La jueza del caso Pokémon investiga a los candidatos del PP en A Coruña y Ourense
“Pagos de dinero”, “entregas de regalos” y contratación “de distintas personas recomendadas por autoridades, políticos y funcionarios”. Estas son, según la investigación del caso Pokémon, las vías que las empresas del grupo Véndex empleaban para “gratificar la actuación” de “políticos y funcionarios” que presuntamente influían en la “consecución de contratos y servicios públicos” para estas compañías. Uno de los ayuntamientos en el que esto sucedió con más asiduidad fue el de A Coruña, según la jueza Pilar de Lara, que en un nuevo auto acaba de dictaminar la incorporación a la causa de datos fiscales del alcalde, Carlos Negreira, así como del presidente de la Diputación coruñesa y número 2 del PP en Ferrol, Diego Calvo, incluidos en una lista de una cuarentena de personas en las que también está el ex conselleiro y candidato a la alcaldía de Ourense por el PP, Jesús Vázquez. La finalidad es investigar supuestos enchufes.
En un auto emitido este miércoles a cuyo contenido a tenido acceso este diario la magistrada autoriza a Vigilancia Aduanera a recabar en las bases de datos de la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social todos los “datos que estimen de interés” de dichos dirigentes, además de otros ediles y altos cargos del consistorio e incluso de un periodista de la prensa local. Además, pide los mismos datos de tres personas presuntamente beneficiarias de los enchufes y de más de cincuenta empresas y entidades.
Para fundamentar estas nuevas diligencias De Lara explica que el Ayuntamiento coruñés fue, según la investigación, uno de los centros de esta “práctica presuntamente corrupta”, toda vez que allí el delegado de Véndex, José María Tutor, “contaba con importantes contactos”, entre los que se contaba el teniente de alcalde, Julio Flores, imputado en el caso que recientemente se ha caído de la lista del PP para el 24-M, y algunos de sus colaboradores más cercanos, así como otros miembros del gobierno local. Como ya mencionó en un auto anterior, la magistrada considera que el propio Negreira estaba al corriente de estas prácticas, toda vez que algunas de las conversaciones telefónicas intervenidas por los agentes “alcanzan al alcalde”.
Al contrario que en otras fases de la investigación la jueza ya no sustenta sus conclusiones únicamente en el contenido de las grabaciones telefónicas. “Las conclusiones conseguidas” a través de los 'pinchazos' de los teléfonos “se refrendan con el resultado del volcado efectuado a los equipos informáticos y de la correspondencia electrónica del Ayuntamiento de A Coruña”, dice. Esos datos de los ordenadores municipales, afirma, “revelan que de forma continuada” Tutor “enchufó a personas recomendadas por gente del nuevo Gobierno municipal”, el “surgido de las elecciones municipales de mayo de 2011”, para “ocupar puestos de trabajo en servicios públicos adjudicados por ese Ayuntamiento al grupo Véndex”. En el caso concreto de Flores “aparecen un total de cuarenta y seis personas respecto de las que se solicita mediación”.
Así, indica, “el examen del contenido” del ordenador de Julio Flores “permite corroborar el contenido de las conversaciones telefónicas”, en las que los agentes detectan que Tutor conoce la “existencia de una lista de la que dispondría” Flores “para contratar a determinadas personas que podrían ser próximas por razones diversas” al nuevo gobierno del PP, de tal manera que el ayuntamiento “vendría a operar a modo de agencia de colocación”. Esa función, evidencia la magistrada, no le “corresponde” a los ayuntamientos si no se hace “de forma disciplinada, reglamentaria y sujeta a los principios de igualdad, mérito y competencia”.
