Los Franco especulan con esculturas del Maestro Mateo para obstaculizar su devolución

En una de las últimas visitas guiadas en el Pazo de Meirás, las estatuas de Isaac y Abraham seguían allí, en la capilla. Los Franco lucen y muestran con orgullo las dos figuras originarias del Pórtico de la Gloria, luego propiedad del conde de Ximonde, compradas en 1948 por el Ayuntamiento de Compostela y en manos de la familia del dictador desde hace más de 60 años tras una supuesta adquisición de la que no hay documentación alguna. Este pasado lunes arrancó en Madrid el proceso judicial por el que el consistorio santiagués reclama la titularidad de las esculturas ante los herederos del general fascista, que insisten en las artimañas para dilatar y obstaculizar cualquier solución.

La demanda municipal fue presentada hace más de un año contra Carmen Franco, fallecida en diciembre de 2017. Ante su muerte, la querella fue redirigida hacia sus herederos, los siete nietos del dictador, que alegaron que no podían ser los demandados porque no habían aceptado todavía la herencia. Esa fue la cuestión previa que este lunes se tenía que dilucidar en el Juzgado de Primera Instancia número 41 de Madrid, después de que los denunciados hubiesen advertido de que el destinatario de la querella debía ser Luis Felipe Utrera-Molina, hijo del ex-ministro franquista y albacea universal de la herencia de Carmen Franco.

“Una estrategia dilatoria”, ha definido Martiño Noriega, alcalde de Santiago.“Dicen que no han aceptado aún la herencia pero ya han puesto a la venta el Pazo de Meirás y otras propiedades en Asturias y Madrid”, añade Xoaquín Monteagudo, letrado del Ayuntamiento, respecto de la artimaña. No es la única. Comenzada esta vista previa el lunes, la jueza pregunta al abogado de los Franco sobre las noticias de que uno de los herederos habría transmitido a una sociedad mercantil su participación en las esculturas. Ante la sorpresa de la magistrada, confirmó esa operación además de aclarar que, obviamente, los hijos habían aceptado ya la herencia de su madre.

Fue Francisco Franco Martínez-Bordiú quien anunció hace un mes a la Xunta su intención de vender a una de sus empresas -la inmobiliaria Pristina- la parte que le corresponde del Pazo de Meirás, comunicación a la que le obliga la Ley de Patrimonio Cultural por ser el inmueble un Bien de Interés Cultural (BIC). En esa operación de traspaso de la parte de su herencia a su sociedad mercantil ha añadido, según dijo su letrado, la parte que le corresponde de las esculturas del Maestro Mateo, propiedad ahora de seis hijos de Franco y de una empresa con sede en Madrid, con el nieto del dictador como administrador único y cuyos activos ascienden a unos 18 millones de euros.

Con sorpresa y enfado, la jueza se ha visto obligada a retrasar de nuevo el proceso hasta una nueva vista el próximo 19 de noviembre. Antes, preguntó al abogado de los Franco cómo no se había advertido antes de esa operación de venta ni se había demostrado documentalmente, algo que deberá hacer en cuatro semanas. “Íbamos preparados para discutir sobre la aceptación o no de la herencia y nos encontramos con esto, sin previo aviso y sin aportación documental alguna”, cuenta Monteagudo, que aclara que no se puede “fiar” de las afirmaciones del letrado de la familia del dictador, que tendrá ahora que demostrar lo manifestado.

“Estrategia dilatoria”

En el fondo, como añade el letrado del Ayuntamiento de Compostela, la cada vez más clara evidencia de una estrategia “dilatoria” que intenta esconder el hecho de que los Franco “no tienen documento alguno que acredite la adquisición de las esculturas”. Su táctica se limitará, excepto sorpresa, a defender su titularidad en base al tiempo que las figuras llevan en su poder.

La demanda municipal se remonta a la compra de las figuras por parte del gobierno local de la época en 1948 por un total de 60.000 pesetas para que pasasen a formar parte “del patrimonio artístico de esta ciudad”. La documentación hallada por el Ayuntamiento así lo acreditaría. El consistorio compró las piezas al conde de Ximonde, Santiago Puga, en un acuerdo que implicaba indemnizar con 400.000 pesetas el propietario o sus herederos si dejaban de ser patrimonio público.

Las piezas, detalla el texto de la demanda, fueron situadas en la escalinata principal de la casa del Ayuntamiento, en el Pazo de Raxoi, y allí las encontraron Franco y su esposa cuando, en el año Xacobeo de 1954, visitaron la ciudad el 25 de julio para participar en la ofrenda al Apóstol e inaugurar el antiguo hospital como Parador Hostal de los Reyes Católicos. Carmen Polo mostró ante el alcalde compostelano, Enrique Otero, un “interés insistente” en las esculturas, “sugiriendo de forma inequívoca que pasaran a su posesión”.

Aunque no existió “formalidad alguna” ni ningún acuerdo formal, lo cierto es que el regidor -en el contexto de su condición de subordinado del régimen dictatorial, evidencia la demanda- dio en “complacer” la petición de los Franco. Las históricas esculturas fueron enviadas al Pazo de Meirás y después, a la Casa Cornide de A Coruña. En su siguiente aparición pública, en la Exposición Internacional de Arte Románica celebrada en Santiago en 1961, ya se mostraron como “cesiones” del dictador y su esposa.

Las estatuas, siempre en propiedad de los Franco desde entonces, formaron parte de una exposición en el Pazo de Xelmírez, continuidad de la que hubo en el Museo del Prado entre noviembre de 2016 y marzo de 2017, sobre la obra del Maestro Mateo. Al finalizar, volvieron al Pazo de Meirás, donde permanecen bien a la vista de cualquier visitante que acceda a la propiedad. El Ayuntamiento santiagués solicita al juzgado que condene a los Franco a devolver las esculturas para que queden expuestas en el Museo de la Catedral.

Pero antes, los Franco insisten en sus “estrategias dilatorias”, como denuncia el alcalde compostelano, Martiño Noriega, que aun así cree que una vez iniciado el proceso “se puede esperar unas semanas más” en el intento por demostrar que el que ocurrió con Abraham e Isaac “fue una usurpación o robo de patrimonio público para una familia particular y en un contexto de dictadura política”.

Para fuentes jurídicas implicadas en el proceso, esta táctica dilatoria de los Franco es “infantil”. “La supuesta ventaja de ganar tiempo en el proceso no compensa el perjuicio de su imagen pública, es incomparable”, dicen. Todo en una primera vista en la que la magistrada hizo ver con claridad su enfado por la estrategia sucesiva por la familia del dictador.