La Xunta aprovecha el estado de alarma para acelerar la tramitación ambiental de proyectos contestados socialmente

La Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia ha declarado “esenciales” casi un millar de proyectos industriales cuyos expedientes ambientales había paralizado el decreto de alarma aprobado por el Gobierno central para adoptar medidas contra el coronavirus. La decisión de la Xunta supone que, desde el lunes -cuando se publicó en el Diario Oficial de Galicia-, se han reactivado las tramitaciones ambientales. El Ejecutivo gallego evita así las restricciones derivadas del estado de alarma, que había suspendido “los términos y los plazos para la tramitación de procedimientos del sector público”, excepto aquellos que sean “indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios”.

Entre los procesos afectados, se encuentran las declaraciones de impacto ambiental de algunas iniciativas muy contestadas socialmente, como los parques éolicos de Ordes (A Coruña) y Paradela (Lugo) -polémico por su proximidad al Camino de Santiago, Patrimonio de la Humanidad-, o la depuradora de Os Praceres (Pontevedra). Los colectivos vecinales de oposición tendrán ahora más difícil organizar su respuesta, debido a que las limitaciones del estado de alarma sí afectan a la movilidad de las personas o a la capacidad de convocar asambleas y manifestaciones públicas. Otros trámites se refieren a ampliaciones de granjas, plantas de valorización de residuos o compostaje, cambios de usos en parcelas forestales, construcción de establos, líneas de alta tensión, autorizaciones para aperturas comerciales y ordenaciones de uso en montes en mancomún.

El departamento gallego de Medio Ambiente asegura en la orden del Diario Oficial que “en materia de calidad ambiental y cambio climático es imprescindible que la tramitación de todos los procedimientos señalados no se vea afectada por la declaración del estado de alarma en la medida que la paralización de estos procedimientos perjudicaría el desarrollo del tejido industrial de Galicia y la protección del ambiente, con el objeto de preservar los recursos naturales y evitar cualquier impacto ambiental o sobre la salud de las personas”. En base a este razonamiento, todos estos proyectos estarían vinculados “a la protección del interés general”. Incluidos aquellos que han levantado una gran respuesta vecinal.

Es el caso de las instalaciones eólicas en la comarca de Ordes (A Coruña), próxima a Santiago de Compostela, en donde desde 2018 diversas compañías han solicitado licencias para instalar más de cien molinos en 14 parques distintos. El bautizado como Solpor es el que ahora está pendiente de tramitación ambiental. La plataforma Salvemos a Comarca de Ordes organiza una oposición social que ha recabado importantes apoyos institucionales. El último ha sido de la Deputación de A Coruña, cuyo pleno ha exigido la paralización de los proyectos “porque sus efectos negativos serían mayores que los postivos” debido, entre otras cuestiones, a la dispersión de los núcleos de población en la zona y a como estos se verían afectados por las instalaciones.

“Declaran que hay un interés general, pero nuestra lectura es totalmente contraria”, explica Jéssica Rei, de Salvemos a Comarca de Ordes, “no existe ninguna justificación para esta urgencia más que la fiebre eólica que estamos viviendo. Lo demuestra la carta que los empresarios remitieron a la Xunta para que reactivase los trámites. Y esta es la respuesta”. La plataforma de la que forma parte es una de las más de treinta entidades ecologistas gallegas que han suscrito el manifiesto Alerta Ambiental, que acusa al Gobierno gallego de “reactivar los procedimientos de proyectos de industrias de gran impacto ambiental cuando la participación ciudadana está limitada por el estado de alarma”.

Manifestaciones y asambleas limitadas

Mientras la Administración ha dado continuidad a los procesos interrumpidos aún cuando el estado de alarma durará por lo menos hasta el 11 de mayo -mañana el Congreso vota su extensión-, la ciudadanía tiene sus movimientos limitados. Las asociaciones ambientalistas promotoras del documento mencionado recuerdan la imposibilidad de convocar asambleas, actos informativos o de moverse con libertad por el territorio, métodos de trabajo habituales del ecologismo. “Lo que se traduce en que afrontar un informe de impacto ambiental de esos proyectos en colectivos vecinales y en condiciones para contrastar toda la información se vuelve imposible”, añaden. Fuentes de las mismas incluso hablan de la dificultad de recurrir la orden autonómica que ha reactivado los trámites medioambientales, para lo que hay plazo de un mes desde su publicación.

La Consellería de Medio Ambiente explica que “el levantamiento de la suspensión que pesaba sobre los trámites no tiene otro tipo de implicaciones, ni conlleva ninguna reducción de los mecanismos garantistas que rigen los procedimientos administrativos, ni se acortan los plazos para resolver, ni se prescinde de los controles o de los trámites de información y consulta pública previstos para estos casos”. El departamento que dirige Ángeles Vázquez recuerda que el registro administrativo físico “ya está funcionando en las siete grandes ciudades mediante cita previa”, además del telemático.