El alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, anunció el pasado martes que el Ayuntamiento pagará 35,2 millones de euros para liquidar la concesión del Auditorio Mar de Vigo tras la quiebra de su adjudicataria, un rescate que se produce doce años después de la adjudicación de un contrato para la construcción y gestión del inmueble al que las arcas autonómicas y municipales ya habían destinado otros 35 millones de euros. El regidor presentó la operación como “magnífica” asegurando que espera recuperar parte del dinero con nuevas concesiones y dice que la resolución del contrato es un “tema cerrado maravillosamente para la ciudad” pues así Vigo gana “un nuevo espacio público”.
El Auditorio Mar de Vigo, en primera línea del puerto pesquero de la ciudad, es un proyecto que se comenzó a diseñar a finales del pasado siglo con el objetivo de ser un polo de atracción para la recuperación urbanística de esa zona degradada, en la que hoy sigue siendo la única actuación concretada. En su tramitación se vieron implicados en las dos últimas décadas los sucesivos gobiernos locales y autonómicos formados por PP, PSdeG y BNG. Los terrenos en los que se levanta eran propiedad portuaria y su cesión fue la aportación que correspondió en su momento al Gobierno central.
La construcción del auditorio se concretó a través de una concesión por la que la Xunta puso 18 millones de euros, el Ayuntamiento 12 y los 60 millones restantes, hasta los 90 en que se valoró el complejo, debían ser aportados por una empresa privada que construyese el edificio y lo gestionase durante 35 años. Avalado por la Xunta de PSdeG y BNG de aquel momento, el concurso lo adjudicó en 2006 el Ayuntamiento entonces gobernado por la popular Corina Porro a una unión de empresas formada por Sacyr y la todopoderosa caja de ahorros local, Caixanova, que ofrecieron rebajar en 5 millones el precio de partida. Pero el proyecto aún sufriría varios cambios hasta que el edificio fue inaugurado en 2011, ya con el socialista Abel Caballero en la alcaldía.
Al poco tiempo de adjudicarse el contrato la concesionaria ya comenzó a advertir de que sus condiciones y el insuficiente contenido del edificio que no atraía público suficiente le estaban causando pérdidas, y un año después de la apertura el Ayuntamiento decidía inyectarle otros 5 millones de euros públicos y prorrogarle la concesión de los 35 años previstos inicialmente a 60 para que así le resultase más fácil recuperar la inversión. Diversas medidas de apoyo de las administraciones para dar contenido al auditorio y otros espacios anexos y ayudar a llenar así también el hotel que incluye el complejo no fueron suficientes y la concesionaria acabó quebrando y solicitando una liquidación del contrato por 74,5 millones de euros, según indica el Ayuntamiento, que se enorgullece ahora de reducir esa cifra a la mitad, a los citados 35,2 millones.
El alcalde destacó que el coste neto de la operación será menor para el Ayuntamiento pues, una vez recuperada la propiedad de todo el complejo, ahora prevé vender alguna de sus partes como el hotel, o bajos comerciales que suman 4.000 metros cuadrados. El gobierno local también destaca que al asumir la propiedad del auditorio dejará de gastar los 600.000 euros anuales que le costaba alquilar espacios del mismo en los que opera la sede viguesa de la UNED y una biblioteca municipal, allí instalados para intentar atraer más público al complejo y así mejorar las cuentas de la concesionaria. Por otra parte, el Ayuntamiento dice que el resto de partes del complejo, como el aparcamiento subterráneo o el restaurante, supondrán ingresos para las arcas municipales a través de nuevas concesiones parciales o de su gestión directa. Por el contrario, el PP local critica que la concesión fracasó porque Caballero modificó sus condiciones iniciales reduciendo el tamaño del recinto.