Técnicos que instalaron la seguridad del AVE Ourense-Santiago ratifican que Adif no pidió evaluar el riesgo de la curva de Angrois
La huelga del personal de la administración de justicia que se viene desarrollando en Galicia desde hace más de un mes no ha impedido que este martes se produjesen nuevas declaraciones de testigos en la causa judicial por el accidente del tren Alvia, que se está centrando en la investigación de si Adif y Renfe analizaron y trataron como debían el riesgo previsible que existía de un exceso de velocidad como el que se produjo en la curva de Angrois el 24 de julio de 2013, cuando murieron 80 personas. Técnicos de las empresas que ejecutaron los sistemas de seguridad de la línea de AVE Ourense-Santiago, en la que ocurrió el siniestro, ratificaron que Adif no pidió evaluar el riesgo de ese punto.
En su declaración del pasado julio, el principal imputado de la causa, Andrés Cortabitarte, que fue director de Seguridad en la Circulación de Adif, derivó las responsabilidades de ese análisis del riesgo de la curva de Angrois hacia Renfe y otros departamentos de Fomento. Eso hizo que fuese citado también como imputado su homólogo director de Seguridad en la Circulación de Renfe, Antonio Lanchares, que a su vez apuntó a subordinados suyos y devolvió en parte la pelota a Adif. Tras esas declaraciones, el pasado 1 de febrero el juez instructor citó como imputados a otros dos técnicos de Adif: Fernando Rebón Sartal, gerente del área de Seguridad en la Circulación para el Noroeste, y Fernando García Díez, jefe de inspección de esa misma gerencia, este último ya fallecido. También citó como testigos, a petición de varias de las partes presentes en la causa, a peritos y diversos técnicos de Renfe y de las empresas constructoras de la línea de AVE Ourense-Santiago en la que ocurrió el siniestro.
Tres de estos últimos, técnicos de la unión temporal de empresas (UTE) formada por Siemens y Thales, que ejecutó los sistemas de seguridad de la línea, declararon este martes. En su comparecencia dijeron, según varias fuentes presentes en la sala, que en el marco de su contrato Adif no les encargó evaluar el riesgo de exceso de velocidad en la curva de Angrois. Ratificaron así declaraciones similares realizadas en noviembre por técnicos de la empresa pública Ineco, supervisora independiente de las instalaciones de seguridad, que también habían asegurado que Adif les encargó supervisar la línea desde Ourense hasta sólo unos metros antes de la curva de Angrois, que ya era considerada, a efectos de seguridad, parte del enclavamiento técnico de la estación de Santiago. Sin embargo, tras aquellas declaraciones las víctimas del siniestro evidenciaron con documentos que Adif sabía que tenía que revisar también la curva y decidió no hacerlo.
Más allá del trabajo que se les encomendó a ellos, los testigos de este martes relataron cómo en ninguna de las reuniones que mantuvieron con Adif e Ineco se habló del riesgo de la curva de Angrois, por lo que consideraron que tampoco la supervisora independiente tenía ese encargo. Uno de ellos también señaló que en su trabajo no analizan curvas sino velocidades, lo que motivó una réplica del fiscal, que destacó, en línea con apreciaciones similares que ya ha venido realizando en declaraciones previas, que en el punto del accidente se producía una reducción notable de velocidad de 200 a 80 kilómetros por hora sin que estuviese activo ningún sistema de seguridad.
Los técnicos que declararon este martes también indicaron que su trabajo no tuvo en cuenta el factor humano como origen de riesgos, cuestión en la que hace hincapié la defensa del maquinista del Alvia, que se despistó y no frenó a tiempo antes de la curva sin que existiese ningún sistema automático que evitase o paliase ese riesgo previsible. Uno de los técnicos, cuya función era de índole económica, también apuntó que la decisión de modificar el proyecto original de la línea y que el sistema de control constante de la velocidad (ERTMS) finalizase varios kilómetros antes de la curva de Angrois supuso un ahorro de un 19%. Sin embargo, documentación previa existente en la causa indica que a pesar de que ese cambio supuso un ahorro, otros cambios derivados de él, y que según Adif se realizaron para evitar que los trenes tuviesen que cambiar de ancho de ejes en Santiago, supusieron un encarecimiento.
Este martes también declaró como testigo otra técnica de Thales que no participó en la línea Ourense-Santiago y cuya declaración fue solicitada por Adif. En su intervención, según varios de los presentes en la sala, explicó el funcionamiento de los diversos sistemas de seguridad, que en Angrois no estaban configurados para evitar el exceso de velocidad que se produjo. La testigo reconoció que si el ERTMS estuviese activo, aunque no estuviese instalado justo en la curva sino sólo hasta unos kilómetros antes, habría frenado el tren en ese punto si el maquinista no lo hacía. Sin embargo, el sistema había sido desconectado con la autorización del director de Seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte.
Con estas declaraciones, el foco de la instrucción vuelve hacia Adif, que fue quien encargó tanto los trabajos concretos que quería que ejecutasen las constructoras como el tipo de supervisión independiente de la línea que realizó Ineco. Tras las de esta semana, las próximas declaraciones de testigos, en este caso de otros dos técnicos de empresas constructoras de la línea y de dos cargos de Renfe, están previstas para el próximo lunes.
Las declaraciones de este martes, ante una docena de abogados de las partes desplazados en su mayoría desde Madrid, se produjeron a pesar de la huelga del personal de la Justicia que se viene registrando en toda Galicia desde hace más de un mes. La pasada semana, cuando estaba citado a declarar el nuevo técnico de Adif imputado, Fernando Rebón Sartal, su comparecencia no se produjo por no haber personal disponible. Sin embargo, este martes el juzgado sí contó con el personal necesario para poder tomar las declaraciones. Queda en el aire cuándo serán reubicadas las declaraciones que no se puedan realizar por la huelga en una instrucción judicial que se aproxima ya a los cinco años.
