La Asamblea Republicana de Vigo se querella contra la fiscal general y la acusa de permitir la regularización fiscal del rey emérito

La Asociación Republicana de Vigo quiere que el Tribunal Supremo aclare si la fiscal general del Estado prevaricó para permitir que el rey emérito sortease a la justicia regularizando su situación fiscal con Hacienda para conseguir una excusa absolutoria en el ámbito penal. El economista, abogado, auditor y técnico de Hacienda en excedencia, Antón Beiras, firma la querella en nombre de la entidad republicana. La iniciativa legal se dirige también contra el director de la Agencia Tributaria, Juan Gascón. A Ambos se les acusa de delitos de prevaricación y omisión de persecución de los delitos.

En una entrevista publicada por elDiario.es a principios de marzo, Beiras explicaba que “es absolutamente falso que la Agencia Tributaria esté atada de pies y manos” por su papel de auxilio judicial en este caso. “La Agencia Tributaria ha cometido posiblemente un delito de prevaricación por omisión. Y en el caso de que todos estos meses llevase negociando la regularización del Rey con sus abogados, sería un delito de prevaricación por omisión en concurso real con otro de negociaciones prohibidas”, aseguraba.

En resumen, la querella señala que el rey emérito se benefició de una negociación encubierta por medio de la cual se le recomendó aflorar su dinero negro para evitar la acción de la justicia. Por todo ello, la Asociación Republicana de Vigo, solicita que se llame a declarar a la actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y al jefe de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón. Asimismo, reclaman derecho a interrogar al abogado de Juan Carlos I, Javier Sánchez-Junco y solicitan que se aclare si el emérito ya ha sido notificado por Hacienda como investigado o si, por el contrario, su caso sigue guardado en un cajón.

El principal impulsor de la querella, Antón Beiras, concluye: “La Fiscalía lleva trece meses investigando al rey por tres causas distintas y no le ha notificado que está siendo investigado. La Agencia Tributaria ha estado investigando al rey desde hace también un año y en lugar de hacer como con cualquier ciudadano, presentar denuncia al Ministerio Fiscal, ha hecho informes. Como si fueran el Consejo Superior de Investigaciones Científicas o un órgano consultivo del Estado. El Consejo del Estado hace informes; la Agencia Tributaria, no. Tiene que formular denuncias, y no lo ha hecho. Como consecuencia de todo ello, le han regalado a su majestad el rey el privilegio de regularizar y tener una excusa absolutoria en el ámbito penal, e incluso sancionador administrativo”.