectados por relevantes demoras que, según el Consejo, son atribuibles a la propia magistrada.
La jueza, cuyo abogado ha venido manteniendo en estos meses que las desatenciones y dilaciones indebidas que le atribuye el Consejo del Poder Judicial o no se han producido o no son consecuencia de su trabajo, agota de este modo la vía administrativa y “la sanción será ejecutiva una vez notificada”, explican las mismas fuentes. No obstante, agregan, De Lara todavía puede interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Supremo, en donde puede pedir, como medida cautelar, que le suspendan la sanción hasta que resuelvan sobre el fondo de la cuestión.
Inspección por generar “incrementos ficticios de trabajo”
La ratificación de la sanción concluye un proceso que comenzó en marzo de 2018. Entonces el Consejo del Poder Judicial ordenó inspeccionar el juzgado dirigido por De Lara. Las pesquisas se habían producido en mayo de ese año y concluyeron que la jueza había cometido “desatención o retrasos injustificados” de las causas que instruye. También la acusaban de generar “incrementos ficticios del volumen de trabajo” con un “manifiesto abuso procesal”.
Estas imputaciones por parte del Consejo fueron aplaudidas por algunas de las personas que se vieron implicadas en casos instruidos por De Lara, varios de ellos todavía inconclusos tras lustros de investigación. Cargos políticos de diversos colores la habían acusado formalmente durante los procedimientos de prolongar indebidamente las investigaciones, algunas de las cuales acabaron siendo archivadas cuando llegaron a otras instancias. Esa fue, por ejemplo, la decisión que tomó la Audiencia provincial de Lugo sobre las acusaciones de soborno contra el ex alcalde socialista lucense, Xosé López Orozco.
Mientras, no obstante, la jueza continuó siendo notablemente elogiada desde diferentes instancias por perseguir prácticas corruptas. Del mismo modo, tras ser impuesta la sanción ahora confirmada, se produjo una concentración en su defensa por parte de colectivos que reclaman profundizar en la red de proxenetismo destapada en el caso Carioca.
Orozco, precisamente, ha sido junto al ex secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, uno de los afectados por una de las últimas decisiones de la jueza De Lara. El pasado miércoles, apenas veinticuatro horas antes de lo que ha acabado siendo la ratificación de la sanción, trascendía que la jueza acababa de cerrar la instrucción del caso Garañón, decidiendo proponer que sean juzgadas por varios delitos un total de once personas, entre ellas los antiguos dirigentes socialistas lucenses y varios funcionarios. Tanto Besteiro como Orozco recurrirán la decisión.
