La Xunta saca a los mayores con coronavirus de la residencia de Celanova cinco días después de que se detectase el brote

Cinco días ha tardado la Xunta de Galicia en tomar una decisión respecto al caos que se vive en la residencia de mayores San Carlos, en Celanova. Alberto Núñez Feijóo ha anunciado este martes que traslada a los residentes con coronavirus a otro centro en la misma provincia. Se trata de 13 ancianos de un total de 54 a quienes cuidan cuatro trabajadoras. Otras 14 trabajadores también se han infectado, incluida la directora del centro.

Feijóo ha desviado la responsabilidad sobre la tardanza en la toma de decisiones, ha hecho referencia a que el de Celanova es un centro privado y ha culpado al Gobierno central de la falta de material para tratar a los residentes. El pasado domingo, el Ejecutivo gallego pidió la intervención del ejército, cuya Unidad Militar de Emergencia (UME) acudió al centro para realizar labores de desinfección. Desde entonces, Feijóo se ha limitado a la crítica. Mientras, la Fiscalía ha abierto un expediente informativo para conocer la situación de las residencias bajo tutela de la Xunta, entre ellas la San Carlos de Celanova, asolada por el coronavirus y bajo mínimos asistenciales. “Quiere saber si el Estado ha aportado el material necesario”, afirmó este martes ante los medios de comunicación.

El presidente de la Xunta ha anunciado que usará otras residencias como lugar para acoger a los ancianos de las residencias en donde se han registrado los focos de contagio. En Baños de Molgas (Ourense), Feijóo asegura disponer de una “residencia integrada” en un edificio ahora vacío propiedad de la Fundación San Rosendo. En ella el Gobierno gallego acogerá a usuarios infectados de centros de mayores de las provincias de Pontevedra y Ourense. Se habilitará otro espacio similar en Santiago de Compostela, la residencia pública Porta do Camiño, cuyos residentes actuales serán derivados a un hotel en Teo.

Según Feijóo todas las residencias privadas pasan a ser ahora “residencias tuteladas” por el Gobierno gallego, una competencia de control que ya residía en la Comunidad Autónoma. El jefe del Ejecutivo gallego repartió culpas entre los empresarios y patronos -algunas trabajan en régimen de fundación- que gestionan estos centros, como si no fuese con el Gobierno autónomo. Para ellos, el siguiente mensaje del presidente de la Xunta: “Su responsabilidad es conseguir el personal que necesitan, comprar el material preciso, y el mantenimiento, organización y protocolo en tiempos de pandemia”.

Cuatro trabajadoras claman por ayuda

Mientras las cuatro trabajadoras que mantenían el funcionamiento mínimo de la residencia de Celanova clamaban por ayuda y su dirección buscaba personal por todas las vías, la Xunta echaba balones fuera. Según la versión de Política Social, ellos había solicitado a la UME “medidas preventivas, sanitarias y de aislamiento”. Los militares llegaron a Celanova (Ourense) y desifectaron el centro. Ni siquiera de manera completa, dado que los 54 usuarios seguían en él, también los enfermos.

“Lamentamos que las instrucciones que recibió la UME por parte del Gobierno central fuese únicamente la desinfección del centro”, dijo el departamento de la Xunta ayer a última hora de la tarde. Todas las intervenciones que está realizando la unidad militar por toda España se dedican a labores de desinfección. “En lugar de la garantía de las medidas preventivas, sanitarias y de aislamiento que el propio gobierno central comunicara”, añadía Política Social. Feijóo explicó que, desde que la UME acudió a Celanova, trató de saber “de quien era la competencia”.

Sobre competencias

El caso es que las competencias sobre las residencias de mayores, públicas o privadas, eran, antes de de la declaración del estado de alarma, de la Xunta. Y así lo reforzaba la orden ministerial de Sanidad publicada en el Boletín Oficial del Estado el 19 de marzo en su punto cuarto referido al personal, que tanto reclaman en San Carlos: “La autoridad sanitaria de la comunidad autónoma podrá modificar la prestación de servicios del personal médico, de enfermería u otro tipo de personal sanitario vinculado con las residencias de mayores y otros centros sociosanitarios, con independencia de su titularidad pública o privada, así como la correspondiente a ese tipo de personal vinculado con atención primaria o atención hospitalaria o especializada extrahospitalaria, en su caso, para adaptarlos a las necesidades de atención en las residencias de mayores y otros centros sociosanitarios”.

La orden también establecía unos protocolos estrictos respecto a los posibles casos de residentes con coronavirus, que debían ser aislados del resto de usuarios. La norma establece en su punto séptimo que “corresponde a las autoridades sanitarias competentes de cada comunidad autónoma dictar las resoluciones, disposiciones e instrucciones interpretativas que, en la esfera específica de su actuación, sean necesarias para garantizar la eficacia de lo dispuesto en esta orden”.

El Boletín Oficial del Estado de esta mañana ampliaba el mencionado texto con la orden 275/2020. Su apartado cinco se refiere a la “concurrencia de medidas excepcionales” y menciona una concreta que se ajusta a lo sucedido en Celanova: la “imposibilidad, ausencia de medios personales, materiales, circunstancias físicas o de otra índole para cumplir con lo indicado en la orden” del 19 de marzo deberá “comunicarlo de inmediato a las Consejerías de Servicios Sociales y de Sanidad así como a la Delegación o Subdelegación del Gobierno a fin de recabar el auxilo urgente disponible”.