Las alertas en las residencias de mayores que el Gobierno de Feijóo desoyó

La crisis sanitaria del coronavirus abre un debate sobre el modelo de residencias de mayores en Galicia que lleva años esperando sobre la mesa. Las pistas estaban ahí: en las denuncias y las manifestaciones de las familias de los usuarios, en las mobilizaciones del personal para clamar por sus derechos laborales o en los informes del Consello de Contas de Galicia. Y dice este rastro que el personal que cuida a los mayores en los centros residencias no es suficiente, como tampoco lo son las inspecciones que realiza el Gobierno gallego sobre los mismos, que se reducen cada año.

Las posibilidades de que una persona que necesita vivir en una residencia para la tercera edad acabe en un centro público son bajas, ya que no llegan menos de dos de cada diez plazas en Galicia son públicas. El sistema de bienestar y apoyo residencial de los mayores, por tanto, está en manos privadas. Los familiares de los usuarios lo tienen claro: las residencias son un negocio y, como tal, tienen que dar beneficios. Así lo denuncia la Federación REDE, la asociación de varias asociaciones de familiares en Galicia, que asegura que las empresas que están detrás de las residencias no cumplen los ratios mínimos de personal, y también la unión de Traballadoras das Residencias de Galicia (Trega). En esta crisis sanitaria del coronavirus, REDE presentó hasta cinco denuncias ante la Fiscalía para que se investigue la situación de los centros, con especial atención a una de las empresas que controla en mercado y que concentra más casos de positivos y fallecimientos, DomusVi.

Sus advertencias sobre la falta de personal y la precaridad del servicio son constantes desde 2012. “Hemos presentado escritos denunciando que no hay suficientes enfermeras, que no se cumple que haya una disponible las 24 horas en las residencias con más de 40 mayores, y la Xunta lo reconoce, pero la empresa dice que es muy difícil contratalas”, denuncia la portavoz de Trega, Sonia Jalda. Pero los avisos a la puerta del Gobierno gallego llegaron también estes años por vía institucional. El Consello de Contas, el órgano encargado de fiscalizar las cuentas y la gestión financiera de la Xunta, publicó en 2017 un informe con datos hasta 2016 en el que reflejaban que la actividad de control del Gobierno gallego sobre las residencias no paraba de descender año a año. También que la Xunta ahorró en personal no cubiendo las ausencias por bajas o por vacaciones.

Desde 2010 a 2016, el periodo que analiza el informe, la Xunta fue reduciendo su intención de inspeccionar las residencias de Galicia. Pasó de pretender visitar el 100% de los centros que había hace una década a el 40%, 216 en cifras totales, en el año 2016. Con el foco de la crisis del coronavirus apuntando a las residencias, la Consellería de Política Social, aseguró el sábado a Europa Press que en 2020 los inspectores de la Xunta llegarán a 550 centros, que incluye residencias, centros de día y de discapacidade. Supone un 40% más que las realizadas en el año anterior, según los datos del departamento.

El Consello de Contas revisa también los expedientes de inspección realizados por la Xunta en los años 2014 y 2015, “un pequeño número” de ellas a causa de denuncias, y hace sus propias visitas a 25 residencias seleccionadas. En sus conclusiones, el Consello de Contas asegura que las propias actas de la Xunta recogen que, en ocasiones, “o se emendaron las deficiencias señaladas” por el Gobierno gallego a las direcciones de las residencias en inspecciones anteriores. En sus visitas, la Xunta pudo comprobar que el 40% de las ocasiones los centros presentaban deficiencias en el ratio de personal que atiende directamente a las personas usuarias.

“En 26 actas se especifica que el día de la visita al centro residencial el número de personas de atención directa que trabajaban ese día en el centro no cumple con la ratio mínima de 0,35 por usuario establecida para los centros destinados a personas dependientes”, indica el Consello de Contas. En las residencias que inspecciona el organismo detecta también plantillas menores a las que deberían tener, falta de personal para realizar la oferta de servicios que tiene el centro e incluso contratos con diferentes condiciones para la concertación de plazas con la Xunta. Es decir, la Xunta paga precios diferentes por plazas en el mismo centro e incluso con ratios de atención dispares para cada persona usuaria.

Las irregularidades detectadas por el Consello de Contas se extienden a muchos otros aspectos que afectan a la atención de las personas mayores: personal de atención directa realizando servicios generales, médicos y enfermeros que no cubren las horas en las que las residencias tienen que tener esta atención sanitaria o, incluso, trabajadores no cualificados para las labores que desarrolla. Infracciones para las que, como aprecia el Consello de Contas, “la inspección no ha propuesto la iniciación de expedientes sancionadores” a pesar de que “los centros no corrigieron las irregularidades observadas”. La Xunta asegura que en los últimos cuatro años ha abierto de 33 expedientes sancionadores a centros de mayores, según informa Europa Press.

Todos los partidos de la oposición recordaron en las últimas semanas al Gobierno de Feijóo las advertencias del Consello de Contas y la portavoz del BNG, Ana Pontón, afirmó que la “reacción tardía y confusa” del presidente gallego con los centros de la tercera edad se debe a los “vínculos entre el PP y los gestores de estas residencias”. El conselleiro de Economía entregó el pasado mes de diciembre el premio Galicia Global 2019 a la consejera delegada de la empresa DomusVi, Josefina Fernández, por el proceso de internacionalización que la compañía y Fernández fue escogida varios años por el Gobierno gallego para ser una de las mentoras en un proyecto de innovación educativa. La consejera delegada recibió de manos del presidente de la Xunta la Medalla de Oro del Círculo de Empresarios de Galicia en el año 2016.

A pesar de tener un 25% de la población mayor de 65 años y unas previsiones que dicen que en poco más de una década esta franja crecerá en casi 125.000 personas más, Galicia sigue estando a la cola de plazas en residencias para mayores. Las promesas de Feijóo de construir siete centros residenciales públicos para la tercera edad, uno en cada ciudad de Galicia, no se han materializado. Hace tres años, el “objetivo de legislatura”, como lo definió, permitíría sumar 900 plazas públicas más -Galicia tiene más de 22.000 de las que apenas 4.000 son públicas- con una inversión de 47 millones, según cuenta la hemeroteca. En septiembre del año pasado, el compromiso de Feijóo se convirtió en un acuerdo con la Fundación Amancio Ortega por el que la entidad se encargará de levantar ese mismo proyecto, siete residencias con 900 plazas y donarlas a la Xunta. La estimación inicial del coste para la fundación es de 90 millones de euros.